CARACAS – Estados Unidos logró, con una operación militar relámpago, convertir en un protectorado petrolero de facto a Venezuela, país que en el siglo XX promovió la alianza de los países del Sur productores de petróleo frente a las trasnacionales del Norte, y cuyo Estado manejaba con autonomía su industria de hidrocarburos.
Ahora, Washington trata a Venezuela “como una entidad tutelada, un protectorado extractivista, que sirve para sacar materias primas, rápido y barato, y para tener un suministro directo, sumamente controlado y confiable, más allá de los países del Medio Oriente que son independientes”, dijo a IPS el economista Manuel Sutherland.
Estados Unidos “controla a quien se le vende el petróleo venezolano y a quien no, fija plazos y cuotas: tiene una herramienta de presión que le da poder y dominio regional”, apuntó Sutherland, director del doctorado en desarrollo del Centro de Estudios del Desarrollo de la caraqueña Universidad Central de Venezuela.
El dinero que produce el petróleo venezolano, que extraen la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y varias empresas extranjeras, no ingresa directamente a las arcas del país, pues primero va a una cuenta manejada por Estados Unidos.
Solo después de que Caracas le presenta presupuestos mensuales, la administración estadounidense entrega las sumas que considera y decide. Ha subrayado que son cantidades mayores a las de antes de su intervención, pues Venezuela entregaba crudo a China para amortizar deudas.
“Washington trata a Venezuela como una entidad tutelada, un protectorado extractivista, que sirve para sacar materias primas, rápido y barato, y para tener un suministro directo, sumamente controlado y confiable”: Manuel Sutherland.
Pero “no hay transparencia porque no hay la información debida, oportuna y suficiente. El gobierno de Estados Unidos no informa ni tampoco lo hace el de (la presidenta encargada de Venezuela) Delcy Rodríguez”, dijo a IPS José Guerra, exdirector de la Escuela de Economía de la Universidad Central.
Al cabo de años sin informes oficiales sobre numerosas áreas de actividad, recién el pasado 22 de junio el emisor Banco Central (BCV) entregó algunas cifras sobre las cuentas y la situación económica del país.
El BCV dijo que durante el primer trimestre de este año ingresaron por exportación petrolera 5491 millones de dólares (70 % de los ingresos por exportaciones), 19 % más que en el mismo período de 2025 y más aún que en otros trimestres de ese año.
El cambio puede atribuirse a que se requiere poner los números en blanco y negro de cara a una renegociación de la deuda externa y a una reanudación de los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por cierto, la cuenta que más angustia genera a los cerca de 29 millones de habitantes del país -de lo que tampoco hay cifras o proyecciones oficiales fiables-, es la de la inflación, oficialmente solo 6,3 % el pasado mayo, pero que anualizada alcanza a 547 %, la más alta del mundo.

Todo comenzó una madrugada
En la madrugada del 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron un asaltó aéreo sobre Caracas que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro -en el poder desde 2013- y de su esposa Cilia Flores, y la muerte de unas 100 personas, casi todos militares, entre ellos 32 custodios cubanos del gobernante.
El presidente estadounidense Donald Trump informó y celebró la operación apenas Maduro llegó cautivo a uno de sus buques, rumbo a Nueva York donde está preso y procesado por presuntos delitos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.
“Gobernaremos el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata», dijo Trump al confirmar la fulminante incursión militar desde su complejo turístico de Mar-a-Lago, en el sudoriental estado de Florida.
En los días, semanas y meses siguientes Estados Unidos ha mostrado cómo asumió el control y gobierno de Venezuela, comenzando con el respaldo claro a que Rodríguez, la vicepresidenta designada por Maduro, asumiese la jefatura del Estado, y cómo las petroleras estadounidenses han comenzado a beneficiarse.
Rodríguez ocupa el cargo por tiempo indefinido después de que el Tribunal Supremo de Justicia -en Venezuela todos los poderes están en manos del oficialismo- declaró la “ausencia forzosa” de Maduro, una figura inexistente en la Constitución, que solo contempla faltas temporales del gobernante por un lapso máximo de seis meses, que se cumplen el 3 de julio.
