Con el fuerte respaldo de organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas, el gobierno de Argentina lanzó este viernes un programa que incentiva la entrega voluntaria de armas de fuego a cambio de dinero.
El canje, similar al que se realizó en Brasil, es parte de una política integral de prevención de la violencia que incluye un mayor control del mercado de armamentos legal y clandestino. En Argentina, una de cada 10 personas mayores de 18 años confiesa tener un arma y más de la mitad asegura que la porta "para protegerse".
Un estudio realizado este año por la consultora Mora y Araujo reveló que el aumento de la inseguridad llevó a creer que tener un arma es una medida de defensa, pero los datos oficiales indican que el número de muertes por accidentes con estas armas aumentó 80 por ciento entre 1991 y 2004 y el de suicidios 60 por ciento en igual lapso.
"Las armas en casa no brindan protección sino que aumentan los riesgos de accidentes y muerte entre civiles", explicó a IPS Darío Kosovsky, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD).
El plan lanzado este viernes prevé que los tenedores de armas, de modo legal o no, tendrán seis meses para canjearlas por sumas de dinero que van de 100 a 450 pesos (entre 34 y 150 dólares) y podrán hacerlo en forma anónima ante locales fijos y móviles del Ministerio del Interior en todo el país.
Revólveres, pistolas, escopetas, carabinas, fusiles, entre otras, así como municiones, serán inutilizadas a la vista del portador y luego destruidas en una fundición, todo bajo supervisión del Estado y organismos de la sociedad civil. Durante los 180 días que dure el programa, regirá una amnistía para aquellos que entreguen armas ilegales.
"Una vez cumplido ese plazo, la norma es muy estricta y prevé que el que tenga un arma sin el permiso correspondiente irá preso", advirtió el ministro del Interior, Aníbal Fernández, durante el acto de presentación del llamado Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, realizado en la Casa Rosada, sede de la presidencia.
En señal del fuerte respaldo al plan, estuvo presente el propio presidente de Argentina, Néstor Kirchner, el vicepresidente Daniel Scioli y representantes de las entidades que trabajan en el desarme de la sociedad, agrupaciones de usuarios legales y familiares de personas que murieron en los últimos años por el uso de armas de fuego en manos civiles.
Según el Registro Nacional de Armas, en Argentina hay 1,2 millones de armas legales en manos de civiles. Pero se estima que hay un número similar sin permiso. La encuesta de Mora y Araujo lo confirma al indicar que hay 2,2 millones de civiles armados en este país de 37 millones de habitantes.
Kosovsky, quien participó en la elaboración del programa gubernamental, consideró que la puesta en marcha del canje es "un avance histórico y una gran apuesta del Estado" en la lucha contra la violencia ciudadana.
"Este programa va a reducir la circulación de armas entre la población civil, al mismo tiempo que servirá para enviar un mensaje contundente a la sociedad de que es el Estado el que debe monopolizar el uso de la violencia legítima, y no el ciudadano", señaló el experto a IPS.
Para el especialista, autor del libro "El Ciudadano Sheriff. Armas y Violencia en Argentina", la idea de esta propuesta no es combatir el delito sino disminuir la violencia que produce un elevado número de muertos y heridos, fuera de los casos de robo que es el crimen al que más se teme en las ciudades.
Una investigación realizada por la Secretaría de Política Criminal indicó que en 2003 murieron 10 personas por día a causa del uso de armas de fuego y sólo tres de ellas se produjeron en situación de un delito contra la propiedad. El resto fue como consecuencia de peleas o accidentes en su manipulación.
La iniciativa surgió como propuesta de las entidades que integran la RAD al Ministerio del Interior, del que depende el Registro Nacional de Armas (Renar). Como precedente no sólo se tuvieron en cuenta experiencias puntuales de canjes realizados en ciudades de la oriental provincia de Buenos Aires y de la occidental Mendoza.
Los expertos observaron de cerca el impacto de un programa en Brasil que permitió recuperar 440.000 armas en manos de civiles en 2004. Ese canje fue seguido por un referendo en el que fracasó la idea de prohibir la venta de armas pequeñas. No obstante, el número de muertes por armas de fuego comenzó a bajar en ese país a partir de esa movilización de la sociedad.
Según datos oficiales, las armas de fuego constituyen en Argentina la segunda causa de muerte entre la población.
También se indica que 28 por ciento del total de víctimas fatales son producto de accidentes u homicidios con armas dentro de una vivienda. En casos de violencia conyugal, la presencia de ellas aumenta en 12 veces el riesgo de muerte.
A fines de 2006, el consenso entre el gobierno centroizquierdista de Kirchner y las entidades de la RAD en torno a estos temas derivó en la sanción de una ley que contempla una amnistía temporaria para los que entreguen armas ilegales y prevé realizar un inventario de las mismas, incluso de las que están en manos de militares y de personal de fuerzas de seguridad.
Con la reglamentación de la norma este mes, se definió que los tenedores podrán entregar sus armas en forma anónima a cambio de dinero, y se anunció que la primera boca de recepción se abrirá el 28 de este mes en la localidad de Necochea, en la provincia de Buenos Aires 600 kilómetros al sur de la capital argentina.
En Necochea viven los padres de Alfredo Marcenac, quien murió por disparos de un hombre desconocido por él en 2006 cuando caminaba por una calle de Buenos Aires. El atacante, que a pesar de estar desequilibrado tenía permiso de tenencia de armas, no tiró en ocasión de robo sino que apuntó contra los peatones deliberadamente y sin razón alguna.
Estos riesgos también serían evitados con un mayor control de parte del Renar, que hasta ahora era considerado por la RAD como "muy laxo" para autorizar la tenencia, ya que ofrecía incluso a los solicitantes realizar los trámites por Internet y luego completar los datos con la visita de un empleado gubernamental en su domicilio.
