Con dinero de Petróleos Mexicanos (Pemex) se pagaron, en los últimos años, liposucciones para la esposa del director de ese consorcio estatal, la campaña de un candidato presidencial, contratos con firmas encauzadas judicialmente y caprichos de una dirigencia sindical no obligada a dar cuenta de sus gastos.
Pemex "es una olla de grillos. Si haces algo bien, te persiguen, si callas alguna irregularidad, te premian, y si participas de la corrupción, ganas", declaró un trabajador de la empresa a IPS.
"No digo que todo es así, también hay gente honesta", acotó. El empleado, del que se omite su nombre por razones de seguridad, relató que tras cambiar algunos componentes desgastados de una válvula de gas, un grupo de auditores internos cuestionaron su labor pues encontraron "demasiadas" piezas extranjeras, así que le ordenaron volver a colocar las anteriores.
Su jefe inmediato protestó por el cambio. Según el entrevistado, eso motivó que se iniciara una investigación en su contra por posible favoritismo hacia un proveedor privado.
A sus 70 años de vida, Pemex, la empresa más grande de América Latina con 154.761 empleados, 125.523 de los cuales están sindicalizados, atraviesa una profunda crisis financiera y de falta de tecnología. Además, México tiene un horizonte de reservas probadas de crudo de apenas nueve años.
Miles de millones de dólares se pierden por la corrupción que, de acuerdo a observadores, está anclada en esquemas de administración engorrosos y opacos, así como en intereses políticos y económicos de diverso signo.
El gobierno de Felipe Calderón propuso en abril una reforma legal de la empresa que incluye modificar los órganos de control interno y vigilancia, pero que ha recibido críticas de la oposición por considerarla "privatizadora".
Entre las objeciones a la iniciativa, la entidad no gubernamental Fundar – Centro de Análisis e Investigación, afirma que "fomenta la opacidad y la corrupción".
"La propuesta abre una serie de posibilidades jurídicas de coparticipación con particulares en un amplio rango de actividades de la industria sin la creación paralela de mecanismos precisos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas", así como una "excesiva discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la conducción de Pemex" afirma Fundar, dedicada a promover la participación ciudadana y el Estado de derecho.
Lo legisladores acordaron un amplio debate, entre el 13 de mayo y el 22 de julio, sobre la reforma de Pemex, considerada por la mayoría de los mexicanos emblema de nacionalismo y soberanía.
Pero, ¿cuánto pesa la corrupción en los problemas actuales de la empresa? Nadie lo sabe con exactitud. Documentos de la Auditoría Superior de la Federación entregados a IPS indican que tan sólo en 2006, último año con información disponible y obtenida de forma aleatoria, se detectaron 157 millones de dólares de gastos en exploración y pagos de servicios que no contaban con las justificaciones respectivas y que hasta la fecha no han sido aclarados.
Legisladores del opositor Frente Amplio Progresista, que reúne a los partidos de izquierda, reclaman una "comisión de la verdad" que investigue y sistematice los casos y las causas de la corrupción en Pemex antes de aprobar cualquier reforma.
"Persiste la percepción de opacidad, corrupción e ineficiencia en Pemex, empresa que es botín de políticos y de contratistas. Es una sociedad secreta, que opera lejos de un verdadero escrutinio de la sociedad y que genera grandes cantidades de dinero que se reparte a discreción del sistema político", sostiene el analista petrolero David Shields.
El politólogo Aroldo Romero describe que para hacer cualquier movimiento financiero, contrato o hasta comprar pequeñas herramientas, Pemex debe cumplir largos trámites burocráticos en los que la última palabra casi siempre la tiene la Secretaría (ministerio) de Hacienda.
"Son muchos pasos y en varios hay personas que aprendieron a sacarle un provecho económico", dijo Romero a IPS.
El proyecto presentado por Calderón propone incluir expertos independientes sin conflictos de intereses con el sector energético en el Consejo de Administración de Pemex, que ahora lo integran el gobierno y delegados del sindicato de trabajadores de la empresa. También crea un comité de auditoría y transparencia.
Según el gobierno, las propuestas, que expertos en temas petroleros consideran urgente discutir por el escaso horizonte de reservas y la creciente importación de combustibles —40 por ciento del consumo nacional—, apuntan a dar a la empresa autonomía de gestión.
Según Fundar, la iniciativa va en sentido contrario, pues el Poder "Ejecutivo será el encargado de designar a los cuatro nuevos miembros que se incorporarán al Consejo de Administración de Pemex, además de un comisario, bajo la aparente premisa de que es el presidente el garante de la adecuada vigilancia", afirma.
Además, "el Consejo de Administración será presidido por el titular de la Secretaría de Energía, parte del Ejecutivo Federal", indica Fundar.
El proyecto pretende dotar a Pemex de flexibilidad para negociar contratos con particulares y realizar todo tipo de compras.
