«Soy viuda. A mi esposo se lo llevó el ejército», dijo Celestina Otzoy, una indígena madre de cinco hijos cuando su pareja desapareció en 1982 en San Juan de Comalapa, región central de Guatemala, durante el conflicto armado (1960-1996).
Se trata del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas de la guerra, instituido por decreto.
En 1996, con los Acuerdos de Paz Firme y Duradera concluyeron 36 años de guerra entre la insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Estado, que dejó unas 200.000 víctimas, en su mayoría indígenas, con el ejército como responsable de más de 90 por ciento de los crímenes, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
"Solicitamos al presidente que se institucionalice el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) para un mejor aprovechamiento de los recursos destinados a las víctimas", dijo a IPS Raúl Nágera, de la Comisión Política de la Unión Nacional de Comunidades por los Derechos Humanos Integrales (Unacodi).
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El PNR se creó en abril de 2003, con un presupuesto de 300 millones de quetzales anuales (unos 40 millones de dólares) y concebido como un conjunto de políticas, proyectos y acciones para indemnizar y dignificar a quienes más sufrieron el conflicto armado, tal como recomendó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Pero como no existe un registro nacional de víctimas, se desconoce el número real de personas afectadas por la guerra y por lo tanto no se puede precisar la cantidad necesaria para indemnizarlas.
Además, debido a que el presupuesto destinado al PNR ha sido hasta ahora administrado por otras instituciones, no se ejecuta en su totalidad y "no se ha cumplido el resarcimiento a las víctimas", criticó Nágera.
"Hay más de 35.000 expedientes ingresados en la base de datos del PNR y exigimos que las personas sean resarcidas de la manera más pronta", exhortó.
En un comunicado, Unacodi solicitó este lunes al presidente Álvaro Colom, investido el 14 de enero, que "atienda nuestro derecho a la verdad, justicia y resarcimiento integral por las violaciones de los derechos humanos que contempla el programa: tortura física y psicológica, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y violación sexual".
En una ceremonia en el Palacio Nacional de la Cultura, Colom ordenó al secretario de la Paz y de Derechos Humanos, Orlando Blanco, formar un equipo para abrir los archivos del ejército.
Colom reconoció que el Estado cometió atrocidades y consideró que lo mejor es trasladar los archivos militares a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
"Hoy quiero hacer un compromiso con Guatemala, pero especialmente con las víctimas" del conflicto, afirmó. "Ahora hay un gobierno que tiene un presidente que no va a esconder nada", agregó Colom.
La Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos la decisión de desclasificar o no documentos de operaciones militares efectuadas entre 1982 y 1983, comandadas por el entonces dictador Efraín Ríos Montt, que contienen información vinculada a denuncias de genocidio.
La defensa de Ríos Montt argumenta que un documento considerado secreto de Estado sólo puede ser desclasificado después de 30 años o por decisión de la misma autoridad que lo clasifica, en este caso el Ministerio de Defensa.
El artículo 30 de la Constitución establece que todos los actos administrativos y expedientes son públicos salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional.
La Audiencia Nacional de España emitió el 7 de julio de 2006 una orden internacional de captura con fines de extradición a ese país contra el hoy diputado Ríos Montt y otros funcionarios de su gobierno acusados por la dirigente indígena Rigoberta Menchú, laureada en 1992 con el premio Nobel de la Paz.
Según el auto del tribunal español, 93 por ciento de los crímenes fueron cometidos por agentes del Estado, 430 aldeas fueron borradas del mapa y hubo 667 masacres.
Ochenta y tres por ciento de las víctimas, muchas de ellas torturadas, pertenecían a la etnia originaria maya y 17 por ciento eran ladinos (mestizos). Cerca de 1,5 millones de personas tuvieron que huir de sus hogares, más de 45.000 siguen desaparecidas y 150.000 buscaron refugio en México.
Luis Méndez, del colectivo Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos), dijo a IPS que "todavía hay un manto de impunidad" alrededor del conflicto armado y expresó su preocupación porque "las nuevas autoridades no reconozcan al ejército como único responsable de los crímenes".
El sábado, la organización Hijos convocó a una condena póstuma del ex jefe de la disuelta Policía Nacional, Germán Chupina Barahona, fallecido el 17 de este mes y procesado por la justicia española por crímenes de genocidio, torturas, terrorismo de Estado y detenciones ilegales.
Según Méndez, cuya tía desapareció el 8 de marzo de 1984, el Programa Nacional de Resarcimiento "no ha cumplido" y tiene grandes errores como el "no reconocer la figura del desaparecido, que es un muerto presunto" y, en el caso de las violaciones sexuales, se solicita que "se compruebe que las hubo, no bastando el testimonio de las mujeres".
Hasta ahora no ha habido "ningún esfuerzo por parte del Estado" para atender a la niñez afectada, cuando hubo más de mil infantes desaparecidos en la guerra, opinó.
En su opinión, no sólo es preciso el resarcimiento económico. Una ofensa a las víctimas son los desfiles militares que se siguen organizando y que demuestran "que no hay voluntad del Estado".
"Se impulsarán acciones para caminar hacia la solución de los problemas pasados", prometió este lunes el secretario Blanco al hablar en el acto del Palacio Nacional.
Blanco consideró "impostergable el resarcimiento real a las víctimas y reconocer la responsabilidad del gobierno y de las fuerzas del Estado en los ataques contra la población indígena".
El alto funcionario aseguró que su gobierno priorizará las medidas de compensación de forma integral, incluyendo desde la reparación de viviendas y ayuda psico-social al resarcimiento cultural y la dignificación, y anunció la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Detenidos y Desaparecidos.
"El ejército nos sacó de nuestras tierras. Perdí animales y cultivos. Estuve siete años refugiado en México y cuando regresé otros ocupaban mi lugar", dijo a IPS Fidelio Ahilán, de Escuintla, en el sur de Guatemala.
En memoria de las víctimas, en todas las escuelas del país se guardó este lunes un minuto de silencio.
