El crimen organizado pretende «desestabilizar» el orden carcelario en Brasil con los atentados que ya mataron a cuatro guardias desde la semana pasada, denunció el presidente del Sindicato de Funcionarios del Sistema Penitenciario del estado de Sao Paulo, Joao Rinaldo Machado.
El clima de tensión que viven los policías en el meridional estado brasileño de Sao Paulo desde mayo, cuando 42 de ellos fueron asesinados, se convirtió ahora en terror para los agentes de las cárceles. En ese marco, la respuesta de las fuerzas de seguridad costó la vida, a su vez, de más de 120 presuntos delincuentes.
La serie de asesinatos selectivos empezó el 28 de junio, cuando Nilton Celestino recibió más de 10 disparos en Itapecerica da Serra, pequeña ciudad de la región metropolitana de la ciudad de Sao Paulo, la capital estadual.
En los cuatro días siguientes otros tres agentes fueron muertos a tiros en distintos barrios paulistas. Analistas interpretaron estas acciones como una posible represalia por la muerte de 13 supuestos miembros de la mafia llamada Primer Comando de la Capital (PCC), sorprendidos cuando, según la policía, pretendían atacar una cárcel en otra ciudad metropolitana.
Pero se trata de un plan anterior, de "aterrorizar a los funcionarios de los presidios" para doblegar la red de 144 cárceles del estado de Sao Paulo, donde trabajan 22.000 guardias penitenciarios y 3.000 agentes de escolta, sostuvo Machado a IPS.
"Somos blancos vulnerables, sin el poder de reacción armada que tienen los policías", observó. El crimen organizado estaría, en su opinión, tratando de cambiar la "disciplina rígida" que se estableció especialmente en los presidios del interior del estado, cambiando el régimen carcelario.
En el estado de Sao Paulo, la organización criminal encabezada por el PCC se concentra en las prisiones, donde está la jefatura, a diferencia de Río de Janeiro, donde el comando está en libertad y se ubica en las "favelas" (barrios marginados y hacinados) dominadas por el narcotráfico, señaló.
Los investigadores de violencia y criminalidad apuntan como uno de los factores de esa situación el explosivo aumento de encarcelados en Sao Paulo en los últimos años.
La población carcelaria pasó de 53.000 presos en 1999 a 105.000 en la actualidad, según el ex secretario de Administración Penitenciaria del estado Nagashi Furukawa, quien renunció después de la crisis de mayo, cuando enfrentó rebeliones en 80 presidios. El aumento es a razón de 1.000 presos como promedio mensual, un proceso casi imposible de manejar, según los expertos.
La ofensiva del crimen organizado desde la semana pasada, que comprendió otros atentados en los que no se registraron muertos, provocó en el personal policial cambios de residencias y pedidos de licencia por cuestiones de salud, además de estimular el deseo de dejar la función por parte de los agentes más jóvenes, informó Machado.
Además de la inseguridad provocada por atentados sufridos en la residencia o en el camino al trabajo, los familiares ejercen "mucha presión" por cambios en el trabajo, destacó, incluyéndose él mismo entre los "presionados por padre, madre y esposa".
Los funcionarios representados por Sindicato de Funcionarios del Sistema Penitenciario del estado de Sao Paulo (Sifupesp) han comenzaron paralización de actividades desde el domingo en protesta y para reclamar a las autoridades que "identifiquen a los autores intelectuales de los atentados", indicó Machado.
También solicitan que se neutralice a los grupos del crimen organizado "dentro y fuera de las cárceles", añadió. La manifestación de la víspera, "que no es huelga", afectó a 28 presidios.
En su opinión, la policía debe proseguir su ofensiva contra la criminalidad y "endurecer el régimen carcelario", cumpliendo rígidamente las leyes y reglas para los presos, evitando que las rebeliones en los presidios y los atentados logren "desestabilizar" el sistema de seguridad.
Los agentes penitenciarios, que por ley sólo pueden andar armados dentro de los presidios o en misiones específicas, reclaman ese derecho de porte también para su propia protección. "No es la solución contra esos atentados", pero protegería a los agentes de amenazas y encuentros casuales con ex encarcelados, apuntó como ejemplo Machado.
La Policía Federal, bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia, anunció que les concederá portes de armas sólo ante una situación de emergencia, mientras se aprueba una nueva legislación extendiéndoles ese derecho.
La guerra entre el aparato de seguridad pública de Sao Paulo y la mafia del PCC empezó el 12 de mayo, cuando 42 efectivos tanto de las policías militar y civil, guardias municipales y agentes penitenciarios fueron asesinados en atentados cometidos en varias ciudades. La represión consecuente implicó la muerte de más de 120 supuestos criminales.
Entre el 12 y el 20 de mayo fueron muertas 492 personas a tiros en el estado de Sao Paulo, según datos de los institutos médico-legales. Una cifra que representa más del doble del promedio usual de homicidios diarios.
El índice de homicidios, que venia cayendo en Sao Paulo desde 1999, deberán alterar la tendencia este año, si prosigue la matanza de quienes ahora se volvieron víctimas, especialmente los funcionarios de las cárceles superpobladas.