El gobierno no propone, en cambio, modificar la Constitución, que establece que el petróleo es un bien de propiedad exclusiva de los mexicanos y cuyo usufructo no puede compartirse con particulares.
Los cambios serían en normas secundarias para que Pemex esté en condiciones de establecer contratos flexibles con particulares. A cambio, éstos recibirían pagos de acuerdo a su desempeño y no con dinero proveniente de la extracción y venta de crudo.
La propuesta precisa que en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados podrán participar empresas privadas nacionales o extranjeras a través de un régimen de permisos administrativos.
La izquierda mira con suspicacia tales iniciativas, pues considera que se busca una privatización disfrazada y que alentará la corrupción.
Además, la oposición izquierdista ve una mala señal en la permanencia en el cargo del secretario de Gobernación (ministro del Interior), Juan Camilo Mouriño, acusado de varias irregularidades vinculadas al sector petrolero.
Entre 2000 y 2004, Mouriño firmó siete contratos con Pemex, por valor de unos cuatro millones de dólares, como apoderado de las empresas de su familia dedicadas al transporte y venta de combustibles, mientras era diputado, presidente de la Comisión de Energía de la cámara baja, y luego asesor de la Secretaría de Energía.
Investigaciones periodísticas y denuncias políticas afirman además que, una vez llegado al Poder Ejecutivo, Mouriño dispuso nombramientos de personas vinculadas al grupo empresarial familiar en algunos puestos clave.
Las investigaciones sobre el caso prosiguen, pero el funcionario se mantiene en su cargo.
Según Luis Rubio, presidente del no gubernamental Centro de Investigación para el Desarrollo, la reforma de Calderón tiene puntos positivos como liberar a Pemex "del régimen de control que, a través de la legislación en materia de obra pública y de funcionarios públicos, garantiza que todo esté siempre paralizado sin detener la corrupción".
En julio del año pasado, el director de Pemex durante parte del gobierno de Vicente Fox (2000-2006), Raúl Muñoz, fue castigado con una multa de unos 80 millones de dólares e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 años por haber firmado un acuerdo con el sindicato petrolero por más de 170 millones de dólares, una suma cuyo destino la dirigencia sindical no está obligada a informar.
Muñoz, además, había pagado con fondos de Pemex 12.500 dólares por dos liposucciones que se practicó su esposa.
Investigaciones, libros y denuncias señalan que los sindicalistas, utilizados en ocasiones como aliados por los últimos gobiernos, obtienen fondos extraordinarios que se destinan a fines como construcción de campos deportivos de lujo, casas de descanso, pasajes de avión en primera clase y otros privilegios.
Adrián Lajous renunció en 1999 a la dirección de Pemex tras discrepar públicamente con el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) por el mantenimiento del régimen fiscal que obliga a la empresa a entregar la mayoría de sus ganancias al Estado.
A Lajous, que tuvo fuerte roces con el sindicato, le siguió Rogelio Montemayor, ex senador y ex gobernador del estado de Coahuila (1993-1999) por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde 1929 a 2000.
Montemayor enfrenta hasta hoy un inconcluso proceso judicial, acusado de haber entregado de forma irregular más de 141 millones de dólares al sindicato de Pemex, dinero que fue a parar a las arcas del PRI para financiar parte de la campaña del ex candidato Francisco Labastida, derrotado por Fox.
La fama de corrupción de la petrolera es tal que, a fines de 2007, un grupo de delincuentes lograron vender con facilidad a unas 200 personas fichas que supuestamente les garantizaban pasar a formar parte de la plantilla laboral de la empresa.
Uno de los defraudados, que pagó unos 6.000 dólares por la ficha, dijo a IPS que "con lo que se oye y ve de Pemex", la venta de plazas no le había parecido algo descabellado.
En noviembre de 2007, 24 personas murieron cuando una plataforma petrolera en el golfo de México chocó contra las válvulas de un pozo. Los fallecidos habían abordado unos pequeños botes de emergencia para dejar la plataforma, pero éstos se despedazaron en el mar embravecido. Ahora se sospecha que los botes habían sido adquiridos de forma irregular.
En septiembre, la empresa estadounidense de programas informáticos Paradigm BV, especializada en exploración petrolera, reconoció haber sobornado a un funcionario de Pemex para obtener contratos en 2004 y 2005. La revelación se hizo luego de que la compañía extranjera acordara con la justicia de su país pagar un millón de dólares en multas por incurrir en esas prácticas.
En marzo de 2007, una investigación independiente puso al descubierto que Pemex había contratado para perforaciones y labores de mantenimiento a las empresas Ámbar Mexicana y Global Drilling Fluids de México, cuyos accionistas tenían antecedentes por falsificación de documentos, habían sido imputados por defraudación fiscal, inhabilitados en sus empresas e incluso uno de ellos había estado preso.
A pesar de ese historial, en el gobierno de Fox, Pemex otorgó a ambas empresas contratos por cerca de 170 millones de dólares.
