Las más recientes decisiones de la Comisión Europea (CE) sobre los cultivos genéticamente modificados condenan a la agricultura del continente a la contaminación transgénica, dijeron grupos ambientalistas a Tierramérica.
En un reporte, publicado el 10 de este mes en Bruselas, la CE consideró innecesaria la separación de los cultivos tradicionales y orgánicos de los de organismos genéticamente modificados (OGM).
La CE también consideró ilegales las medidas de protección de ecosistemas sensibles contra los OGM, también conocidos como transgénicos, y amenazó con sanciones a gobiernos nacionales o regionales que intenten prohibir estos cultivos.
"Dado el carácter totalitario e irreversible de la contaminación transgénica, el reporte de la CE dicta el fin de la agricultura tradicional y orgánica en Europa", dijo a Tierramérica Arnaud Apoteker, encargado de biogenética en la organización ambientalista Greenpeace en París. "La CE es o muy inocente o completamente deshonesta".
La CE establece solamente como opcional que los agricultores que utilicen semillas transgénicas contraten seguros para responder financieramente a posibles sanciones en su contra, en caso de que sus productos contaminen plantaciones vecinas.
La entidad también permite a los gobiernos europeos aumentar el límite máximo de contaminación de 0,9 por ciento de contenido transgénico en la agricultura orgánica y convencional, sin arriesgar sanciones y sin demandar un etiquetado de los productos indicando el contenido de OGM, si la contaminación es "fortuita".
"Son necesarias leyes estrictas contra la contaminación genética de la agricultura convencional y orgánica, así como suspender la producción y comercio de OGM", enfatizó Apoteker.
En enero la CE también autorizó tres nuevos tipos de maíz genéticamente modificados, incluyendo el MON863, cuyos efectos nocivos en ratas han sido demostrados en pruebas de laboratorio.
Gilles-Eric Séralini, profesor de biología molecular en la Universidad de Caen y autor de un estudio sobre los efectos del MON863 en los roedores, dijo a Tierramérica que "las pruebas revelaron un aumento del azúcar en la sangre, así como anomalías en la cantidad de glóbulos blancos y rojos, y lesiones renales" en estos animales.
Para Helen Holder, de la organización ambientalista Amigos de la Tierra, "la CE continúa autorizando la importación de transgénicos, sin leyes que protejan la agricultura orgánica y tradicional contra la contaminación genética".
El gobierno francés prepara una ley sobre los OGM que, según Greenpeace, ignora toda evidencia sobre sus peligros ambientales y sanitarios.
Pero pese a los esfuerzos de la CE y de las grandes multinacionales de la bioquímica, la producción y el comercio de transgénicos en Europa es marginal. Entre los 10 mayores productores mundiales de OGM no aparece ningún país europeo, pero sí sudamericanos como Argentina, Paraguay y Uruguay.
Axel Kruschat, director de la organización ambientalista alemana BUND, dijo a Tierramérica que las plantaciones de maíz transgénico en Alemania representan menos de uno por 1.000 del total de la superficie del país dedicada a la producción de maíz tradicional.
En Francia, las plantaciones de maíz transgénico ocupan menos de 1.000 hectáreas, sobre un total de tres millones.
La variedad de maíz transgénico cultivada en Francia y Alemania es conocida como "bt-maíz", dado que fue tratado con un gen del Bacillus thuringiensis (bt), para hacerlo resistente a la Ostrinia nubilalis, una larva comúnmente llamada taladro o piral del maíz.
Ésta, considerada la peor plaga contra el maíz, comienza alimentándose de sus hojas y acaba introduciéndose en el interior del tallo, desarrollando de dos a tres generaciones larvarias.
Pese a esto, el bt-maíz es evitado por la mayoría de los agricultores alemanes, dijo Kruschat. "Los consumidores no compran maíz modificado genéticamente", explicó.
Kruschat indicó que "Märka, la distribuidora de la semilla del bt-maíz en Alemania, propone a los agricultores tradicionales u orgánicos con campos vecinos a las plantaciones transgénicas, comprarles toda la cosecha al precio normal del mercado, independientemente del porcentaje de su contaminación con maíz genéticamente modificado. Para los agricultores, esto es interesante, pues tienen un cliente seguro", dijo.
Según Kruschat, Märka evita así que los agricultores que no utilizan el bt-maíz, pero cuyas cosechas transgreden los límites legales de contaminación por su cercanía con plantaciones transgénicas, procesen a aquellos que sí son sus clientes por contaminación de su grano.
Andreas Thierfelder, vocero en Alemania de la multinacional Monsanto, creadora del bt-maíz, confirmó este procedimiento al diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Los productores franceses de maíz transgénico tampoco venden su cosecha en Francia; la exportan a España. Según una encuesta publicada a fines de febrero por la asociación ambientalista Agir pour l'environnement (Actuar por el ambiente), 75 por ciento de los consumidores franceses rechaza los OGM.
Las precauciones de Monsanto y Märka son justificadas. Pese a la nueva directiva de la CE, el límite de contaminación con OGM en productos agrícolas tradicionales es de 0,9 por ciento. Más allá, el producto debe etiquetarse de manera visible como manipulado genéticamente.
Katja Moch, bióloga del alemán Instituto Ecológico de Friburgo, dijo a Tierramérica que "el límite máximo de contaminación genética en cultivos tradicionales y orgánicos es respetado, pero sólo si toda la cosecha originalmente no transgénica es considerada al momento de medir el porcentaje de su contenido de OGM".
Así, aquellas partes de la cosecha más alejadas de las plantaciones con OGM reducen la contaminación. "Pero en la realidad, los agricultores no cosechan toda su superficie de una vez, sino sucesivamente. En estas cosechas parciales, el contenido de OGM frecuentemente es superior a 0,9 por ciento", dijo Moch.
Esta contaminación también es motivada por el uso de maquinaria e instalaciones comunes entre agricultores tradicionales y orgánicos, y aquellos que utilizan semillas transgénicas.
"Muchas máquinas pesadas utilizadas en la agricultura y que son compartidas entre varios agricultores son muy difíciles de limpiar y permiten la diseminación de OGM", apuntó Moch.
Por esto, ambientalistas y activistas defensores de la agricultura orgánica insisten en reducir el límite máximo de la contaminación con OGM a 0,1 por ciento.
La CE continúa ignorando la demanda.
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 18 de marzo por la red latinoamericana de Tierramérica.
