Una de las 12 radioemisoras comunitarias que operan legalmente en México soporta balazos, detenciones y amenazas de muerte, otra recibe advertencias por abordar temas relativos a movimientos sociales y una tercera permanece cerrada porque incomoda a autoridades.
Estos casos fueron denunciados ante la autoridad pública. El primero de ellos, el de la estación Calenda del sureño estado de Oaxaca, llegó el jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante denuncia interpuesta por la no gubernamental Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).
Aleida Calleja, representante de Amarc en México, dijo a IPS que las tres radioemisoras —cuyo carácter comunitario determina que no tengan gran alcance ni respondan a intereses comerciales—, requieren protección. "Aquí está en juego el derecho a la libertad de expresión", señaló.
En enero, "el presidente municipal destituido (del municipio San Antonino Castillo de Velasco) disparó directo a un compañero, aunque falló, a otro casi le sacan un ojo de una pedrada y a mí me detuvieron civiles y amenazaron de muerte y luego otros me obligaron a firmar un documento en el que me comprometo a no apoyar actos subversivos", relató a IPS Darío Campos, periodista voluntario de Calenda.
Esa estación que se escucha en San Antonino, un municipio de 4.900 habitantes próximo a Oaxaca, capital del estado homónimo, sufre desde mediados del año pasado la ira del destituido presidente municipal, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo que gobierna el estado.
"Por cubrir el tema de la revuelta y darle cabida a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), que aquí en nuestra comunidad destituyó al alcalde, nuestra radio y sus colaboradores (unas 10 personas) hemos sido atacados", relató Campos vía telefónica desde San Antonino.
En la capital de Oaxaca y en algunos municipios colindantes como San Antonino, la APPO protagonizó el año pasado una revuelta contra el gobernador Ulises Ruiz, del PRI, de quien pedía la renuncia por acusaciones de corrupción y represión.
Entre octubre y noviembre, el movimiento integrado por decenas de organizaciones sociales, fue desactivado con intervención policial y masivas detenciones, en las que se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos, incluida la muerte de una veintena de personas, según denuncian grupos humanitarios.
"Nosotros sólo cumplimos un trabajo de apoyo a la comunidad, que incluye darle información y apoyar los procesos de salud, organización y otros", expresó Campos.
Por su trabajo, este estudiante de economía de 25 años no recibe paga, al igual que la gran mayoría de quienes colaboran en radioemisoras comunitarias.
En general, este tipo de radios reciben amplio apoyo local por el servicio que prestan a sus comunidades, al incluir en su programación contenidos educativos, de derechos humanos, salud y alertas sobre peligros sobre desastres naturales, y también por hablar en sus propias lenguas, como es el caso de las emisoras indígenas.
Según Amarc, Calenda enfrenta amenazas que tienen como fin "acallar su labor informativa".
La denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es para que "la instancia regional dicte las medidas necesarias al Estado Mexicano con el objeto de salvaguardar la vida e integridad física de los integrantes de la radio, así como garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".
Calleja, representante de Amarc, denunció que en Oaxaca también hay problemas con la radioemisora comunitaria indígena Nandia, que operaba en una comunidad mazateca y sufrió represalias de seguidores del PRI en el contexto de la revuelta de la APPO.
Nandia fue cerrada a punta de pistola el año pasado y así permanece hasta ahora a pesar de las denuncias que hemos interpuesto, indicó Calleja.
Otra estación comunitaria con dificultades es La Voladora, situada en Amecameca, zona montañosa del estado de México, vecino a la capital. Los operadores de ese medio de comunicación han sido amenazados de muerte y han recibido mensajes agresivos por informar sobre el atípico Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sobre otros movimientos sociales.
En México operan más de 130 estaciones de radio que se proclaman comunitarias, pero sólo 12, las apoyadas por Amarc, tienen autorización oficial para trabajar. El resto, algunas de carácter religioso y otras administradas por sindicatos, actúan bajo riesgo de clausura.
Aunque la empresarial Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión sostiene que las emisoras comunitarias fomentan la piratería y azuzan a grupos guerrilleros, entre 2004 y 2005 el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, que culminó su gestión de seis años en diciembre, autorizó el funcionamiento de 12.
Tal resolución, demandada por la filial nacional de Amarc desde los años 90, se dio en un marco legal plagado de ambigüedades, lo que otorga gran discrecionalidad al Estado en materia de estaciones comunitarias.
Amarc, con socios en todo el mundo, promueve el desarrollo de la radiofonía comunitaria "como vía para ejercer plenamente la libertad de expresión, el derecho a comunicar y el pluralismo de la sociedad civil, en el entendido de que es una herramienta eficaz para el desarrollo, la paz, la justicia y la solidaridad".
