Entre la expectativa y el escepticismo Colombia espera el informe de avance sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que el presidente Álvaro Uribe dará a conocer este sábado en Bogotá.
En septiembre de ese año se debían divulgar los resultados de la "Encuesta de victimización 2003", según la cual 75 por ciento de los colombianos entrevistados se sentían vulnerables ante la violencia y la inseguridad de este país que lleva más de cuatro décadas de guerra interna.
Esa proporción contradecía las expectativas de la política de seguridad democrática adoptada como bandera por el derechista Uribe desde que asumió en 2002.
Un día antes de la rueda de prensa en que se publicaría el estudio, Caballero recibió la orden de suspenderla. Horas después se conoció el texto de su renuncia.
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Caballero afirmó en su carta que "se sentía incapaz de cumplir la orden" pues la información había sido presentada "en las instancias técnicas y consultada ante los canales pertinentes". La renuncia fue aceptada.
La Presidencia dispuso entonces que las cifras se revelarían tras ser analizadas por el Consejo de Seguridad, integrado por el ministro de Defensa, los comandantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Los resultados de la encuesta se filtraron de todos modos a la prensa.
El economista y ex funcionario Javier Fernández Riva estimó entonces que "lo sucedido tendrá un alto costo para la credibilidad de las cifras oficiales que se recibirán ahora, más que nunca, con beneficio de inventario".
Al frente del DANE, que depende directamente de la Presidencia, Uribe nombró a Ernesto Rojas, quien puso en marcha el Censo Nacional de Población 2005, cuyo resultado arrojó la cifra de 41.300.000 habitantes, mientras las proyecciones anteriores indicaban cerca de 46 millones de personas.
Han aparecido dudas de las mediciones del DANE sobre porcentajes de desempleo, desplazamiento y crecimiento industrial, entre otros temas.
El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, puso en tela de juicio en 2006 las estadísticas sobre empleo y subempleo en el sector agropecuario, ante lo que el director del Banco de la República respondió que "las mediciones en el campo son difíciles".
Pero la mayor polémica se refiere a la cantidad de pobres e indigentes.
"Este país tenía, cuando nosotros llegamos, una pobreza en el 60 por ciento. La última medición dio el 45. Es muy alta. Yo no lo digo en manera jactanciosa. Yo reconozco que es muy alta, pero también le cuento al país de dónde venimos", dijo esta semana Uribe, quien asumió su primer mandato en 2002.
El economista Ricardo Bonilla dijo a IPS que el gobierno colombiano considera pobre a quien accede a una canasta familiar de unos 109 dólares mensuales, y que incluye el pago de alimentos, vivienda, servicios públicos, educación y medicamentos "lo que es imposible para una familia de cuatro personas".
Y se consideran indigentes, quienes tienen un tope de ingresos que les permite acceder solamente a una canasta alimentaria básica de un valor equivalente a 46 dólares.
El economista Eduardo Sarmiento dijo en una columna en el periódico El Espectador el 31 de marzo que "la nueva metodología define la línea de pobreza con criterios arbitrarios que la bajan y se imputan toda clase de ingresos para elevar la posición de los sectores más desfavorecidos".
En igual sentido se ha manifestó el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la estatal Universidad Nacional.
Sobre los estándares para medir la cantidad de pobres, el director de desarrollo social del Departamento Nacional de Planeación, José Fernando Arias, dijo a IPS que "la pobreza es fenómeno complejo que uno no puede reducir a una única dimensión", la de los ingresos.
"Se puede evidenciar con indicadores como necesidades básicas insatisfechas, que definitivamente indican que las condiciones de vida de la población son distintas. Y que muestran que efectivamente, si se realizan esfuerzos en salud, seguridad social y procesos de acumulación de capital humano, las condiciones de vida de la población cambian", sostuvo.
Colombia está obligada a cumplir antes de 2015 los ODM, adoptados por los gobiernos del mundo en 2000. Ellos incluyen abatir a la mitad la proporción de indigentes y hambrientos y reducir en dos tercios la mortalidad infantil y en tres cuartos la mortalidad materna, además de otras obligaciones en salud, educación, igualdad de género, ambiente y desarrollo sustentable.
En la medición de avances de los ODM que dará a conocer Uribe, "se han tenido en cuenta fuentes de información oficial y privada", agregó Arias.
"Las metodologías utilizadas para la medición de pobreza" realizada por la oficial Misión Pobreza "están disponible en la página del DNP y respaldadas por el DANE, de manera que cualquiera puede hacer una verificación de resultados, lograr conclusiones similares o verificar puntos de discrepancia", concluyó.
Para el activista Alberto Yepes, de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario y coordinador de la campaña civil Colombia sin Pobreza, el gobierno afirma que su política de seguridad democrática (imponer la presencia del Estado en todo el territorio mediante la colaboración de redes civiles de informantes) eleva la confianza de los inversionistas extranjeros y la actividad económica, lo que a su vez aumenta el empleo y reduce la pobreza.
"Es lo que se conoce como la ley del derrame. Si hay más ricos, sus sobras y migajas caen en los pobres y así se considera que la pobreza disminuye. Pero es una estrategia. Y para lograrla se necesita acomodar algunas cifras y poner en marcha programas que permitan disimular la realidad confundiéndola con entrega de limosnas", dijo Yepes a IPS.
