Las habilidades de abogados, patólogos, científicos e investigadores penales de Estados Unidos serán puestas en común para intentar salvar la vida del condenado a muerte Mumia Abu-Jamal, y también para demostrar el papel que puede jugar el color de piel en las sentencias a la pena capital.
E 17 de este mes, tras casi 20 años de intentos frustrados, un tribunal federal de apelaciones volvió a analizar el caso de Abu-Jamal, dando el primer paso hacia la posible ordenación de un nuevo juicio para éste, uno de los más conocidos de los 3.500 sentenciados a muerte en este país.
Robert Bryan, el abogado que lidera la batalla por la vida del activista desde hace cuatro años, cree que su caso es contundente y que los magistrados deberían ordenar un nuevo proceso.
Por primera vez desde la condena a Abu-Jamal en 1982, el sistema judicial estadounidense se plantea seriamente si la discriminación racial y la política del momento impidieron que el acusado tuviera un juicio justo.
"Mi objetivo es que él vaya a casa con su familia. Ése es el mejor de los resultados", dijo Bryan a IPS.
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Abu-Jamal, periodista y activista político negro, fue condenado por un jurado integrado casi totalmente por blancos en la nororiental ciudad de Filadelfia por el asesinato del policía Daniel Faulkner.
El agente fue asesinado en un confuso incidente tras detener un automóvil conducido por el hermano de Abu-Jamal, en diciembre de 1981. Se dijo que Abu-Jamal corrió desde un taxi hasta la escena del crimen, y allí fue arrestado con una pistola registrada a su nombre.
Los relatos de testigos son contradictorios. La evidencia es incompleta y en parte se ha perdido. Abu-Jamal resultó herido de bala en el pecho. Siempre sostuvo que era inocente.
"El hilo conductor que atraviesa este caso desde el día en que Mumia fue arrestado hasta hoy es el racismo. En el juicio original, el jurado solamente vio un lado de la moneda. Fue una comedia de errores. Este caso nunca fue adecuadamente investigado", dijo Bryan.
En la audiencia de apelaciones, Bryan y otros alegaron que el juicio original había sido injusto porque los negros fueron intencionalmente excluidos del jurado, violando la Constitución. El jurado final estuvo integrado por 10 blancos y dos negros. Entonces, 40 por ciento de los habitantes de Filadelfia eran negros.
"Lo que importa es que a los ciudadanos afroestadounidenses se les negó su derecho a participar en este importante derecho cívico y responsabilidad en base a la raza", dijo a IPS Christina Swarns, abogada de la Asociación Nacional para el Avance del Fondo de Defensa Legal de las Personas de Color.
"La cuestión de lo justo estuvo allí desde el momento en que el jurado fue elegido. Si los tribunales de Pennsylvania (estado del noreste) hubieran respetado la ley, esta audiencia se habría realizado hace muchos, muchos años", agregó.
Hubo otros problemas con el juicio de 1982, según Bryan. El fiscal hizo creer a los miembros del jurado que si condenaban a muerte a Abu-Jamal, las posibilidades de que efectivamente fuera ejecutado eran escasas. Y el magistrado que presidió el proceso, Albert Sabo, dirigió una difamación racial contra el activista durante un receso en la audiencia, dijo Bryan.
Sabo también tuvo un conflicto de intereses y nunca debió haber presidido el juicio, dijo a IPS Jill Soffiyah Elijah, miembro del Sindicato Nacional de Abogados. Sabo fue miembro activo de la Orden Fraternal de Policía, poderoso grupo que representa los intereses de la policía y ejerce presión a favor de la pena de muerte en casos donde hubo agentes asesinados.
"Hicieron mucha presión por la ejecución del señor Abu-Jamal. La participación del juez Sabo supuso un conflicto de intereses y comprometió su capacidad de ser objetivo", dijo Elijah, también profesor en la Universidad de Harvard.
Sabo, fallecido en 2002, fue apodado "el juez de la horca". En un periodo de 14 años, presidió juicios en los que 31 acusados fueron sentenciados a muerte, cifra con la que supera a cualquier otro magistrado de Estados Unidos. De los condenados, 29 pertenecían a minorías étnicas.
Aunque los abogados de Abu-Jamal presionaron en la audiencia del tribunal de apelaciones para lograr un nuevo juicio, los fiscales urgieron a los magistrados a reafirmar su condena a muerte. El gobernador de Pennsylvania, Ed Rendell, declaró públicamente que, si los jueces optaran por esto último, él mismo ordenaría la ejecución de Abu-Jamal.
Rendell tiene un interés de larga data en el caso de Abu-Jamal. Fue fiscal principal del distrito de Filadelfia en 1982, y fueron su oficina y sus empleados quienes juzgaron al activista.
En el pasado, la oficina del fiscal de distrito mostró un patrón de discriminación en muchos casos, dijo Bryan. Esto incluyó presentar falsas evidencias y obtener testigos que mintieran.
No obstante, Bryan se mostró confiado en que los jueces permitirán un nuevo juicio para Abu-Jamal.
"Mi objetivo es ganar este caso. Tenemos muchas nuevas evidencias. Si podemos conseguir (un nuevo) juicio, serán presentadas al nuevo jurado. Se hará una cantidad de nuevas pruebas patológicas, de ADN (ácido desoxirribonucleico) y balísticas. Tengo fe en que 12 hombres y mujeres del jurado dejen ir a casa a mi cliente", expresó Bryan.
Pero Bryan desea trasladar el proceso a otra ciudad. "Hay tanta corrupción e injusticia en el sistema judicial de Filadelfia, que es difícil imaginar un juicio justo", señaló.
Abu-Jamal, de 53 años, ganó miles de adeptos en todo el mundo. "Cuando lo condenaron a muerte, ellos pensaron que lo paralizarían. En cambio, Mumia se convirtió en un símbolo internacional contra la pena de muerte", destacó Bryan.
Entre sus partidarios hay celebridades de Hollywood, políticos y estudiantes universitarios. En la ciudad francesa de St. Denis, una calle lleva su nombre.
En la audiencia de apelaciones, alrededor de 200 personas poblaron la sala. Afuera, unas 500 se manifestaron en nombre de Abu-Jamal. Los adeptos eran de Francia, Alemania y otros países.
