El gobierno español promete un plan para detener el progresivo aumento de las emisiones de gases que recalientan la atmósfera. Pero activistas desconfían y reclaman acciones concretas para no seguir en sentido contrario en la ruta del Protocolo de Kyoto.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró la pronta puesta en marcha de un programa para frenar las emisiones y se manifestó confiada en lograr ese propósito, al punto de asegurar que ya a fines del año en curso se podrá comprobar esa reducción.
Narbona señaló a IPS que también ya se han fijado normas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero en casi un millar de grandes empresas, una medida por primera vez aplicada en España.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, está diseñando la llamada Estrategia de Desarrollo Sostenible contra el Cambio Climático, que será llevada adelante por todos los ministerios y comunidades autónomas, la que se aprobará y se pondrá en práctica antes de finalizar este año.
La primera ley para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero en España se aprobó el año pasado. Fuentes de la cartera ambiental comentaron a IPS que, si el gobierno centroderechista José María Aznar (1996-2004) "se hubiera tomado en serio el Protocolo de Kyoto, las cosas estarían mejor"..
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La referencia es a los datos divulgados la semana pasada por organizaciones ambientalistas y sindicatos, en los que se informa que las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero, aumentaron 4,41 por ciento en 2005, respecto de 2004.
Es incremento llevó a que el indicador al finalizar el año pasado fue 52,88 por ciento superior a los registros de 1990, por lo tanto casi 38 por ciento más que el límite establecido en el Protocolo de Kyoto.
Este protocolo sobre cambio climático, firmado en 1997 en la ciudad de Japón que le dio el nombre, entró en vigor en febrero de 2005 y el primer tramo fijado para cumplir con las metas va de 2008 a 2012. En su texto se indica que las potencias industriales partes deberán reducir su contaminación de gases invernadero a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990.
Mientras el gobierno español promete medidas, organizaciones no gubernamentales y sindicatos reclaman en las calles acciones concretas. Unas 4.000 personas, convocadas por un centenar de organizaciones no gubernamentales, se manifestaron bajo la lluvia por el centro de Madrid el sábado, en el Día de la Tierra.
Esa celebración mundial fue instituida en 1990, pero la fecha tiene como referencia la movilización del 22 de abril de 1970 en Estados Unidos de unas 20 millones de personas tras la causa ambientalista.
Al finalizar la marcha de Madrid, que fue encabezada por niños portando una pancarta con el lema "Frenemos el Cambio Climático", el cantautor Luis Eduardo Aute leyó un manifiesto en el que se reclama eficiencia y ahorro energéticos, desarrollo de fuentes renovables, la moratoria de centrales térmicas, limitación de los derechos de emisión de las industrias, un plan de cierre progresivo de centrales nucleares y un modelo de transporte sostenible, entre otros pedidos.
El incremento de la emisión de CO2 se debe en especial a la fuerte sequía sufrida por España en 2005 y a un notable crecimiento en el sector de la construcción, según un informe presentado la semana pasada por Comisiones Obreras (CCOO), una de las dos centrales sindicales mayoritarias y que es próxima al Partido Comunista.
La baja de las lluvias hizo disminuir en 40 por ciento el consumo de energía hidráulica, que es una de las menos contaminantes, haciendo que aumente el consumo de las producidas por carbón, gas y petróleo, mientras que el aumento de la construcción influyó también negativamente, porque ese sector es de los que más contaminan.
En caso de cumplirse las previsiones gubernamentales, de 2008 a 2012 España superará en 52 por ciento lo dispuesto en ese acuerdo, por lo que deberá comprar derechos de emisión por unas 20 toneladas anuales. Empero, las organizaciones ecologistas creen que lo que se deberá adquirir superará ampliamente esa cifra.
El Protocolo permite a las naciones industrializadas invertir en proyectos limpios en el Sur y comprar derechos de emisión en países que no sobrepasan las previsiones para cumplir así sus compromisos de reducir los gases de efecto invernadero. Si no se apelase a esas herramientas, España debería pagar la multa impuesta por la Unión Europea (UE), que es de 100 euros (130 dólares) por tonelada.
La UE, responsable de más de 22 por ciento de las emisiones de gases invernadero del mundo, acordó reducirlas en ocho por ciento respecto de los volúmenes de 1990. Para tales fines, creó en 2002 un sistema que estableció cuotas reducidas de emisión a cada país miembro del bloque.
Las cuotas de derechos de emisión se pueden vender en una bolsa especial de valores, Powernext, con sede en París. En ella se instrumentó un mercado para facilitar el intercambio al contado de certificados de dióxido de carbono, que funciona desde el 24 de junio de 2005.
José Nieto, secretario de medio ambiente de CCOO, al presentar el informe criticó la política urbanística en España, que incrementa al sector de la construcción y que ha hecho "que España sea el segundo mercado mundial de compra de cemento, sólo superado por China".
Eso se verifica en que en este país se construyen cada año más casas que en el Gran Bretaña y Alemania juntos, añadió
No será fácil atender a esa solicitud, pues el sector turístico es la primera industria de España, la que mayor aporta al producto interior bruto y el mayor desarrollo de la construcción se da precisamente en las costas del mar Mediterráneo.
Además de exigir un mayor compromiso al gobierno, los convocantes apuntaron a la sociedad en su conjunto. Así, el portavoz de Cambio Climático y Energía de Ecologistas en Acción, Pablo Cotarelo, dijo que con esta manifestación pretendían "llamar la atención del ciudadano de a pie" para que en sus "hábitos diarios" busque no agudizar el cambio climático.
Para ello explicó que las organizaciones no gubernamentales sugieren el ahorro de energía eléctrica en los domicilios y en el trabajo así como de calefacción y aire acondicionado, cuyo consumo se ha disparado sin mejorar proporcionalmente la vida de las personas.
También proponen que se reduzca el uso de los vehículos privados y se potencie más el transporte público. Los ecologistas reivindicaron, además, una moratoria de las centrales térmicas.