Si se declarase la falta absoluta de Maduro, deberían convocarse elecciones, en las que muy seguramente triunfaría la líder de la oposición María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, lo que claramente no quiere Trump, al menos por ahora, mientras muestra y maneja a Venezuela como trofeo de guerra.
Aunque hay interlocución entre Machado y la administración de Trump, el mandatario republicano constantemente elogia “el magnífico trabajo” que hace Rodríguez, para posibilitar la estabilidad y los negocios en beneficios de ambos países.
Su secretario de Estado, Marco Rubio, definió las tres fases -también sin límite temporal- para el cambio que se proponen en Venezuela: estabilización, tras el impacto del 3 de enero; recuperación de su economía, y transición a la democracia. Unas nuevas elecciones llegarían entrado 2027 o quizás en 2028.

Cómo funciona el protectorado
Distinta de la colonia, el protectorado es una figura del derecho internacional mediante la cual un país fuerte coloca bajo su protección a una nación más débil, encargándose de la defensa, relaciones exteriores y tareas de seguridad, y el país así protegido conserva sus autoridades y manejo de los asuntos estrictamente internos.
Protectorados del Reino Unido fueron entre los siglos XIX y XX Botsuana, Egipto, Esuatini y Lesoto en África, y monarquías petroleras del Medio Oriente: Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. España manejó con esa figura parte de Marruecos entre 1912 y 1956.
En Venezuela, el manejo comenzó el 3 de enero, cuando los civiles y militares que la gobiernan aceptaron la decisión de Trump de que Rodríguez llenase el vacío dejado por el secuestro de Maduro, situación bautizada de modo vaporoso como “nuevo momento político”.
Del lado estadounidense se estrenó con la toma de entre 50 y 100 millones de barriles (de 159 litros) de crudo, que saturaban los depósitos venezolanos, y fueron vendidos por las autoridades de Estados Unidos a su conveniencia.
Un ejemplo, entre muchos, del dominio de Estados Unidos, fue la autorización para reanudar los embarques de petróleo hacia la India. Cuando Rodríguez visitó Nueva Delhi este junio, en una reunión inusual en ese tipo de giras rindió información de primera mano al embajador estadounidense en esa capital, Sergio Gor.
“Se muestra poder y dominio regional al decidir quién puede extraer los recursos, venderlos y comprarlos. Las compañías importadoras pagan el petróleo a precios de mercado, pero con un suministro más confiable”, en tanto Washington se dota de una herramienta diplomática y política importante, expresó Sutherland.
Poco después del 3 de enero se reabrió la embajada de Estados Unidos en Caracas, cerrada desde la ruptura de relaciones en 2019. La Asamblea Nacional legislativa de Venezuela modificó en cuestión de días las leyes de Hidrocarburos y de Minería para facilitar el ingreso de compañías extranjeras, sobre todo estadounidenses.
Algunas ya estaban aquí y decidieron ampliar sus operaciones, como las petroleras Chevron, estadounidense, y Repsol, española, que se cobran viejas acreencias.
Una herramienta fundamental en el control de Estados Unidos sobre la economía de Venezuela es la concesión, o en su defecto el retiro, de licencias para que puedan operar segmentos de producción y negocios -generalmente petróleo, minería y finanzas- determinadas empresas o tipos empresas.
Irrespetar o tratar de eludir esos mandatos acarrea como castigo el bloqueo de operaciones a través del sistema financiero estadounidense y la congelación de activos, un riesgo del que huyen la mayoría de las firmas occidentales.
Venezuela, además, ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, principalmente a funcionarios civiles y militares, y a empresas y otras entidades estatales, desde el año 2017.
En marzo, Estados Unidos reabrió su embajada en Caracas. Visitaron Venezuela sus secretarios de Interior y Energía, Doug Burgum y Chris Wrigh; los generales Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, y Francis Donovan, jefe del Comando Sur, y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.
