LONDRES – Cuando el artista performativo Sammu Chen intentó atar un hilo rojo a un poste de la calle, unos policías de paisano lo detuvieron antes de que pudiera terminar. Chen ha sido detenido en dos ocasiones por sus actos simbólicos de conmemoración de la masacre de la plaza de Tiananmen del 4 de junio de 1989, cuando las autoridades chinas mataron a cientos, quizá miles, de personas para sofocar las protestas a favor de la democracia.
Ese día solía ser de conmemoración en Hong Kong. Decenas de miles de personas solían asistir a la vigilia masiva. Pero las autoridades la prohibieron durante la pandemia de la covid-19 y no la han vuelto a permitir desde entonces.
El intento de acto conmemorativo de Chen tuvo lugar cerca del antiguo emplazamiento de la vigilia prohibida. Muy cerca de allí, la policía desalojó a otro artista que conmemoraba el aniversario sosteniendo un globo con forma de signo de interrogación.
En los últimos años, otros actos simbólicos, como sostener en silencio velas o flores, han dado lugar a detenciones. La organización que solía organizar la vigilia se disolvió en 2021 tras las investigaciones policiales y el enjuiciamiento de sus líderes.
La campaña de China para acabar con las reivindicaciones democráticas en Hong Kong no se detiene en sus fronteras, como han puesto de manifiesto recientemente los acontecimientos en el Reino Unido.
Red de espionaje del Reino Unido
En mayo, dos hombres con doble nacionalidad británica y china fueron declarados culpables de espiar a activistas democráticos de Hong Kong en el Reino Unido. El caso puso de manifiesto hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado chino para silenciar a la diáspora de Hong Kong.
Se descubrió que Chi Leung Wai, que trabajaba para la Fuerza Fronteriza del Reino Unido, y Chung Biu Yuen, que trabajaba para la Oficina de Comercio y Economía de Hong Kong en Londres, habían llevado a cabo operaciones policiales encubiertas para recabar información sobre los exiliados. Los espías también tenían en el punto de mira a políticos británicos críticos con China.
Uno de sus objetivos era Nathan Law. Este era un líder estudiantil y político activo en el movimiento democrático de Hong Kong, que se movilizó en protestas masivas en 2014 y de nuevo en 2019. Tras pasar un tiempo en la cárcel en 2017 por su papel en las protestas, se exilió en 2020 cuando las autoridades introdujeron una draconiana Ley de Seguridad Nacional.
En 2023, Law fue uno de los ocho activistas contra los que la policía de Hong Kong dictó órdenes de detención, con una recompensa de unos 130 000 dólares estadounidenses ofrecida por su captura. La policía de Hong Kong detuvo a los padres y al hermano de Law para interrogarles y, en 2024, las autoridades le revocaron el pasaporte, al igual que a otros activistas exiliados.
Escalada de la represión transnacional
Tal es el nivel de represión que China ejerce en Hong Kong que el activismo solo puede mantenerse entre la diáspora. Pero, aunque muchos Estados ejercen una represión transnacional contra las diásporas y los exiliados, el caso de espionaje demuestra que China sigue siendo el líder mundial en este ámbito.
La policía de Hong Kong emitió una nueva ronda de órdenes de detención y recompensas contra otros seis activistas exiliados en diciembre de 2024 y anunció recompensas por otros 19 en julio de 2025.
Las autoridades de Hong Kong también han comenzado a perseguir a los exiliados con exigencias fiscales infundadas y podrían estar preparándose para utilizar en su contra los acuerdos internacionales de cooperación contra el blanqueo de capitales.
Las familias de los exiliados en Hong Kong tampoco se libran. En febrero, Kwok Yin-sang, padre de la activista exiliada Anna Kwok, fue condenado a ocho meses de prisión por violar las leyes de seguridad nacional tras intentar cobrar la póliza de seguro de ahorro para la educación de su hija.
Alrededor de 100 000 personas han huido de Hong Kong al Reino Unido, que controlaba el territorio antes de cederlo a China en 1997. Esto las convierte en un objetivo especial.
En 2024, se publicaron en Internet las direcciones de ciudadanos de Hong Kong residentes en el Reino Unido y se incitó a los manifestantes contrarios a la inmigración a atacarlos, en una maniobra que presentaba todos los indicios de una operación de influencia china.
Intensificación de la represión interna
Tal y como documenta un nuevo informe de Civicus, la represión se ha intensificado aún más en Hong Kong.
En 2024, las autoridades promulgaron la Ordenanza de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, que les permite tipificar como delito simples actos de disidencia alegando que constituyen secesión, sedición, subversión y otros delitos graves.
Han utilizado las amplias disposiciones de esta última ley y la Ley de Seguridad Nacional de 2020 para procesar a activistas, disidentes y periodistas. Desde 2020, las autoridades de Hong Kong han detenido a al menos 365 personas y condenado a 174 en virtud de ambas leyes. Se ha condenado a personas por delitos tan insignificantes como llevar camisetas con lemas de protesta.
La determinación de las autoridades por silenciar la disidencia quedó de nuevo patente tras el terrible incendio de un complejo de apartamentos en noviembre de 2025, en el que murieron más de 160 personas. Se detuvo a personas por publicaciones en redes sociales en las que se exigían responsabilidades.
El estudiante Miles Kwan Ching-fung fue detenido y expulsado de la universidad tras iniciar una petición en línea en la que se instaba a una investigación independiente. La oficina de seguridad nacional de China en Hong Kong advirtió a los periodistas extranjeros sobre la cobertura negativa de la respuesta del Gobierno.
Hong Kong llegó a tener uno de los entornos mediáticos más dinámicos de Asia, pero ahora ocupa el puesto 140 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.
En febrero, el magnate de los medios Jimmy Lai, cuyo periódico Apple Daily defendía la democracia, fue condenado a 20 años de prisión en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Lai lleva detenido desde 2019 acusado de múltiples cargos, a menudo en régimen de aislamiento.
A sus 78 años, con diabetes y otros problemas de salud de los que se tiene constancia, corre el riesgo de morir en la cárcel. A pesar de que Lai tiene la ciudadanía británica, China ha rechazado los llamamientos internacionales para su liberación.
La campaña contra Lai continúa: en marzo, cuatro empleados de una librería fueron detenidos bajo sospecha de vender ejemplares de su biografía, considerada una publicación sediciosa.
Los intentos de las autoridades por suprimir el libro forman parte de una censura cultural más amplia, que se extiende a la prohibición de películas, la exclusión de editoriales de las ferias del libro y la exigencia de bloquear los vídeos de YouTube del himno de protesta «Glory to Hong Kong». Ante esta represión, muchas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y partidos políticos han llegado a la conclusión de que su única opción es cerrar.
En estas circunstancias, seguirá recayendo en la diáspora la responsabilidad de seguir sacando a la luz la supresión de las libertades cívicas básicas en Hong Kong. Los Estados en los que viven los exiliados de Hong Kong deben estar alertas ante las amenazas de la represión transnacional de China y defender y proteger a los activistas exiliados.
Deben hacer frente a toda la magnitud de esta represión o ser cómplices de la misma.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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