Graves deficiencias en la calidad de las losas de cemento de la red vial del sistema de transporte público Transmilenio, de la capital colombiana, motivaron el embargo de bienes de la filial de este país de la firma multinacional cementera de origen mexicano Cemex.
La decisión, tomada por un tribunal, fue considerada por el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, como "una garantía para la ciudad, que no tendrá que seguir pagando del erario los daños en las losas".
El costo de las reparaciones, entre diciembre de 2000 y el mismo mes de 2007, fue de casi 8,3 millones de dólares, informó el gubernamental Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad que hace una década estuvo a cargo de la contratación de la red vial del sistema Transmilenio.
Los problemas se presentaron en la vía que atraviesa la ciudad de sur a norte, que tiene 24.753 losas de cemento. En un primer tramo, conocido como avenida Caracas, se ha reparado 5,1 por ciento del total, que se suma a ocho por ciento del segundo tramo, o Autopista Norte.
La estatal Contraloría Distrital ya había informado al IDU sobre los defectos en 1999, aunque no se tomaron acciones correctivas.
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En diciembre de 2000 el sistema de transporte fue inaugurado, pocos días antes del fin del mandato del alcalde Enrique Peñalosa.
Las denuncias continuaron. En 2002, un estudio de la estatal Universidad Nacional de Colombia determinó que "las lozas colapsaron debido a fallas en el relleno fluido (mezcla de cemento, arena y agua) con el que fueron elaboradas".
A fines de ese año, el IDU adjudicó el problema a la falta de un drenaje, cuyo costo ascendía a 750.000 dólares.
El organismo argumentó que la asociación de empresarios del sector cementero y la multinacional Cemex habían asegurado que las bondades del relleno fluido estaban garantizadas y las losas tenían una vida calculada en 20 años.
"Se considera el material del futuro, lo último en tecnología para bases y sub-bases, y no es erosionable porque no se degrada en presencia de agua", señaló un comunicado del IDU difundido en ese momento.
La Contraloría Distrital continúo en 2004 en su empeño de identificar responsables, presentando una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del central departamento de Cundinamarca, que incluye a la capital.
En 2006 comenzó un proceso "por solicitud de un actor popular, que instauró la acusación en nombre de la ciudadanía en general", dijo a IPS el secretario del juzgado 33, Oswaldo Cubillos.
En septiembre de 2006, la Fiscalía 3 Anticorrupción emitió una resolución acusatoria, admitida por el Tribunal Superior de Bogotá en diciembre de ese año.
Poco después fueron llevados a juicio el director del IDU al momento de la contratación, Andrés Camargo, otros dos ex funcionarios de ese organismo y otras cuatro personas. Todos fueron acusados de "presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, y peculado culposo".
A mediados de 2007, la causa judicial llegó al Juzgado 33 del circuito penal de Bogotá, que el lunes determinó el embargo a Cemex "como medida cautelar", dijo Cubillos.
"Como tercero civilmente responsable (se señala a) las empresas: Cemex Colombia SA, ACE Seguros y concretos Argos SA", según el documento entregado a IPS por el juzgado.
"Dada su etapa de juicio, sin sanción aún, es imprescindible evitar cualquier declaración que pueda ser catalogada como prejuzgamiento", señaló Cubillos.
Cemex Colombia manifestó en un comunicado que "acata esta decisión y ratifica su respeto a los procesos judiciales y su compromiso de continuar prestando el apoyo y la colaboración a los mismos en todo lo necesario".
La empresa ratificó la posición asumida desde un principio, destacando que actuó "exclusivamente como proveedor de materias primas, entregadas a la firma constructora y recibidas a plena satisfacción".
"Cemex no actuó como asesor del IDU en la ejecución de esta obra. Esa función estuvo a cargo de los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, de la firma constructora y del interventor de la obra", agregó el comunicado.
Pero Cemex enfrenta otros cuestionamientos.
Los habitantes de las marginales Ciudad Bolívar y Soacha, en el extremo sur oriental de Bogotá, se quejan por la invasión de terrenos, el polvo de las minas que genera enfermedades, y persecución por presuntos grupos paramilitares, entre otras denuncias.
"Transmilenio y por lo menos 70 por ciento de la ciudad están hechos con materiales que extraen a bajo precio, a costa nuestra", dijo a IPS un habitante de Ciudad Bolívar, entrevistado por IPS en noviembre para un artículo sobre los problemas de esos barrios marginales.
Ahora, la misma fuente, que reiteró el pedido de no revelar su identidad, comentó que la decisión del tribunal "puede ser para algunos una luz de esperanza, hacia la búsqueda de justicia tras años de agresión a la comunidad que habita en inmediaciones del Parque Industrial y Minero donde está la cementera".
"Sin embargo", agregó, "la medida no ha trascendido en la comunidad. No tiene una injerencia directa ni inmediata en el común de las personas. Ojalá haya pronto determinaciones que protejan el ambiente, la salud y el bienestar de los habitantes".
El Parque Industrial y Minero alberga, además de Cemex, a la compañía suiza Holcim, la colombiana Argos, Indumil (Industria Militar del Ejército) y la ladrillera Santafé, de propiedad de la familia del ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002), según el sindicalista del sector minero Francisco Ramírez.
