El movimiento estudiantil opositor se desperezó este martes en Venezuela y miles de universitarios marcharon por las calles de la capital para protestar contra una reforma a la Constitución que impulsa el presidente Hugo Chávez.
"No quiero que Chávez gobierne durante el resto de nuestras vidas", dijo a IPS Mariana García, alumna de la tecnológica Universidad Simón Bolívar junto a una usada pancarta que rezaba "Por la libertad de expresión" y en medio de un animado grupo que gritaba "¡Estudiantes!" y alzaba manos pintadas de blanco "en señal de paz".
"Los derechos no pueden ser objeto de reforma, y aquí estamos defendiéndolos", dijo a IPS a la cabeza de la marcha Stalin González, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, desde cuyo campus la manifestación partió desafiando la lluvia hasta la sede de la Asamblea Nacional legislativa, en el centro de la ciudad.
La reforma incrementa los poderes del mandatario, permite su reelección indefinida, extiende sus mandatos de seis a siete años, le entrega la conducción del Banco Central y lo faculta para reordenar el mapa político-administrativo del país, a la vez que funciones y recursos de alcaldías y gobernaciones pasan a recién creados consejos comunales.
En paralelo, se ordena reducir de ocho a seis horas diarias la jornada laboral, crear un fondo de previsión para trabajadores independientes —como vendedores ambulantes y taxistas—, y se reconoce la propiedad privada legítimamente adquirida, pero se dispone que el Estado promoverá otras formas de propiedad, social, pública y mixta.
[related_articles]
Chávez propuso el 15 de agosto modificar 33 de los 350 artículos de la Constitución que él mismo impulsó en 1999, y de inmediato sugirió un cronograma para que el referendo popular que sancione el nuevo texto se realice en diciembre.
La manifestación de este martes marcó el regreso de los estudiantes a las calles, tras hibernar en el período vacacional que siguió a sus protestas de mayo y junio, cuando el gobierno no renovó la licencia para operar a la popular televisora privada Radio Caracas Televisión.
Policías y militares establecieron barreras para contener a los estudiantes más atrás de la esquina hasta donde se autorizó su manifestación, y mientras discutían los uniformados con la vanguardia de la marcha se produjeron escaramuzas, atizadas por civiles oficialistas ubicados detrás y a los costados de las barreras de seguridad.
Mientras cruzaban los aires algunas piedras y botellas, la policía logró separar a los grupos rivales con gases lacrimógenos. Motoristas partidarios de Chávez que trataron de emboscar la marcha fueron dispersados por los gendarmes.
Al final, los estudiantes llegaron hasta la esquina previamente convenida con la alcaldía y un grupo de ellos —a bordo de un camión de la Guardia Nacional, que puso esa condición para responsabilizarse por su seguridad— pudo ingresar al parlamento para entregar un texto con críticas a la reforma en desarrollo. La Asamblea Nacional, cuyos 167 integrantes fueron todos elegidos en listas oficialistas, pues la oposición boicoteó la elección parlamentaria de 2005, aprobó la propuesta de Chávez en dos rápidas lecturas al conjunto del texto y a los capítulos que abarcaba, y hace una semana comenzó la discusión artículo por artículo.
Pero en esa tercera lectura, de común acuerdo con el presidente, los parlamentarios han agregado otra treintena de artículos, para alarma de políticos y juristas opositores según los cuales ya no se hace una reforma sino una nueva constitución.
Las alarmas de las organizaciones de derechos humanos y de la jerarquía católica se dispararon cuando la Asamblea recortó derechos consagrados en el texto de 1999, referidos al derecho a la información y al debido proceso de los detenidos en caso de que se decreten estados de excepción.
"Por eso nuestra oposición, porque los contenidos de la reforma restringen derechos que no pueden ser reformados, y porque la Asamblea se ha saltado las reglas a gran velocidad, agregando artículos a la propuesta del presidente sin aprobarlos antes en las primeras discusiones", dijo González.
El gobierno y los congresistas argumentan que los artículos que se cambian son producto de reuniones de consultas efectuadas con grupos populares en distintas zonas del país, y en cada sesión entregan más facultades al poder central.
Sólo media docena de parlamentarios, del pequeño Partido Por la Democracia Social (Podemos), que apoyó a Chávez pero se ha distanciado del mandatario, han salvado su voto en las plenarias que van cambiando el propuesto texto constitucional.
"Unas 200 personas están haciendo cambios sin consultas y a la carrera, y luego quieren darle al pueblo apenas un mes para conocer la reforma, debatir y después ir a un referendo. Pero este pueblo no bajará la cabeza, como no lo ha hecho durante siglos", dijo a IPS Yon Goicoechea, líder de los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello.
La reforma debe someterse a consulta popular, y Chávez y la aplastante mayoría de la Asamblea proponen votarla en bloque, pues "se trata de un todo integral, coherente, que no puede mutilarse", aunque una disposición de la Constitución de 1999 autoriza a votar separadamente hasta un tercio de la propuesta.
Diferentes encuestadoras distribuyen casi por mitad el apoyo y el rechazo a la reforma, más gruesos porcentajes de personas que no opinan por desconocimiento, pero entre quienes se oponen son parejos los números de los que creen que votarán y los que se pronuncian por la abstención, pues desconfían del poder electoral.
Ese escenario dejaría a Chávez con la vía despejada para una cómoda victoria en el referendo, lo que explica su interés por realizarlo cuanto antes, e incluso propuso como fecha el domingo 2 de diciembre.
González dijo que "nosotros proponemos un aplazamiento para que el pueblo realmente pueda debatir esa reforma y los cambios que quiere para el país. Si son demócratas, debatamos y vamos a un referendo en febrero", recalcó.
Dentro de una semana, anunciaron González y Goicoechea, los estudiantes volverán a marchar, esta vez hasta otro escenario céntrico, la sede del poder electoral.
