Mujer indígena de 73 años muere tras ser violada por militares. El caso pretende ser ocultado por autoridades. La historia, con todos los ingredientes de impunidad y abuso, fue asumida como cierta por la oposición, activistas sociales y organizaciones humanitarias.
Pero el lunes por la noche, los fiscales del estado de Veracruz, donde ocurrieron los hechos sospechosos a finales de febrero, concluyeron que no había evidencias de que se hubiera configurado delito y por tanto no habrá acción penal.
Sin aceptar preguntas de los periodistas y en víspera del asueto del Día de los Trabajadores en el que no circularon muchos diarios, la Procuraduría (fiscalía) de Veracruz cambió su versión inicial, según la cual sí se había cometido violación, y afirmó que la muerte se debió a desnutrición, anemia y problemas gástricos.
"La conclusión de los fiscales viola el derecho a la verdad y la justicia. Aquí está claro que el bloque de poder gubernamental actuó para cerrar el caso con rapidez, dejando muchas dudas en el camino", dijo a IPS Luis Macías, director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La indígena de la etnia nahua Ernestina Ascensio, que se dedicaba al pastoreo de ovejas y labores de hogar, murió el 25 de febrero. Antes de morir, dijo a su familia que había sido atacada sexualmente por soldados en el municipio rural de Soledad Atzompa, unos 450 kilómetros al este de la capital, en Veracruz, golfo de México.
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Macías exhortó a la familia de Ascensio a no aceptar la conclusión de los fiscales y pedir un amparo judicial para que continúe la investigación. "Si no lo hacen, esto termina aquí y nos quedará la idea de que no se hizo justicia", advirtió.
La muerte de Ascensio, como mujer indígena exponente de uno de los sectores más pobres y vulnerables de México, generó revuelo en la oposición de izquierda, entre activistas sociales y organizaciones humanitarias, que han lanzado duras acusaciones al gobierno del conservador Felipe Calderón y a los militares.
Con base en testimonios iniciales, el opositor Partido de la Revolución Democrática asumió como cierto el delito de violación y desechó los argumentos en contrario, considerando que el gobierno buscó por todos los medios dejar el caso en la impunidad.
El columnista del semanario de izquierda Proceso, Miguel Granados, considera poco probable que la familia de Ascensio impugne el veredicto de los fiscales.
Granados recordó que el 10 y el 19 de abril, los familiares recibieron la visita de un funcionario del gobierno de Calderón. "Por persuasión, intimidación o lo que usted guste, de esas conversaciones resultó una reticencia de los hijos de la señora muerta a continuar apareciendo en la escena pública" y a mantener su denuncia, señaló Granados en una de sus columnas.
Tras la versión inicial de la familia y los vecinos de Ascensio, las Fuerzas Armadas llegaron a indicar que investigarían el caso y que comparaban muestras de semen encontrado en el cuerpo de la víctima con estudios de sangre que se extraerían a varios soldados de la zona.
Pero Calderón puso de inmediato en duda la versión y dijo que la investigación había demostrado que la indígena no fue violada y murió por causas naturales.
Calderón se basó en un estudio de la estatal Comisión de los Derechos Humanos, que visitó la zona, recabó testimonios y practicó una segunda autopsia a Ascensio, luego de afirmar que la primera, hecha por la Procuraduría de Veracruz, había sido realizada sin cuidado.
La Comisión concluyó que no hubo violación, que el supuesto semen recogido del cadáver no era tal y que los desgarros en la zona anal y vaginal detectados eran en realidad cortes de bisturí realizados en la primera autopsia.
Médicos que atendieron a la moribunda en el hospital declararon que no vieron indicios de violación, peritos de la fiscalía de Veracruz incurrieron en contradicciones y las Fuerzas Armadas se retractaron de haber dicho que había líquido seminal en el cuerpo.
¿Es posible que la Comisión de los Derechos Humanos, el gobierno, los militares, los médicos y los fiscales se hayan puesto de acuerdo para dejar el caso en la impunidad?, preguntó IPS al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, grupo que investigó el caso de manera independiente.
"No sabemos si se puede hablar de una especie de complot, pero toda esta historia genera muchas dudas", respondió Macías.
"Lo que está claro es que muchas pruebas fueron recabadas sin cuidado, que otras se omitieron y algunas hasta se borraron", declaró. El activista añadió que no puede afirmar que Ascensio murió tras una violación, pero sí que toda la investigación "está llena de sospechas e irregularidades".
El Centro tiene expedientes de al menos otros siete casos de supuestas violaciones de indígenas que no han sido aclarados. Se trata de Inés Fernández y Valentina Rosendo, presuntamente agredidas en 2002, y de Francisca Santos, Victoriana Vázquez y de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González, violadas en 1994.
Consuelo Mejía, directora de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir, se declaró "indignada frente a la cortina de humo que se pretende tender sobre la evidente violación de los derechos humanos de doña Ernestina".
"Nos hemos sumado al clamor de la ciudadanía y de las organizaciones que demandamos justicia para las mujeres" indígenas, declaró.
El columnista Sergio Sarmiento del diario Reforma escribió este miércoles que la violación de Ascensio es la "historia perfecta" como bandera de opositores y activistas.
"El problema es que los hechos no avalaron esa versión, y por eso el desencanto (de activistas y opositores) se ha transformado en furia", apuntó Sarmiento.
La población femenina es la más vulnerable de la comunidad indígena de México, compuesta por 10 por ciento de los poco más de 104 millones de habitantes del país. Entre ellas, la esperanza de vida es de 71,5 años, frente a la de los hombres nativos que es de 76 años.
Mientras el analfabetismo masculino de las etnias originarias es de 18 por ciento, en las mujeres llega a 32 por ciento. Además, cerca de 46 por ciento de las indígenas carecen de instrucción primaria y apenas 8,9 por ciento cursaron la educación media.
En promedio, 39 por ciento de la población indígena de cinco a 24 años no asiste a la escuela en este país, pero en esa situación se encuentran 42 por ciento de las mujeres.
