Pese a que Chile es su mejor socio comercial en América del Sur, Estados Unidos le aplicó sanciones argumentando que no protege la propiedad intelectual, lo que reinstala el debate sobre el acceso equitativo a los medicamentos y las presiones de la industria farmacéutica.
Ernesto Benado, director de la no gubernamental Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), dijo a Tierramérica que este conflicto replantea el tema de la vigencia de las patentes a largo plazo, haciendo que los medicamentos mantengan "precios exorbitantes".
El 8 de enero, la representante de Comercio del gobierno de George W. Bush, Susan Schwab, anunció que Chile fue puesto en una "lista de vigilancia prioritaria", por falta de medidas efectivas para resguardar la propiedad intelectual de productos farmacéuticos, musicales, fílmicos e informáticos.
La sanción, que coincide con el tercer año de vigencia del tratado de libre comercio (TLC) entre los dos países, implica una degradación de Chile dentro de los tres rangos que aplica Estados Unidos: "lista de vigilancia", para casos menos graves, de "vigilancia prioritaria", para situaciones preocupantes, y "lista de países prioritarios" para casos graves.
Chile es el único país sudamericano que tiene vigente un TLC con Estados Unidos.
Al anuncio estadounidense de sanciones, siguieron declaraciones de preocupación de parte de la Unión Europea (UE), que insiste en que Chile ratifique el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) que, aunque debía ser suscrito antes del primero de enero, aún no ha sido enviado al Poder Legislativo.
En un estudio de la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, Chile figura en el cuarto lugar mundial en materia de violación a la propiedad intelectual.
El ministro chileno de Economía, Alejandro Ferreiro, aseguró que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet está cumpliendo las obligaciones del tratado y calificó de "decepcionante" el anuncio de sanciones de Estados Unidos.
Carlos Fourche, director de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería chilena, dijo al diario El Mercurio que hay "diferencias de interpretación" sobre el TLC y que es "evidente" la "enorme influencia" de la industria farmacéutica estadounidense en la decisión del gobierno de Bush.
Benado coincidió. "Para Chile, cuando la patente de un producto (farmacéutico) ha expirado, queda libre para ser comercializado como genérico. En cambio, Estados Unidos promueve que la patente pueda extenderse autorizando segundos usos", señaló a Tierramérica.
"Nuestra organización defiende los intereses de los consumidores. Creemos que en países en desarrollo como Chile no se debería entregar patentes porque eso significa que los medicamentos salen al mercado con precios exorbitantes", añadió el dirigente de Conadecus.
Para Claudio Lara, experto en economía política de la privada Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis), el conflicto se originó en que a fines de 2003 el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) estaba "muy apurado" en firmar el TLC y no negoció adecuadamente el último tema, precisamente el de la propiedad intelectual.
"El país quedó muy expuesto", dijo Lara a Tierramérica. Considera, sin embargo, que Bush no está muy preocupado por Chile, que es un mercado pequeño, sino que con esta sanción "quiere presionar al resto de los países de América Latina", en especial a Brasil y México, para que se adscriban a sus pautas de concesión y vigencia de patentes.
Desde la entrada en vigencia del TLC el 1 de enero de 2004, el comercio entre Chile y Estados Unidos creció 134 por ciento, con un balance favorable a la nación sudamericana. Entre enero y noviembre de 2006 el intercambio fue de 13.334 millones de dólares, de los cuales 8.272 millones correspondieron a exportaciones chilenas.
El uso de las patentes farmacéuticas es uno de los temas más conflictivos en las negociaciones de la Ronda de Doha en la Organización Mundial de Comercio, donde países como Brasil, India y Sudáfrica reivindican el derecho a producir medicinas genéricas para controlar enfermedades de alto impacto social, como el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
En un foro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor y abogado Gabriel Zaliasnik sostuvo que las autoridades chilenas están protegiendo efectivamente la propiedad intelectual, pero planteó no caer en excesos que lleven a abusos monopólicos, especialmente en la industria farmacéutica.
La piratería de programas informáticos, música y películas, el otro aspecto invocado por Schwab para sancionar a Chile, mueve 182 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Comisión Nacional Antipiratería (Conapi), una red de organizaciones empresariales y de creadores artísticos.
De ese total, la reproducción y venta ilegal de programas informáticos constituye el mayor monto, con 135 millones de dólares, en tanto la piratería de música equivale a 30 millones y la de películas en discos compactos y vídeos a 17 millones de dólares.
Fuentes de la Conapi dijeron a Tierramérica que actualmente se tramitan unos 430 juicios en los tribunales por actos de comercio ilegal y piratería, que incluyen igualmente la impresión ilegal de libros.
La comisión sostiene que Chile pierde 160 millones de dólares anuales en impuestos no recaudados debido al comercio ilícito y la piratería, en el cual participan altos contingentes de desempleados, y que con esta suma se financiarían medidas sociales propuestas por el gobierno cuyo costo asciende a 140 millones de dólares.
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 20 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
