Un estallido de furia que acabó en la destrucción parcial de la más concurrida estación de trenes de Buenos Aires expone las graves deficiencias del servicio privatizado de ferrocarriles que recibe millonarios subsidios del Estado.
"Esto era algo que se veía venir, estamos hartos de atrasos constantes, cancelación de servicios, burlas y maltrato", se quejó a IPS María Petraccaro, de la organización de usuarios Recuperemos el Tren, que viene recolectando firmas en la estación terminal de Constitución —escenario del estallido del martes— para presentar un reclamo ante el gobierno.
"Yo no justifico la violencia o los destrozos, pero si nos tratan como animales no pueden pretender que reaccionemos como personas. Por más paciente que sea, yo la desafío a que viaje en esta línea por un mes y en un momento usted va a tener ganas de romper todo", sostuvo Petraccaro.
El Estado privatizó el transporte ferroviario en 1991 mediante la concesión de trayectos a diferentes empresas, pero sin ceder la propiedad de los trenes. Los 32.000 kilómetros de vías férreas existentes en todo el país fueron reducidos a 10.000, para dejar en funciones sólo los recorridos más rentables, y centenares de poblados quedaron aislados.
Aun así, el servicio es deficiente, pese al subsidio equivalente a unos 660.000 dólares diarios a las empresas concesionarias, que según éstas, se destina casi exclusivamente a mantener bajos los precios, y no a realizar inversiones ni mantenimiento de la infraestructura.
La rebelión de usuarios —que no fue la primera— fue en la estación Constitución, sur de la capital y por donde circulan más de medio millón de personas al día. La chispa fue el corte del servicio por problemas técnicos en el horario de mayor cantidad de pasajeros, que no fueron informados de lo ocurrido.
Un tren estuvo detenido más de 20 minutos en las vías a 600 metros de la estación con unos 800 pasajeros a bordo, muchos de los cuales llegaron a pie hasta los andenes, un tipo de incidente habitual en el servicio, según las organizaciones de usuarios.
En la estación, los pasajeros unieron sus quejas a otros que corrían de un andén al otro o esperaban en vagones repletos e inmovilizados por la interrupción del servicio, hasta que empezaron las pedradas contra las boleterías y el personal de policía, destrozos e incendio de las instalaciones. No hubo en cambio daños ni saqueos a los comercios de la estación, ni a los vehículos. El estallido culminó con 25 personas heridas y 16 detenidas.
El presidente Néstor Kirchner defendió este miércoles la política de subvencionar el servicio ferroviario para mantener bajo el costo del boleto, y argumentó que el colapso del martes estuvo relacionado con la mayor cantidad de pasajeros que viajan a la capital debido a la reactivación de la economía.
"En los 90 los trenes iban vacíos porque no había trabajo", ironizó Kirchner. También aseguró que se estaban haciendo inversiones en los trenes, pero sostuvo que "a algunos sinvergüenzas hay que pegarles una patada donde corresponde porque no tenemos ningún tipo de compromiso" con los empresarios.
Poco antes, el Ministerio del Interior había admitido que el incidente fue una "rebelión de usuarios" por deficiencias del servicio, pero señaló que hubo luego "activistas preparados para la violencia, con piedras y bombas molotov".
Argumentos similares utilizó el empresario Sergio Taselli, operador del servicio de Trenes Metropolitanos S.A. desde Constitución. "La gente se enardeció y algunos aprovecharon para hacer desmanes y quemar las boleterías", dijo. En su opinión, el problema no es atribuible al sistema de transporte sino al aumento de la demanda.
"Desde 2003 se triplicó el número de pasajeros y estamos haciendo inversiones pero no llegamos a tiempo para responder a esa demanda creciente", justificó.
Para los usuarios esa línea argumental no es de recibo. "Suena lógico, si hay reactivación hay más pasajeros, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a la recesión o van a hacer las inversiones que hacen falta?", interrogó Petraccaro.
Los pasajeros insisten en que no se trata apenas de viajar apiñados, sino de constantes interrupciones del servicio por problemas en las vías, trenes con cada vez menos vagones e incumplimiento de las promesas de electrificación de nuevos ramales.
La crisis de los ferrocarriles se manifiesta en episodios de violencia de diversa magnitud, pero también en la decisión de los pasajeros de organizarse para reclamar de forma pacífica a la empresa y a los organismos de control del Estado.
Así surgió Recuperemos al Tren, que reúne al Grupo Suer (Sufridos Usuarios del Ex Roca) y a Mejoremos el Tren, todos grupos de pasajeros del Metropolitano. Pero también está el Frente de Usuarios Desesperados del Sarmiento (Fudesa), de quienes viajan en esa otra línea dirigida al oeste bonaerense.
En noviembre de 2005, el ferrocarril Sarmiento vivió su propia explosión social en la estación Haedo, fuera del perímetro de la capital federal. Por un desperfecto, 15 vagones y un vehículo policial fueron incendiados, las tiendas destruidas y saqueadas, 29 personas fueron heridas y hubo más de un centenar de detenidas.
Como ahora, la empresa concesionaria y el gobierno hablaron de incitadores organizados, pero los usuarios aseguran que la mayoría de quienes reaccionaron eran simples pasajeros, hartos de los inconvenientes que obligan a pasar varias horas en un andén o en un tren para llegar a destino.
"Todas las líneas suburbanas funcionan con las mismas características, hay un muy mal servicio, con demoras, frecuencia incierta, inseguridad, falta de información", dijo a IPS Cristina Suárez, de Fudesa y pasajera del ferrocarril Sarmiento.
Fudesa reunió 6.000 firmas con quejas sobre el servicio y las presentó en octubre ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el ente encargado de controlar a los concesionarios. "Nos respondieron en marzo diciendo que según las encuestas el servicio había mejorado notablemente".
"Se burlan de la gente, se creen que uno no se da cuenta de que mienten, que jamás vinieron al tren a encuestar a nadie porque no podrían ni subirse de lo colmado que va", argumentó Suárez. "El Estado y las empresas son absolutamente responsables de estos estallidos y de otros que vengan", advirtió.
Juan Carlos Cena, del Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos, dijo a IPS que los pasajeros "están cansados del abuso empresarial, el silencio del gobierno y la complicidad de los sindicatos" que mantienen un sistema ferroviario que es "un desastre".
Para Cena, ex trabajador ferroviario, la solución es que el Estado vuelva a manejar los ferrocarriles y diseñar una política pública común que permita planificar el crecimiento de la demanda, mantener locomotoras, coches, vías férreas y andenes para evitar accidentes.
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, consideró que el Estado debería admitir que "la política de subsidios fracasó" y que, si es necesario, "hay que quitar la concesión a los empresarios que no invierten", como es el caso del Metropolitano, dijo.