Trump, incansable en declaraciones a cuál más provocadora, después de plantear la anexión a su país de Canadá y Groenlandia distinguió también a Venezuela como posible estado número 51, mientras en paralelo pedía arreciar la deportación de venezolanos sin papeles suficientes para permanecer en Estados Unidos.
En la comunidad política y mediática tanto de Venezuela como de Estados Unidos ya se da por sobreentendido que Washington toma decisiones, las convierte en “líneas” que llegan a Caracas, y los poderes públicos venezolanos las acatan y cumplen.

La transparencia, en el olvido
Guerra lamenta que en la información acerca de cómo se maneja la economía venezolana “la opacidad es de los dos lados, de Washington y de Caracas. Debe haber un acuerdo, quizás existe, para la distribución del ingreso petrolero, pero no se conoce su contenido”.
Destaca que, a falta de información oficial, los economistas han apelado a cálculos propios, siguiendo los reportes de los mercados, contrastados con las cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).
La Opep, creada en 1960 por Arabia Saudí, Irán, Iraq, Kuwait y Venezuela para contrarrestar el poderío de las trasnacionales, impulsó el manejo soberano del recurso petrolero, un camino en el que Venezuela ha retrocedido al extremo marcado por el nuevo “momento político” bajo la tutela de Estados Unidos.
Este año 2026, con la situación del mercado mundial afectado por la crisis en el Medio Oriente, y a los precios en que se cotiza el crudo, Venezuela puede ingresar unos 23 000 millones de dólares por ventas de petróleo, dijo Guerra.
Recordó que el presupuesto del Estado, elaborado con base en la situación de 2025, prevé ingresos petroleros de 12 250 millones de dólares. Pueden quedar así unos 10 000 millones como ingresos extraordinarios en un terreno abonado por la opacidad.
Sostuvo que desde el punto de vista de la transparencia casi nada ha cambiado desde el 3 de enero, en tanto la inflación y la depreciación de la moneda, el bolívar, devoran el ingreso de los venezolanos.
El salario mínimo en Venezuela -y las pensiones que entrega el Estado- se mantiene en unos centavos de dólar al mes, en tanto los trabajadores públicos y privados reciben buena parte de su paga y los incrementos de ingreso en bonos sin incidencia en las prestaciones exigibles al término de la relación laboral.
Trump dijo el 6 de mayo a periodistas en su despacho de la Casa Blanca que en Venezuela “la gente está realmente feliz, están bailando en las calles porque tienen mucho dinero entrando a través de las grandes compañías petroleras”.
Sutherland lamentó que en el conjunto de acuerdos y medidas pactadas por quienes manejan los hilos de la nueva situación “no se está tomando en cuenta a la clase obrera y las dificultades que tiene para recuperar su salario”.
“Tampoco a los servicios públicos que, de aumentar la producción petrolera, pudieran resentirse, sobre todo la electricidad (indispensable para elevar la producción de hidrocarburos), mientras que hay un déficit muy importante, de entre 3000 y 4000 megavatios (Mwh)”, apuntó Sutherland.
Agregó que “en los cambios económico-financieros no hay mayor mejora”, como muestra que “la devaluación del tipo de cambio pasó de unos 300 bolívares por dólar en enero a 600 bolívares en junio”.
Para Sutherland, en suma, “Estados Unidos está apostando a recuperar la estructura extractivista básica venezolana y lo que está alrededor de ella”, pero la desatención a los aspectos sociales “puede crear mayores dificultades y penurias, lo que puede implicar problemas como que aumente la migración”.
La tutelada presidenta encargada, quien fue la número dos de Maduro, a su vez heredero de Hugo Chávez (1999-2013), declaró el día 22 que “han transcurrido casi seis meses y siento que ha sido el camino correcto dirimir las controversias, dirimir las diferencias» con Estados Unidos, en un cambio radical con la fiera confrontación que signo al chavismo con Washington hasta el 3 de enero.
ED: EG


