Los intentos sin precedentes del gobierno del presidente George W. Bush de silenciar y suprimir resultados de investigaciones que no le gustan están poniendo en peligro la ciencia en Estados Unidos, denuncian especialistas.
Tres de los seis activistas que recibieron este lunes el Premio Goldman, también conocido como el Nobel ambiental, han arriesgado sus vidas en defensa de la tala ilegal en sus países: Brasil, Liberia y Papúa-Nueva Guinea.
Los países en desarrollo se retiraron de las reuniones bianuales del FMI y el Banco Mundial con escasos triunfos, pues el Norte industrial, que domina ambas instituciones, logró imponer una agenda en beneficio de sus propios intereses, según expertos.
Dos países del Mercosur, Argentina y Uruguay, protagonizan desde hace más de dos años un conflicto ambiental por la instalación de dos fábricas de celulosa en un río limítrofe sin que el bloque haya dado ni un paso para avenir
Mientras se enrarece sin solución a la vista la crisis por el programa nuclear de Irán, Pakistán, país musulmán poseedor de armas atómicas, sufre las consecuencias de la agresiva política de Estados Unidos hacia su vecino.
El gobierno español promete un plan para detener el progresivo aumento de las emisiones de gases que recalientan la atmósfera. Pero activistas desconfían y reclaman acciones concretas para no seguir en sentido contrario en la ruta del Protocolo de Kyoto.
Los enfrentamientos políticos en Nepal recrudecen a ritmo de vértigo. La oposición vela sus muertos y se prepara para manifestarse este martes frente al Palacio Real, para exigir al rey Gyanendra el pasaje de la monarquía absoluta a la república.
El nuevo gobierno de Chile busca neutralizar un posible déficit energético provocado por los recortes de gas natural de Argentina, los altos precios del petróleo y la escasez de lluvias anunciada para este año. Pero ambientalistas critican la estrategia adoptada.
El vigésimo aniversario del desastre nuclear de Chernobyl renovó el debate sobre la elevada dependencia francesa de la energía nuclear y el peligro que implica para la salud pública.
Más de 12 años después del genocidio en Ruanda, miles de sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin recibir las compensaciones y asistencia prometidas, mientras el gobierno se declara incapaz de atender la demanda.
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