El 1 de enero del nuevo año entró en vigor en la capital mexicana un capítulo de la ley de residuos sólidos que obliga a los residentes a separar desechos orgánicos de otros materiales. En México se generan casi 12 mil toneladas de basura por día. Los capitalinos deberán separar, reducir y evitar la generación de residuos sólidos, mantener limpios los frentes de sus viviendas, establecimientos industriales o mercantiles y colaborar con el reciclaje.
La ley fue aprobada en 2003 por la Asamblea Legislativa local, dominada por el Partido de la Revolución Democrática del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador.
La norma prevé amonestaciones, multas de entre diez y mil días de salario mínimo (de cuatro dólares diarios) y arresto administrativo, entre otras sanciones.
Pero fuentes legislativas opositoras advirtieron a Tierramérica que las nuevas obligaciones son desconocidas por la población y comenzarán a ser aplicadas sin la necesaria campaña de alerta y difusión.
