MONTEVIDEO – La mañana del 28 de junio, la policía antidisturbios acordonó la plaza Taksim con barreras de hierro e impuso la prohibición de cualquier concentración durante el fin de semana en Estambul. Los manifestantes siguieron adelante de todos modos, reapareciendo por las calles laterales cada vez que la policía los dispersaba. Al final del día, la policía había detenido al menos a 50 personas, entre ellas un periodista.
Se trataba de la 24 edición del Orgullo de Estambul, y el 12 año consecutivo en que las autoridades lo prohibían por completo.
La homosexualidad no es ilegal en Turquía, por lo que el Estado no puede procesar a las personas por ser quienes son. En cambio, las castiga por hacerse visibles. Las autoridades prohíben las marchas alegando motivos de «moralidad pública», bloquean el acceso a las cuentas en redes sociales de las organizaciones Lgbti+ y juzgan a los activistas por «obscenidad».
El patrón se repite en un país tras otro. Para un movimiento que ha dedicado décadas a avanzar en la conquista del reconocimiento de sus derechos, esta temporada del Orgullo narra una historia de retroceso. Una reacción concertada está recuperando terreno que antes se había conquistado, y el Orgullo se ha convertido de nuevo en una protesta.
Gran parte de la actual ola de retroceso es una respuesta directa a los logros que los movimientos Lgbti+ han conseguido en las últimas décadas. Las leyes contra la discriminación, el reconocimiento de la igualdad de derechos matrimoniales y la creciente visibilidad pública han proporcionado a los opositores un objetivo claro contra el que movilizarse, y los gobiernos sometidos a presiones económicas o políticas han encontrado en la comunidad Lgbti+ un chivo expiatorio muy conveniente.
Los líderes autoritarios y populistas, ante el descontento por la corrupción, la inflación y el desempleo, redirigen la ira pública hacia una minoría a la que pueden atacar sin coste político, mientras que las instituciones religiosas conservadoras encuentran en la oposición a los derechos Lgbti+, y en particular a los derechos de las personas trans, una causa aglutinadora que les devuelve la pretensión de definir el orden moral de la sociedad.
El resultado es una alianza que se refuerza mutuamente entre el poder político y el conservadurismo religioso, disfrazada de defensa de los niños, la familia y la identidad nacional.
La existencia criminalizada
Un número creciente de Estados va más allá, criminalizando no solo la visibilidad de las personas Lgbti+, sino su propia existencia.
Cuatro Estados de África Occidental han criminalizado las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo en los últimos dos años, justificando su medida como una defensa de la soberanía nacional frente a la influencia occidental.
El gobierno militar de Malí criminalizó la homosexualidad en diciembre de 2024 y la junta de Burkina Faso hizo lo propio en septiembre de 2025. El nuevo código penal de Níger, aprobado el mes pasado, impone penas de hasta 20 años de prisión. En cuestión de semanas, los medios de comunicación informaron de al menos 40 detenciones, la suspensión de los servicios de prevención del VIH y la huida de personas del país.
Las democracias electorales tampoco son inmunes. En Senegal, el parlamento duplicó en marzo la pena máxima por «actos contra natura» a 10 años, y, según se informa, más de 300 «presuntos homosexuales» han sido detenidos en los últimos meses.
El parlamento de Ghana aprobó un proyecto de ley que impone penas de cárcel a cualquier persona que se identifique como Lgbti+ y obliga a la población a denunciar las actividades prohibidas a las autoridades. El presidente John Mahama aún no lo ha promulgado, pero el debate sobre el proyecto de ley ya ha provocado un aumento de los chantajes, los desahucios y la discriminación en el lugar de trabajo.
El modelo es la Ley contra la Homosexualidad de Uganda de 2023, que incluye la pena de muerte por «homosexualidad agravada» y castiga el delito, vagamente definido, de «promover» la homosexualidad con hasta 20 años de prisión.
Todas estas leyes, presentadas como un rechazo a la injerencia extranjera y a los valores importados, se han promovido con fondos extranjeros. Grupos conservadores con sede en Estados Unidos, como el Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia y Family Watch International, han desempeñado un papel clave en la financiación de la defensa de las posiciones contrarias a los derechos.
Días después de aprobar el proyecto de ley, el parlamento de Ghana acogió la Conferencia Interparlamentaria Africana sobre Valores Familiares y Soberanía, una plataforma con vínculos documentados con esos grupos que ha promovido la ley de Uganda como modelo para el continente.
El consenso en retroceso
Los grupos estadounidenses contrarios a los derechos tienen influencia sobre su presidente. Desde que volvió al cargo, Donald Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que reducen las protecciones federales, dirigidas especialmente contra las personas transgénero. Las empresas privadas han captado el mensaje.
Grandes eventos, como el Orgullo de Nueva York y el Orgullo de San Francisco, perdieron patrocinadores en 2025, y el Orgullo de Tampa tuvo que cancelar su desfile de 2026.
Durante años, grupos activistas como la Coalición para Recuperar el Orgullo de Nueva York acusaron a las empresas de «pinkwashing», es decir, de convertir el Orgullo en un vehículo corporativo sin impulsar las reivindicaciones de derechos. Muchos patrocinadores se han marchado ahora, pero por razones equivocadas.
Fueran cuales fueran sus motivos, el patrocinio funcionaba como un sello de aprobación por parte de las instituciones dominantes. El dinero retirado por miedo político se lleva consigo algo más que los presupuestos de los eventos; erosiona un consenso social que tardó décadas en construirse.
Marchando por quienes no pueden
En este contexto, las mayores marchas del año se han convertido en actos de desafío político.
Un millón de personas se manifestaron en São Paulo bajo el lema «La calle convoca, las urnas confirman», de cara a las elecciones generales de octubre en Brasil.
En Bangkok, medio millón de personas —un récord histórico— se manifestaron un año después de que entrara en vigor la ley de igualdad matrimonial de Tailandia, lo que demuestra lo que el reconocimiento legal puede hacer por la visibilidad de una comunidad.
El 27 de junio, decenas de miles de personas se unieron al 31 Orgullo de Budapest, el primero celebrado desde que los votantes derrocaron al gobierno populista de derecha que lo había prohibido en repetidas ocasiones.
Los organizadores consideran esto un punto de partida y presionan al nuevo gobierno con una lista de 14 reivindicaciones que comienza con la derogación de una ley de 2021 contra la «propaganda anti Lgbt», que el máximo tribunal de la Unión Europea ha declarado incompatible con la igualdad y la dignidad humana. Hungría demuestra que, después de todo, el cambio es posible.
En lugares como Indonesia, Iraq, Níger y Uganda, entre muchos otros, no hay ninguna marcha del Orgullo que prohibir, porque celebrarla es impensable. Incluso la organización privada se expone ahora a ser perseguida judicialmente.
En esos lugares, la gente mira hacia fuera, con la esperanza de que una multitud que marcha libremente en otro lugar lo haga también por ellos. Ese es el deber de la temporada del Orgullo para quienes aún tienen libertad para reunirse: movilizarse tanto por sí mismas como por las muchas personas que se ven obligadas a ocultar quiénes son.
Inés M. Pousadela es directora de Investigación y Análisis de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. También es profesora de Política Comparada en la Universidad ORT de Uruguay.
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