El pasado 1 de Mayo, 90 periodistas de Colombia no dieron noticias laborales, sino que fueron sus protagonistas. Son los delegados de 24 asociaciones regionales y locales que en esta ciudad crearon la Federación Colombiana de Periodistas (FCP), con mil afiliados.
Al alumbramiento de la FCP acudió Aidan White, secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la mayor organización sindical de prensa, con más de medio millón de afiliados en 120 países, a los que, tras algunas formalidades, se sumará Colombia.
La nueva federación comenzó a construirse hace cuatro años, y es el principal acontecimiento sindical para los periodistas colombianos que están entre los 25 y los 55 años de edad, como recordó el director de la FIP en este país andino, Eduardo Márquez.
Sus miembros esperan con impaciencia que la federación comience a actuar para que sus acciones ayuden a garantizar la labor periodística en uno de los países donde informar puede convertirse en un acto suicida.
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El periodismo colombiano padece el reto de cubrir el conflicto armado, con guerrillas de izquierda surgidas en los años 60 y combatidas por la fuerza pública en alianza con paramilitares de ultraderecha, parcialmente desmovilizados y muchos de cuyos grupos pertenecen al narcotráfico.
La información más riesgosa es sobre el ascenso del poder narcotraficante, que incluye el copamiento de sectores del Estado, sobre todo en algunas de las regiones más ricas o estratégicas, lo que implica desvío de fondos estatales y corrupción.
Símbolo de sus víctimas es el inmolado Guillermo Cano, director del periódico bogotano El Espectador, asesinado en 1986.
En su nombre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) concede anualmente el principal premio mundial de la prensa, que será entregado de modo póstumo este miércoles a la asesinada periodista rusa Anna Politkóvskaya, quien denunció el genocidio perpetrado por fuerzas rusas contra el pueblo checheno, cuya independencia no fue aceptada por Moscú.
Otros temas riesgosos en Colombia son la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública o aspectos militares de la guerra que contradigan los partes oficiales, así como informes que molesten a la guerrilla.
En 2006 se registraron en Colombia 140 violaciones documentadas y verificadas al deber de informar (102 en 2005), que afectaron directamente a 166 periodistas (122 en 2005), según local la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
La FLIP contabilizó el año pasado tres asesinatos, un atentado contra una infraestructura periodística, 77 amenazas de muerte, 10 exilios, tres secuestros, 24 casos de trato inhumano o degradante y cinco detenciones ilegales contra periodistas colombianos.
Los datos son parciales, pues muchos ni se atreven a denunciar. "Le cuento esto sólo por si me llega a pasar algo", advirtió a Márquez este año un periodista de la costa atlántica, perseguido por paramilitares.
En 38 casos, la FLIP no puede probar el origen de los ataques y éstos quedan clasificados como de "autor desconocido". Los principales responsables son paramilitares (33 casos), fuerza pública (21), la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 18) y funcionarios públicos (15 casos). Hay 14 agresiones atribuidas a particulares y una a un político.
Entre enero y marzo de este año, "la FLIP registró ocho amenazas, un exilio, tres obstrucciones al trabajo periodístico y tres agresiones, para un total de 16 violaciones a la libertad de prensa que han dejado 24 víctimas", informó Carlos Cortés, su director ejecutivo, a la asamblea de delegados que crearon la FCP.
"Años perdidos y muy pocos avances. Así podrían resumirse los resultados de las investigaciones judiciales por las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, especialmente por los asesinatos de periodistas", afirma un informe dado a conocer el miércoles por la FLIP.
Pero hace cinco años, el curtido Márquez "descubrió" otras aristas que afectan el derecho a la información.
Mientras dictaba por todo el país talleres de capacitación de Medios para la Paz, asociación de profesionales de prensa que procura una cobertura responsable del conflicto armado, encontró que la ética periodística resultaba imposible de cumplir, según los propios reporteros debido a sus condiciones laborales.
"Sólo en ese momento yo, periodista de la capital, supe que a los colegas de provincia no les pagan honorarios ni salarios como a nosotros en Bogotá, sino que les pagan con cupos publicitarios, y quedé horrorizado", dijo Márquez a IPS.
El sistema significa que, "si como periodista no vendes publicidad, no tienes ingresos. Así de sencillo. El dueño del medio no pone absolutamente nada distinto al medio", explicó.
Un año después, en un encuentro latinoamericano en Lima, se enteró de que sus colegas chilenos trabajaban ocho horas. Les preguntó si lo habían logrado con el gobierno socialista, y le contestaron: "No. Eso lo conseguimos bajo la dictadura de Pinochet". "¿Ocho horas de trabajo? No puedo creerlo. En Colombia ni pensamos eso. Esa no es una reivindicación que tengamos en mente", contó Márquez que les dijo.
Un argentino agregó que la jornada de los periodistas en su país era de siete horas, y si trabajaban más, recibían una compensación. "Y me preguntaron cómo es el pliego de peticiones de los periodistas colombianos. ¿Pliego de peticiones?", y pensó: "Voy a Colombia a crear una organización de periodistas". Así arrancó.
Por entonces, la FIP tenía una oficina que prestaba solidaridad a los trabajadores amenazados. Allí le dieron la razón a Márquez cuando éste les dijo que "la mejor protección del periodista es estar organizado".
El perfil social de los miembros de la naciente federación, procedentes de 15 regiones, habla por sí solo.
La tercera parte tienen entre tres y seis hijos. Más de la mitad mantienen a entre tres y seis personas, 78 por ciento tienen estudios universitarios, 21 por ciento no tienen acceso a Internet, 31 por ciento trabajan los siete días de la semana, 37 por ciento, seis días, y el resto cinco días.
Además, 65 por ciento de ellos perciben salarios de entre 95 y 480 dólares. El sueldo mínimo legal vigente en 2007, para trabajadores sin capacitación, es de 208 dólares.
Treinta y ocho por ciento de los afiliados a la FCP han experimentado intentos de soborno (21 por ciento por parte de políticos), y 13 por ciento afirman que su información ha sido tergiversada por los directivos de los medios para los cuales trabajan.
"Los empleadores no están aplicando las normas. Deben pagar según la ley y respetar todos los parámetros que regulan internacionalmente las condiciones laborales", dijo White en rueda de prensa, e hizo un llamado a negociar un nuevo pacto con los empleadores.
"En el día de la libertad de prensa, todos son muy buenos para los discursos. Que esta vez las promesas creen realidades", agregó.
