Campesinos del norteño departamento salvadoreño de Cabañas temen que la explotación minera que podría instalarse en la zona consuma 30.000 litros diarios de agua, proveniente de las mismas fuentes que proveen a los pobladores sólo una vez a la semana.
Ambientalistas y expertos advierten además sobre el peligro de que el cianuro que la empresa minera canadiense Pacific Rim utilizaría para extraer oro y plata contamine los mantos acuíferos y tierras de la zona, si efectivamente inicia la explotación que sólo aguarda la autorización legal.
Cabañas es el segundo departamento, después de Morazán, con mayor pobreza de este país, donde más de 55 por ciento de los habitantes son pobres. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene el peor desempeño en desarrollo humano, un índice que combina escolaridad, esperanza de vida e ingreso por persona.
Miguel Fuentes, campesino de 43 años, trabajó aquí toda su vida en un terreno equivalente a un cuarto de hectárea donde siembra maíz y fríjol. Su vivienda de lámina, adobe, madera y suelo de tierra habla de la pobreza que sobrelleva junto con su esposa y cuatro hijos, un retrato común en una región de vocación agropecuaria.
Hace dos años, viajó al Valle de Siria, en la vecina Honduras, donde constató la contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias y de piel que padecían los residentes de los contornos donde funciona la mina Entre Mares, a 120 kilómetros de Tegucigalpa.
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"La explotación minera no es conveniente en un territorio tan pequeño y superpoblado", pues "después nadie se hace responsable de los estragos que deja", explicó a IPS.
El proyecto El Dorado que Pacific Rim planea ejecutar en los alrededores de la comunidad San Isidro, a unos 65 kilómetros de San Salvador, forma parte de las 25 exploraciones mineras que se hacen en la franja norte del territorio sobre una cadena volcánica rica en metales valiosos.
Los permisos de explotación concedidos por los ministerios de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, están suspendidos por la oposición que ha generado la minería y porque la cartera ambiental debe llevar a cabo el Estudio Estratégico Ambiental en materia de minas, requisito para que el parlamento apruebe una nueva normativa.
En El Salvador, de 20.000 kilómetros cuadrados y una población de 5,9 millones de habitantes, los datos disponibles demuestran que la explotación minera ha sido históricamente inconsistente.
Registros esporádicos indican que en las postrimerías del siglo XIX se desarrollaron algunos proyectos que años después prácticamente desaparecieron. En 1940 resurgieron, pero casi todos terminaron en los años 50.
La actividad nunca ha representado un rubro importante para la economía y, según cifras del Banco de Reserva de El Salvador, en 2006 apenas contribuyó con 32,7 millones de dólares (incluyendo productos pétreos) a un producto interno bruto anual que superó los 18.600 millones de dólares.
Entre 1948 y 1953, The New York-El Salvador Mining Company explotó El Dorado pero se retiró porque, según ambientalistas, la tecnología disponible en aquel momento no permitía extraer el oro y la plata ahora localizados por Pacific Rim.
El Dorado tiene una extensión de 144 kilómetros cuadrados. Allí, tras la fase de exploración que concluyó en 2006 y una inversión de 28 millones de dólares, se detectaron al menos 1,2 millones de onzas de oro y 7,4 millones de onzas de plata.
Luis Trejo, asesor ambiental de la Pacific Rim, dijo a IPS que de acuerdo a los precios internacionales cada onza de oro podría venderse en 700 dólares.
Además, aseguró que la empresa crearía unos 2.000 empleos directos e indirectos, y pagaría al Estado hasta tres por ciento de impuestos sobre ventas brutas.
En 2007, la minera lanzó una fuerte campaña publicitaria por radio y "sonidos móviles", vehículos con altavoces que recorrieron las comunidades, promoviendo la "minería verde" y regalando paquetes escolares, fertilizantes y vacunas para el ganado.
Trejo reconoció que el "cianuro es una sustancia peligrosa", pero "el cuerpo humano lo asimila "al consumir yuca, uvas y almendras, que lo contienen de forma natural", justificó.
El hidrólogo y geólogo estadounidense Robert Moran realizó en octubre de 2005 una "revisión técnica" del Estudio de Impacto Ambiental de El Dorado presentado por Pacific Rim, en la que criticó el informe porque no ofrecía todos los datos que permitirían determinar los efectos de la minería sobre los recursos hídricos.
"Ni el público ni lo reguladores (Estado) han sido adecuadamente informados sobre los posibles impactos ambientales y socioeconómicos" en la zona, señaló Moran.
"Un gran porcentaje de mineras generan impactos ambientales negativos, que se hacen visibles mucho después que la mina cierra" sus operaciones, advirtió el experto, quien ha realizado estudios similares en otros países de América Central.
Francisco Pineda, coordinador de la Asociación de Amigos de San Isidro-Cabañas, manifestó que la minería contaminaría con el cianuro y el drenaje ácido que se produce durante la explotación a las mismas fuentes de agua que proveen a la mayoría de las comunidades.
"No nos oponemos a la actividad sino a los daños que causa", sostuvo el líder ambientalista, quien aseveró sin embargo que la "minería verde no existe, es simplemente una campaña publicitaria".
La Conferencia Episcopal de El Salvador se sumó a este rechazo. Un pronunciamiento en mayo 2007 advirtió que "la minería causa daños irreversibles al medio ambiente y a las comunidades circundantes".
Pobladores de la comunidad San Sebastián, en el oriental departamento de La Unión, demandaron en 2007 a la empresa Commerce Group por la contaminación de varios ríos adyacentes con hierro, cobre y aluminio, productos del drenaje ácido supuestamente provocado por operaciones de extracción en un yacimiento entre 1950 y 1981.
La diputada del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Lourdes Palacios, ha denunciado que la canadiense Pacific Rim "negoció" con el derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN), para que sometiera al parlamento un proyecto de ley que crearía una autoridad autónoma encargada de regir la minería, despojando a los ministerios de esa atribución.
"La iniciativa del PCN no es más que una ley elaborada por las empresas mineras", aseguró la diputada.
Ella no contempla el Estudio Estratégico Ambiental y daría a la autoridad autónoma la potestad de otorgar "concesiones mineras" que incluyen la exploración y la explotación hasta por 46 años, dijo a IPS Ligia Guevara, de la coalición de organizaciones sociales, Mesa Frente a la Minería.
Orlando Arévalo, diputado del PCN, reconoció que su partido presentó la iniciativa parlamentaria denunciada por Palacios, pero negó que haya sido redactada por Pacific Rim.
En su opinión, la explotación minera requiere de tres requisitos de los que El Salvador adolece: "Marco regulatorio claro, un ente que vigile y haga cumplir la ley y una clasificación de las empresas que cumplan con las normas internacionales".
"Esto es difícil porque somos víctimas de la corrupción", dijo, aunque reconoció no tener solución para combatir ese mal.
La Mesa Frente a la Minería presentó en 2006 una propuesta legislativa para prohibir "la minería metálica por poner en riesgo las presentes y futuras generaciones", pero la iniciativa fue archivada, lamentó Palacios.
Irene Castillo y Nelson Ventura, líderes ambientales de Cabañas coinciden en que "la vida humana no se puede vender por una miseria, y eso es lo que está en juego con la minería", mientras a sus espaldas, en un afiche, se lee: "La vida vale más que el oro".
