ANTALYA, Turquía – El mundo no puede afirmar que protege el clima y la naturaleza mientras abre los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales a actividades industriales que amenazan sus derechos, sus medios de vida y sus formas de vida.
Sin embargo, los gobiernos reconocen cada vez más las contribuciones de estas comunidades a la protección del clima y la biodiversidad, al tiempo que autorizan proyectos mineros, de perforación petrolera, de agricultura industrial y de infraestructuras que pueden socavar los mismos territorios que ellas protegen.
El año pasado, en la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático, celebrada en la ciudad amazónica de Belém, en Brasil, los gobiernos dieron un paso importante para abordar la injusticia histórica que supone la inseguridad en la tenencia de la tierra.
A través del Compromiso Intergubernamental sobre la Tenencia de la Tierra (ILTC), 17 países y un gobierno subnacional se han comprometido a promover los derechos territoriales en 160 millones de hectáreas para 2030.
Ello reconociendo la tenencia en al menos 80 millones de hectáreas y reforzando la gobernanza y la protección en otros 80 millones de hectáreas donde los derechos ya están reconocidos.
Un Compromiso sobre los Bosques y la Tenencia de la Tierra complementario, por valor de 1800 millones de dólares para el período 2026-2030, ofrece recursos para respaldar esta labor.
Un año después, mientras los gobiernos se reúnen en la COP31, en la ciudad turca de Antalya, que se inauguró el lunes 9 y se prolongará hasta el día 20, el reto consiste en convertir este compromiso histórico en una seguridad territorial duradera.
Para los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes, los territorios son inseparables de la identidad, la cultura, los medios de vida, los conocimientos y, para muchos, la espiritualidad y la autodeterminación.
Garantizar estos derechos, junto con el reconocimiento y la defensa de los derechos de la naturaleza, es fundamental para proteger tanto a las comunidades como a los territorios que han custodiado durante generaciones.
Nuestra nueva investigación muestra que los bosques situados dentro de las reservas establecidas y propuestas para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial (Piaci) en la Amazonia peruana sufrieron una pérdida forestal 16 veces menor que los bosques situados fuera de estas áreas.
En toda la zona tropical, las comunidades están recuperando tierras ancestrales, ejerciendo la gobernanza consuetudinaria, vigilando las amenazas y restaurando los ecosistemas. Su gestión sustenta la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y los ciclos del agua, esenciales para la resiliencia climática.
Sin embargo, las presiones industriales amenazan estos logros. Nuestra investigación ha revelado que los bloques de petróleo y gas se solapan con aproximadamente 31 millones de hectáreas de territorios indígenas y comunitarios en la cuenca amazónica, mientras que las concesiones mineras se solapan con 18,7 millones de hectáreas en Mesoamérica.
En la región del Congo, los bloques de petróleo y gas se solapan con 38 % de los bosques comunitarios cartografiados y las concesiones mineras con 42 %. En Indonesia, las concesiones madereras se solapan con aproximadamente seis millones de hectáreas de territorios indígenas. Estos solapamientos ponen de relieve los posibles conflictos entre el desarrollo industrial y los derechos territoriales.
El transfronterizo Corredor Territorial Yavarí-Tapiche propuesto en los límites amazónicos de Brasil y Perú, ilustra lo que está en juego.
Esta iniciativa liderada por los pueblos indígenas abarca aproximadamente 16 millones de hectáreas entre Perú y Brasil, incluyendo territorios de pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial.
Sin embargo, los bloques de petróleo y gas se solapan con aproximadamente 10 % del corredor propuesto, además de las presiones de la tala y las infraestructuras. El desarrollo industrial puede afectar a cuencas hidrográficas enteras, ecosistemas y medios de vida a través de las carreteras, la contaminación y la fragmentación del hábitat.
Del reconocimiento a la seguridad territorial
El reconocimiento jurídico es un logro fundamental y la base de la seguridad territorial. Pero los derechos reconocidos sobre el papel también deben respetarse en la práctica. Cuando las decisiones en materia de energía, minería, infraestructuras e inversión hacen caso omiso de la autoridad de los titulares de derechos, los beneficios del reconocimiento pueden verse socavados.
El ILTC ofrece a los signatarios la oportunidad de armonizar el reconocimiento de la tenencia y la gobernanza con la planificación del uso del suelo, la concesión de licencias y las decisiones de inversión, respetando al mismo tiempo los derechos y las prioridades de los pueblos y comunidades afectados.
Cinco prioridades de acción
En primer lugar, acelerar el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes, incluida la tenencia consuetudinaria. El reconocimiento y la restitución deben respetar las instituciones, las prioridades y las normas de derechos humanos aplicables de los titulares de derechos.
En segundo lugar, reforzar la gobernanza y la protección junto con el reconocimiento. Los territorios recién reconocidos y los ya existentes necesitan un apoyo jurídico, institucional y financiero sostenido para que los titulares de derechos puedan ejercer su autoridad, impulsar sus prioridades y proteger sus tierras.
En tercer lugar, armonizar las licencias industriales, las infraestructuras y las inversiones con los derechos territoriales. Los gobiernos deben abordar las concesiones conflictivas, respetar los planes de gobernanza territorial y cumplir con las obligaciones aplicables en materia de consulta y consentimiento libre, previo e informado, lo que incluye respetar las decisiones de los titulares de derechos de rechazar actividades industriales no deseadas.
En cuarto lugar, garantizar que la financiación llegue a los titulares de derechos. Los gobiernos y los donantes deben proporcionar financiación directa, flexible y sostenida para las prioridades de las comunidades, incluyendo la gobernanza, la protección territorial, el seguimiento y las economías sostenibles.
Por último, hay que medir más allá de las hectáreas. Los avances deben reflejar si los titulares de derechos pueden ejercer su autoridad, si se abordan las amenazas industriales y si la financiación llega a las comunidades.
Para hacer realidad estas prioridades se requiere una acción gubernamental coordinada, de modo que las decisiones en materia de tierras, energía, minería, infraestructuras e inversión refuercen los derechos territoriales.
Aprovechando el liderazgo de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes, la ILTC puede ayudar a armonizar las políticas y la financiación con sus prioridades.
Para 2030, el éxito no debería medirse únicamente por las hectáreas reconocidas, sino por si los titulares de derechos pueden ejercer sus derechos, gobernar sus territorios y determinar su propio futuro libres de actividades extractivas e industriales a gran escala.
El compromiso se asumió en Belém. Antalya es una oportunidad para convertirlo en una seguridad territorial duradera.
Juan Carlos Jintiach es secretario ejecutivo de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, y M. Florencia Librizzi es subdirectora de Earth Insight.
