Con dos de los tres puentes entre Argentina y Uruguay bloqueados por activistas contrarios a la instalación de una planta de celulosa, los gobiernos de ambos países aguardan el inminente fallo de la Corte de La Haya sobre la demanda de libre tránsito presentada por Montevideo.
A partir de este fin de semana permanece cortado por tiempo indeterminado el tránsito de vehículos sobre la ruta 135 hacia el puente que une la oriental localidad argentina de Colón con Paysandú, capital del occidental departamento uruguayo de igual nombre.
La medida fue impulsada por vecinos de la cercana Gualeguaychú, que bloquean desde diciembre el principal paso terrestre sobre el limítrofe río Uruguay, entre esa ciudad y la uruguaya Fray Bentos, en protesta por la instalación en esta última localidad de la fábrica de pasta para producir papel de la empresa finlandesa Botina. Consideran que será contaminante.
De este modo, la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú logra distorsionar el cruce de ida y vuelta hacia Uruguay de turistas argentinos y de miles de inmigrantes uruguayos en el vecino país, en el auge del verano austral, causando un perjuicio económico que Montevideo calculó en la temporada pasada, ante protestas similares, en unos 500 millones de dólares.
Uruguay recibió casi 45.000 turistas argentinos en la primera semana del año, 14.000 menos que el mismo lapso de 2006, pese a que ya en esa ocasión se produjeron largos periodos de corte de tránsito por Gualeguaychú, indicaron a IPS fuentes oficiales uruguayas.
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Las playas del sur y este de Uruguay son el destino turístico tradicional de decenas de miles de argentinos, que constituyen alrededor de 80 por ciento de los visitantes anuales a este país de 3,2 millones de habitantes.
Representantes legales de los dos países estiman que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, tomará decisión en los próximos días sobre la demanda presentada por Uruguay para que obligue al gobierno argentino de Néstor Kirchner a que despeje las rutas, argumentando que se viola la libre circulación establecida en el tratado del Mercosur.
Precisamente, las expectativas también están centradas al respecto en la cumbre del Mercosur (Marcado Común del Sur), que conforman estos dos estados junto a Brasil, Paraguay y Venezuela, a realizarse el jueves y el viernes próximos en Río de Janeiro.
Buenos Aires se ha negado sistemáticamente a tratar esta controversia en ese ámbito, apoyado por Brasil, pero desde Paraguay, que tomará la presidencia semestral del bloque en esta reunión, ya se escuchan voces autorizadas proclives a que se intervenga.
El presidente del flamante Parlamento del Mercosur, el paraguayo Alfonso González Núñez, señaló que una de las prioridades a tratar en ese ámbito será buscar una mediación entre Argentina y Uruguay, porque es "insostenible" para el bloque que estos dos países estén enfrentados.
Una de las posibilidades es crear una comisión de seguimiento, que pueda acercar las posiciones entre Kirchner y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, indicó, en entrevista al diario montevideano El País, el titular del parlamento regional nacido el 14 de diciembre.
El diferendo entre los dos países llegó el año pasado a La Haya ante la demanda presentada por Argentina, que acusa a Uruguay de vulnerar el tratado bilateral de 1975 del río limítrofe al no acordar previamente, como se establece allí, la instalación de la planta de Botnia y otra de la española ENCE que ya fue desechada por la propia firma. Montevideo aduce que fue convenido.
Este lunes, Argentina presentará ante la Corte un escrito complementario de más de 400 páginas con los argumentos por los cuales se opone a la instalación de la fábrica. Pero la sentencia de este tribunal se presume que tardará varios años en emitirse.
Si bien el gobierno de Kirchner respalda la protesta de vecinos y ambientalistas de Gualeguaychú, trata de desactivar los bloqueos por entender que afecta su estrategia ante el tribunal internacional. Empero, ha asegurado que no apelará a la fuerza pública para desbloquear las rutas.
