El día después del referendo en el oriental departamento boliviano de Santa Cruz, donde el estatuto autonómico logra 85 por ciento de apoyo según encuestas en boca de urna, cobra mayor vigor el reto al gobierno de Evo Morales para que cambie su plan de reforma institucional.
Al final de una jornada violenta por la resistencia al modelo de autonomía de parte de sectores afines a Morales e inmigrantes de zonas occidentales del país, las dos expresiones anticipan un largo período de incertidumbre por la ratificación de posiciones irreconciliables.
El prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció el comienzo de "una reforma estructural de mayor trascendencia", mientras el presidente izquierdista Morales observa en las manifestaciones de oposición local el "nacimiento de la gran rebelión contra los grupos que siempre usaron las prebendas y los recursos económicos del Estado".
Así, Morales elige el camino que lo aleja mucho más del movimiento autonomista liderado por empresarios y políticos derechistas experimentados en la administración del Estado, por haber estado varias décadas en el gobierno nacional.
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Esa postura contradice de algún modo el plan original del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que preveía un decidido respaldo a las autonomías, como sus propios colaboradores lo recuerdan.
"En mucho menos tiempo de lo imaginado Bolivia será autónoma y concluirá con en una nueva república", sentenció el prefecto del meridional departamento de Tarija, Mario Cossío, en respuesta a una consulta de IPS.
Los departamentos de Beni, Pando y Tarija, que conforman con Santa Cruz la llamada media luna oriental boliviana, también consultarán al electorado el contenido de estatutos autonómicos, pero que difieren sustancialmente del votado en la víspera.
La ciudadanía de Beni y Pando está convocada a las urnas para ese fin el 1 de junio y la de Tarija el 22 de ese mismo mes.
El 2 de julio del año 2006, en estos cuatro de los nueve departamentos en que se divide Bolivia fueron aprobados en las urnas proyectos de impulso a la autonomía y el mandato a sus delegados en la Asamblea Constituyente para incluirla en la nueva ley fundamental.
Sin embargo, la creación de otras categorías de autonomía para las regiones, indígenas y gobiernos municipales, a propuesta de los delegados afines al gobierno de Morales, provocó la ruptura de los movimientos autonómicos orientales con el gobierno nacional.
"El 'masismo' ha fracasado. Iniciamos un camino hacia la nueva república y moderno estado que se forjará en los cuatro departamentos autónomos hasta convertirse en el estado más descentralizado de América Latina", expresó Costas.
Fortalecido por el voto ciudadano, el respaldo que esperaba para consolidar su discurso con legitimidad, Costas convirtió a la prefectura en "gobierno departamental pleno", una señal que anticipa la aplicación del estatuto que otorga poder a su autoridad sobre la tierra, recursos naturales, régimen impositivo y creación de una fuerza policial propia.
Aupado al triunfo del domingo, pero rodeado de conflictos, Costas habló de "lograr acuerdos" mediante un pacto dirigido a crear certidumbre y seguridad jurídica.
Por su parte, Morales invitó a los cuatro prefectos a dialogar para la construcción de autonomías, bajo el manto del proyecto de la nueva Constitución, aprobado por mayoría simple en la Asamblea y que debe ser confirmado en un referendo, pero rechazado de plano por los departamentos orientales opositores al gobierno nacional.
Esa diferencia entre una corriente que crece alentada por grupos económicamente fuertes, puede terminar aislando a un gobierno que no adquiere sintonía con el avance de las autonomías, expresó a IPS el ex viceministro de Participación Popular y actual secretario de Planificación de la Prefectura de Tarija, Rubén Ardaya.
Añadió que el proceso autonómico es un paso intermedio hacia un estado federal, y advierte que el bloqueo del gobierno puede obligar al salto hacia una federalización. "No están dadas las condiciones, pero pueden obligar a dar ese paso", advirtió en conversación con IPS.
Por el momento, Ardaya sostiene que la unidad nacional se construirá en base a las diferencias de potencial económico de cada departamento, pero demanda del poder central un papel de conductor y regulador.
Desde el punto de vista del ex funcionario del gobierno derechista de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003), hoy comienza una nueva historia con la ruptura de un esquema de administración instaurado por la colonia española y destaca la democratización del "poder intermedio" que otorga a la ciudadanía mayor responsabilidad en la definición de su futuro.
El alcalde la sureña ciudad de Potosí, René Joaquino, izquierdista y seguidor de las ideas del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, entiende que aparece un nuevo escenario político en el país, donde se destaca el triunfo de una región (Santa Cruz), y anticipa que la experiencia se repetirá en otros departamentos.
Joaquino sugiere construir el país a través de las regiones, en una relación armónica con el poder central, y asegura que los líderes locales estarán amparados por la voluntad popular.
Alcalde con alto respaldo popular en la ciudad minera en desarrollo por las buenas cotizaciones del estaño, este dirigente comienza a ganar apoyo en Santa Cruz de la Sierra y entre líderes autonomistas de la región, al punto de que analistas lo ubican como un serio aspirante a la presidencia de Bolivia.
En ese camino de coincidencias, el prefecto del departamento de Pando, el derechista Leopoldo Fernández, también llamó al gobierno a dialogar con el propósito de diseñar un "nuevo modelo de estado", según expresó a IPS.
Debe constituirse un verdadero "pacto social", señaló, a manera de rechazo a la revolución democrática y cultural propuesta por el presidente Morales, a quien convoca a compatibilizar las dos visiones políticas.
El ex prefecto cruceño Carlos Hugo Molina (2003-2007) comentó al finalizar la jornada del referendo que se está "en un proceso técnico de construcción del federalismo".
Un nuevo ordenamiento de las regiones, que representan un desafío al proyecto de constitución política del Estado impulsado por el oficialismo, dijo Molina.
