El nuevo Congreso legislativo de Estados Unidos inicia sus sesiones este jueves con una mayoría del opositor Partido Demócrata en ambas cámaras y con un panorama político favorable a la polémica reforma migratoria.
Una encuesta de la consultora Tarrance Group descubrió que 75 por ciento de los votantes en los comicios legislativos de noviembre esperaban que el nuevo Congreso aprobara una completa reforma migratoria. Cincuenta por ciento de los consultados prefirieron esto, mientras que apenas 37 por ciento apoyaron la idea de sólo fortalecer las fronteras.
Sesenta y ocho por ciento favorecieron brindar un camino para que los inmigrantes indocumentados obtengan estatus legal a través de una multa, siempre que trabajen, paguen sus impuestos, no hayan incurrido en ningún delito y aprendan inglés.
A pesar del cambio en el panorama electoral, continuaron las inspecciones en las fábricas y las deportaciones de obreros indocumentados, dejando una estela de temores en muchas comunidades de inmigrantes.
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Los legisladores republicanos estaban convencidos de que las murallas eran la respuesta a la ola inmigratoria.
El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó restricciones draconianas a la inmigración, incluyendo la construcción de más de 1.000 kilómetros de doble vallado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y la penalización de la indocumentación y de la ayuda a inmigrantes sin papeles. Dieciocho por ciento de los demócratas apoyaron el proyecto.
La dirigencia republicana, sin embargo, no fue capaz de reconciliar el texto de la Cámara de Representantes con el aprobado por el Senado, que incluía un programa de trabajadores "invitados" y un camino para regularizar la situación de algunos inmigrantes indocumentados, proyecto respaldado por el presidente George W. Bush.
Finalmente, en el otoño boreal, los republicanos aprobaron la Ley del Cerco Seguro, que autorizó agregar 1.112 kilómetros de vallado en la frontera a los menos de 160 kilómetros que ya estaban cercados.
Pero el proyecto no asignó fondos, dejando al Departamento de Seguridad Interna sólo con los 1.200 millones de dólares anteriormente aprobados para el reforzamiento de fronteras.
Aunque el Departamento de Seguridad Interna puede construir barreras, parece favorecer otros medios para controlar el ingreso de inmigrantes.
La Corporación Boeing, una importante firma aeroespacial, obtuvo lo que podría convertirse en un contrato por 2.000 millones de dólares para desarrollar un "vallado virtual", una serie de cámaras de vídeo con sensores de calor y movimiento conectadas a través de una red con una base de datos central.
Se prevé que la primera fase de instalación a lo largo de la frontera del meridional estado de Arizona se complete este año.
Paradójicamente, un contratista de la construcción de vallas en el sur del occidental estado de California, que fabricó parte del vallado entre San Diego y Tijuana, tuvo que pagar en diciembre casi cinco millones de dólares en multas —y dos de sus ejecutivos podrían enfrentar sentencias a prisión— por contratar a trabajadores indocumentados.
En las elecciones parlamentarias de noviembre, la inmigración demostró tener muy poco éxito como tema de estímulo. Varios candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes y a gobernadores que hicieron campaña sobre una plataforma de "volverse duros" en materia de inmigración perdieron por lejos.
Las encuestas hallaron que, a nivel nacional, la guerra en Iraq y el terrorismo eclipsaron el tema de la inmigración para los votantes. Los diputados republicanos obtuvieron apenas 27 por ciento de los sufragios latinoamericanos, mientras que Bush había conseguido 44 por ciento en 2004.
Aun antes que el nuevo Congreso iniciara sus sesiones, un grupo bipartidario de legisladores había comenzado a trabajar en un proyecto de ley para ampliar las oportunidades de los indocumentados para obtener estatus legal.
El proyecto del Senado permitía la regularización solamente a inmigrantes que habían estado en el país durante por lo menos cinco años. Los críticos dijeron que esto alentaría un mercado de documentos falsos.
Los autores del nuevo proyecto, según The New York Times, consideran ampliar la disposición para permitir que inmigrantes más recientes legalicen su condición.
El nuevo texto también puede incluir alguna clase de programa de trabajador temporal.
Ana Avendaño, directora del programa de trabajadores inmigrantes de la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la mayor confederación obrera de Estados Unidos, dijo a IPS que la organización se oponía a cualquier ley que no concediera plenos derechos laborales.
Además, consideró "inconcebible" que la nueva generación de congresistas demócratas favorables a los trabajadores apruebe un programa masivo de empleados temporales.
Jorge Durand, experto mexicano en migración de la Universidad de Guadalajara, dijo a IPS que cualquier programa de trabajo temporal también debería incluir incentivos para que los mexicanos regresen a su país.
"Muchos quieren venir (a Estados Unidos) a trabajar, no a vivir, y luego regresar a sus hogares", pero la creciente vigilancia ha hecho que ir y venir sea cada vez más peligroso y caro, indicó.