Esa disyuntiva se presentó con todo su rigor el viernes, cuando debió apelar a la prevención con alrededor de 1.000 efectivos de Prefectura Naval para que los turistas que usan la vía fluvial para ir a Uruguay pudieran embarcar sin dificultad pese a la presencia de manifestantes de Gualeguaychú en el puerto de Buenos Aires. Las autoridades temían algún hecho de violencia.
El objetivo de la movilización fue la terminal portuaria de Buquebús, la única empresa naviera, que comunica a los dos países a través del Río de la Plata y que desde que se cortó el tránsito en el puente de Gualeguaychú, el más cercano a Buenos Aires, ha duplicados sus cruces diarios por los distintos tipos de embarcaciones.
La justicia ordenó impedir que se obstaculizara la salida de barcos y el amplio dispositivo de seguridad puesto en marcha impidió que los manifestantes se acercasen a la estación fluvial.
Los organizadores de la protesta habían advertido que podrían bloquear la salida de buques y mencionaron la posibilidad de arrojar huevos podridos al asfalto para que los automóviles que subieran a los barcos se impregnasen del olor que ellos aseguran sentirán cuando la planta comience a producir celulosa.
Pero la protesta fue pacífica y con menos manifestantes que efectivos de seguridad, pese a que fue apoyada por asambleas barriales de Buenos Aires, líderes estudiantiles, pequeños partidos de izquierda y por parte del movimiento de desocupados, llamados piqueteros precisamente porque impusieron el bloqueo de rutas como forma de protesta desde mediado de los años 90.
Los viajeros se embarcaron con normalidad y sólo recibieron volantes que hacían referencia al conflicto.
"Nuestro objetivo es oponernos a las pruebas hidráulicas que anunció Botnia", dijo a IPS José Poulet, coordinador de la Asamblea.
Por su parte, Vilma Ripol, dirigente del partido Izquierda Unida, explicó a IPS que decidieron apoyar a los asambleístas por considerar que "su lucha es justa". "Hay que forzar al gobierno a profundizar las medidas a través de un boicot a los insumos de Argentina que se destinen a la planta", remarcó.
Los vecinos de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos y a 350 kilómetros al norte de Buenos Aires, consideran que serán los principales damnificados de una eventual contaminación de la fábrica, y desde 2003 piden su reubicación.
Lo mismo reclamaban de ENCE, que planificaba una planta en la misma zona, pero se logró frenar el proyecto y ahora anunció que se radicará más al sur, en la naciente del Río de la Plata.
Pero en el gobierno argentino comienzan a percibirse fisuras en este asunto. La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Romina Picolotti, quien fue abogada de los asambleístas hasta que Kirchner la designó para el área, responsabilizó esta semana a la cancillería por la marcha del proceso en La Haya, que hasta ahora le ha sido desfavorable.
A su vez, fuentes de la cancillería que prefirieron el anonimato cuestionaron las intervenciones de Picolotti en favor de los vecinos que mantienen los bloqueos de ruta.
El canciller Jorge Taiana advirtió el jueves que esa protesta "no favorece" la discusión en La Haya y, en cambio, "agrava la situación".
"Nosotros estábamos de acuerdo en ir a La Haya, pero en 2003, cuando supimos que se instalarían Botnia y ENCE, pero el gobierno tardó tres años en hacerlo, y ahora no tenemos ninguna expectativa en esa vía", remarcó Poulet ante IPS.
Durante el acto en el puerto de Buenos Aires, el asambleísta Daniel Pérez Molemberg acusó al presidente Kirchner de "falta de coraje" y advirtió que "la lucha pacífica" de la ciudad de Gualeuaychú "va a seguir" en reclamo de la "reubicación" de Botnia.
"Estamos aquí para que este gobierno, que pone tanta policía para cuidarnos, ponga autoridad para garantizar que se respeten nuestros derechos ambientales y constitucionales", subrayó.
