Los derechos humanos han vuelto al centro de la escena en Filipinas, pues la atención del público se concentró durante el último mes en violaciones que incluyeron desde secuestros hasta asesinatos.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Reynato S. Puno, expresó preocupación de que la creciente violencia haya insensibilizado a la sociedad, que debería mostrar indignación.
Un tribunal de apelaciones comenzó a tratar el pedido de habeas corpus presentado por la madre de un activista secuestrado el 28 de abril. Esto se suma a una conferencia nacional sobre derechos humanos y a pasajes del último discurso sobre el Estado de la Nación de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo.
Las audiencias en el caso de habeas corpus están en curso. Edita Burgos dice querer que las autoridades, en especial las fuerzas armadas, devuelvan a su hijo desaparecido, Jonas Burgos. La mujer cree que fue secuestrado por militares.
El activista es hijo del conocido periodista José Burgos, un opositor a la dictadura de Ferdinando Marcos (1965-1986) que fue secuestrado a plena luz del día en un centro comercial de Manila.
[related_articles]
Testigos aportaron el número de matrícula del vehículo utilizado, ubicado luego en un cuartel del ejército en la provincia de Bulacan, al norte de la capital. Pero los militares niegan tener conocimiento del secuestro.
Mientras el tribunal de apelaciones decidía si hacía lugar o no al pedido de habeas corpus, se realizó una conferencia de dos días sobre desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales.
Analistas políticos la calificaron de "histórica" y "sin precedentes", no sólo porque unió en un mismo ámbito a personas de diferentes sectores e ideologías sino porque fue convocada por Puno, el presidente de la Corte Suprema.
Los jueces se han mantenido tradicionalmente al margen de las cuestiones controvertidas, y se limitaban a hacer conocer su punto de vista técnico cuando los casos llegaban al máximo tribunal.
Ahora, sin embargo, Puno dijo que se había sentido obligado a organizar la conferencia porque el creciente número de asesinatos había "anestesiado" al público, que ya no reaccionaba con indignación.
"Si existen razones de peso para esta conferencia, una de ellas es prevenir que perdamos de vista estos asesinatos y desapariciones, revivir nuestra justa indignación y estimular nuestra búsqueda conjunta de la esquiva solución a este problema", señaló Puno en la reunión.
Organizaciones de derechos humanos afirman que se han registrado más de 800 víctimas de ejecución extrajudicial desde que Arroyo asumió la presidencia en 2001, de las que se hace responsables a fuerzas gubernamentales.
Una comisión investigadora policial, creada por Arroyo, informó, en cambio, que fueron 118, mientras que la Comisión Filipina de Derechos Humanos reunió evidencia sobre 400 casos.
La violencia no procede sólo del Estado. Human Rights Watch informó el miércoles que grupos islámicos violentos han asesinado o herido a más de 1.700 personas desde 2000. Los ataques incluyeron atentados con bombas, secuestros y ejecuciones.
Los asesinatos y desapariciones "exponen la fragilidad de nuestra libertad", afirmó Puno. Esa fue la razón por la que los jueces decidieron hacer uso de sus facultades para proteger los derechos constitucionales de las personas, en primer lugar y por sobre todo el derecho a la vida, indicó el magistrado.
Bobby Tuazon, del Centro para la Governanza Ciudadana, señaló, sin embargo, que deberá verse en la práctica si Puno "puede dirigir el curso de un mayor activismo judicial" en el caso de que coloque a la Corte Suprema "en un curso de colisión con la presidenta y los oligarcas del Congreso" legislativo. De todas formas, agregó, la conferencia fue un hecho positivo, pues los magistrados dieron los primeros pasos en la búsqueda de justicia y la reparación de las víctimas. "Es una buena iniciativa, que otorga impulso a todas las organizaciones no gubernamentales que luchan por una sociedad humana y justa", dijo Tuazon.
Entre las recomendaciones formuladas en la conferencia figuran expandir la definición de ejecución extrajudicial para incluir el asesinato de personas como consecuencia de su activismo a favor de una causa y ampliar el periodo de prescripción de estos crímenes de los actuales 20 años a 25.
Participantes en la reunión también sugirieron que los tribunales, al tratar casos de habeas corpus, puedan ordenar el allanamiento de edificios gubernamentales en busca de personas desaparecidas.
Una semana después de la conferencia, la presidenta Arroyo pronunció su discurso sobre el Estado de la Nación, en que pidió al Congreso imponer "las penas más severas" para los responsables de ejecuciones extrajudiciales, incluidos policía y militares.
Arroyo reiteró que deseaba "detener las violaciones a los derechos humanos".
Pero los críticos de la presidenta ponen en duda su sinceridad. Renato Reyes, de la Nueva Alianza Patriótica, dijo que Arroyo "simplemente se hizo eco de algunas de las recomendaciones realizadas durante la conferencia".
"Está por verse si los secuestradores de Burgos o gente como el general Jovito Palparan son procesados aunque sea con la legislación existente, ya no con las nuevas leyes propuestas por Arroyo", declaró Reyes a IPS.
Palparan fue acusado de violaciones de derechos humanos mientras se encontraba en servicio activo.
Algunos analistas sostienen que las leyes actuales ya son suficientemente severas y que sólo hace falta hacerlas cumplir, no aprobar otras nuevas. Indicaron que Arroyo debería haber señalado categóricamente a los militares que no estaba dispuesta a tolerar más asesinatos políticos.
El diario británico Financial Times señaló el 27 de julio en un editorial que el pedido de Arroyo a los legisladores fue una "bobada política" y que el problema no es la ausencia de leyes sino "la cultura de impunidad que protege a prácticamente todos los poderosos".
La frase "cultura de impunidad" ha sido utilizada por la prensa y organizaciones internacionales de derechos humanos para describir la libertad que han disfrutado los asesinos y aquéllos que ordenaron la muerte de personas políticamente comprometidas: periodistas, activistas, clérigos, abogados, docentes, campesinos y obreros.
Con relación a la desaparición de Burgos, los militares señalaron que era miembro del Nuevo Ejército del Pueblo, una organización clandestina, aunque no ofrecieron ninguna prueba ni explicaron la razón por la cual, aún en caso de ser cierto, ese hecho tenía que ver con su desaparición.
Los jefes militares citados a declarar no se presentaron a la audiencia judicial porque, según dijo un abogado del gobierno, estaban en una reunión de mandos en Mindanao. (FIN-IPS/traen-jsp-mj/sg/ap hd ip/07)
