Graves casos de abuso sexual y violencia padecidos por mujeres, niños y niñas en las comunidades aborígenes de Australia quedaron al descubierto en el V Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, que sesiona en Nueva York hasta este viernes.
En la reunión, que se desarrolla en la sede de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) desde el 15 de este mes, representantes de 370 millones de aborígenes de 70 países demandan una plena participación en las decisiones que los afectan.
Un informe confidencial luego filtrado a la prensa, realizado por Nanette Rogers, fiscal del gobierno australiano en el septentrional Territorio del Norte, reveló cómo la rampante violencia contra mujeres y niños aborígenes en ese país ha estado oculta bajo un manto de silencio facilitado por la propia cultura indígena, caracterizada por la sumisión y el temor.
Activistas también responsabilizan al gobierno de inacción y de negligencia ante una tragedia que tiene sus raíces en las políticas racistas de los primeros colonizadores europeos, quienes, entre otras cosas, separaron a la fuerza a decenas de miles de niños de sus familias entre 1900 y 1970 para eliminar la sangre aborigen.
Uno de los peores casos registrados por Rogers fue el de una niña de seis años ahogada mientras era violada por un muchacho de 18 que había inhalado gasolina. Otro caso impactante fue el de dos niños que requirieron cirugía tras ser atacados sexualmente por hombres, mientras sus madres bebían alcohol en otro lugar.
Los indígenas constituyen apenas dos por ciento de los 20 millones de habitantes de Australia, pero sufren proporciones mucho más altas de alcoholismo, desempleo, encarcelamiento y abusos domésticos.
Los aborígenes y los habitantes en general de las nororientales islas Torres Strait, de Australia, están entre las poblaciones más marginadas del mundo desarrollado. Los homicidios son la principal causa de muerte prematura entre las mujeres indígenas, que también son 45 veces más propensas a ser víctimas de violencia doméstica que otras australianas.
Sin embargo, muchos de estos delitos no son reportados, dado que las víctimas tienen miedo a represalias, acoso e intimidación desde dentro de sus propias comunidades.
Rogers, abogada defensora desde hace 15 años, señaló en su informe "Ataques sexuales a niños y asuntos culturales en el Territorio del Norte" que el pueblo aborigen de Australia central debe tener el valor de reportar los delitos, pero también presentar la evidencia correcta en los tribunales.
También señaló que en el caso de la víctima de seis años hubo una audiencia ante un magistrado en la que otros niños testigos presentaron evidencia gráfica. Pero el caso pronto fue superado por nuevas tragedias, como suicidios, accidentes fatales y otras muertes prematuras.
Rogers destacó que los niños que crecen siendo testigos o protagonistas de esta violencia se brutalizan y continúan cometiendo actos violentos cuando son adultos.
Para ilustrarlo citó el caso de un hombre que violó a su propia hija pequeña mientras amenazaba a su esposa y a sus otros hijos con un cuchillo. Luego se descubrió que la niña había quedado embarazada.
Las mujeres y las niñas indígenas son 28 veces más propensas que otras australianas a ser admitidas en hospitales por heridas derivadas de ataques, según un informe de 2003 compilado por el Buró Australiano de Estadísticas y el Instituto Australiano para la Salud y el Bienestar.
A los del sexo masculino no les va mejor. La semana pasada, investigadores de la Universidad de Tecnología del nororiental estado de Queensland revelaron que los niños aborígenes tenían 10 veces más probabilidades de ser violados que otros australianos.
En los últimos 12 meses, en la localidad de Alice Springs, en el Territorio del Norte, hubo varios casos de mujeres menores de 20 años que apuñalaron a sus novios, con consecuencias fatales.
El presidente del Partido Laborista australiano, Warren Mundine, dijo que, al hacer oídos sordos a la violencia, las autoridades están volviendo endémico el problema. Mundine fue citado diciendo que "la policía no quiere involucrarse" y que "los gobiernos tienen miedo porque no quieren ser calificados de racistas".
El comisionado australiano de justicia social para los aborígenes e isleños de Torres Strait, Tom Calma, afirmó que los gobiernos necesitan trabajar con las comunidades y las familias para abordar factores socioeconómicos que causan la violencia.
El funcionario subrayó la necesidad de mejorar la vivienda y las condiciones de vida de los aborígenes, crear empleo, instalar centros recreativos y diseñar programas de educación sanitaria para la comunidad en general.
La organización Oxfam pronosticó que, a menos que el gobierno actúe, en las comunidades indígenas continuarán los abusos. James Ensor, director ejecutivo en funciones de la filial australiana de esa agencia, señaló que "el subfinanciamiento crónico de los servicios básicos contribuyó con esta crisis".
En el presupuesto federal para 2006-2007, apenas unos 90 millones de dólares fueron asignados a salud indígena, aunque la Asociación Médica Australiana identificó un déficit anual de 345 millones de dólares en gasto de atención primaria a la salud de los aborígenes.
"Las políticas verticales y determinadas por Canberra no funcionaron y no funcionarán", opinó Ensor, agregando que los líderes indígenas deben estar en el centro de la toma de decisiones a todos los niveles.
Aunque el ministro australiano para Asuntos Indígenas, Mal Brough, quiere convocar a una cumbre de estado y de líderes territoriales de emergencia para discutir el asunto, la ministra jefa del Territorio del Norte, Clare Martin, considera que una cumbre nacional logrará poco, ya que la población aborigen reclama acciones concretas.
Brough subrayó que el gobierno federal estaba dispuesto a intervenir con el fin de sacar a los niños y niñas de situaciones abusivas y obligar a los padres con problemas de alcohol y drogas a buscar tratamiento.
