El gobierno argentino anunció sustanciales mejoras de los planes sociales creados en 2002 al calor de la crisis económica. Pero expertos advierten que los cambios favorecen a los beneficiarios ya registrados y mantienen fuera del sistema a casi medio millón de familias.
"Las mejoras nos parecen buenas, pero creemos que es mucho más urgente atender a los que no tienen ninguna ayuda del Estado", remarcó ante la consulta de IPS María Eugenia Vidal, directora del Área Social de la Fundación Grupo Sophia, que realiza investigaciones en políticas públicas.
El presidente Néstor Kirchner, de centroizquierda, anunció esta semana incrementos de 50 por ciento en las asignaciones sociales para familias pobres y con hijos en edad escolar, junto con el lanzamiento de un nuevo Seguro de Empleo y Capacitación, que proveerá de un ingreso a los trabajadores desocupados y formas de formación o reconversión laboral.
El seguro, que regirá a partir de abril, constará de un aporte mensual de 225 pesos (75 dólares) por un plazo máximo de dos años y se computará para la futura jubilación. Como contrapartida, se exigirá a los beneficiarios la realización de cursos de capacitación.
El programa, que dará prioridad en los primeros tiempos a los menores de 30 años, incluye la asistencia de los municipios en la búsqueda de un nuevo empleo según sus capacidades.
De esta manera, el gobierno busca reducir a la mínima expresión el denominado Plan Jefes y Jefas de Hogar Sin Empleo, lanzado en 2002 por el entonces presidente interino Eduardo Duhalde (2002-2003) para paliar la crisis tras el colapso económico, social y político de fines de 2001.
En la cresta de la ola de esa crisis, a mediados de 2002, la pobreza superó 54 por ciento de los 37 millones de argentinos de entonces y el desempleo alcanzó casi a un cuarto de la población económicamente activa.
El Plan Jefas y Jefes, administrado por el Ministerio de Trabajo, fue el primer programa de carácter universal, que prometía una ayuda de 150 pesos mensuales (unos 50 dólares) a todo hombre o mujer que cumpliera sólo los requisitos de estar al frente de una familia y no tener empleo. A cambio se exigía una contraprestación laboral.
No obstante, a poco de su creación, el registro de inscriptos se cerró en 2,2 millones de hogares. Es decir que el programa dejó de ser universal. De nada sirvieron las protestas de grupos de trabajadores desempleados organizados para conseguir la reapertura y ampliación del registro, o la aceptación de que se cambien bajas por altas.
Desde entonces, la pobreza bajó a 34 por ciento de la población argentina, según cifras oficiales divulgadas por Kirchner, y la tasa de desocupación se ubica hoy en 11 por ciento de la población activa. Pero los especialistas consideran que la ayuda estatal no coincide exactamente con los sectores más necesitados.
Este problema se acentúa con los nuevos anuncios, que sólo apuntan a mejorar la situación de los que ya son beneficiados con los planes, mediante una mayor oferta.
Con el registro cerrado y la actividad económica en franca recuperación, los beneficiarios fueron bajando. Según datos de la cartera de Trabajo, 400.000 personas fueron dadas de baja porque consiguieron empleo y otros 240.000 se pasaron al Plan Familias, un programa conexo de asistencia que no exige contraprestación laboral.
En la actualidad, el plan Jefas y Jefes se destina a 1,4 millón de beneficiarios y no está previsto que se reabra el registro ni que haya aumentos en la asignación. Se estima entonces que, con la puesta en marcha de las mejoras del Plan Familias y la creación del Seguro de Desempleo y Capacitación, este plan quedará reducido a unos 300.000 beneficiarios.
No obstante, las mayores asignaciones están dirigidas a quienes reciben el Plan Jefas y Jefes de Hogar sin Empleo y no a todos aquellos que cumplan con los requisitos sin excepción. Según las estimaciones de la organización católica humanitaria Caritas, con las que coincide la Fundación Grupo Sophia, quedan cerca de 500.000 familias sin atender.
El Plan Familias es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y apunta básicamente a madres pobres con hijos en edad escolar que tienen más dificultades para acceder al empleo. Este programa se lanzó en 2004, pero ahora Kirchner lo relanzó y prometió aumentos de las asignaciones a partir de abril.
Por este plan, una mujer con un hijo percibe 100 pesos al mes (33 dólares). Pero la asignación sube a medida en que crece el número de hijos y así se pasa a recibir 125 pesos (42 dólares) si la familia consta de dos hijos, 150 pesos (50 dólares) con tres, 175 pesos (58 dólares) con cuatro y con cinco o más hijos e hijas el monto llega a 200 pesos (67 dólares), el tope máximo ofrecido.
Ahora esta asignación se aumenta en 50 pesos (16 dólares) para todos los beneficiarios, independientemente del número de hijos. Es decir que una mujer con un hijo recibirá 150 pesos (50 dólares) y con cinco hijos o más obtendrá 250 pesos (83 dólares al mes).
A cambio de esta ayuda, las mujeres no deben trabajar sino garantizar mediante certificados que los hijos menores de 19 años asisten a la escuela en el grado que corresponda, y que su salud es sometida a revisaciones periódicas en hospitales o centros de salud, incluyendo el cumplimiento del programa de vacunación obligatoria del ministerio de Salud.
A diferencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar, este programa no impide que el beneficiario o a su cónyuge que tengan un empleo formal, porque se trata de una ayuda complementaria. En cambio, en el primer caso, si el jefe o jefa de hogar consigue trabajo debe renunciar de inmediato a la asistencia del estado.
"El incremento de los montos de la asignación para las familias y la apertura de una instancia de capacitación y reinserción laboral para los desempleados son hechos positivos que hay que destacar porque creemos que la respuesta estructural a la pobreza pasa por el empleo", explicó Vidal a IPS.
"Pero también tenemos nuestros reparos. En primer lugar, el traspaso del Plan Jefas y Jefes al Plan Familias fue lanzado en 2004 y hubo escasos casos", advirtió la experta, para luego alertar sobre los temores de los beneficiarios de perder los planes en casos de presentarse para el cambio de uno a otro.
En base a datos oficiales obtenidos en la ley de Presupuesto, el Estado ayuda mediante distintas prestaciones, pensiones y becas a unas 2,7 millones de familias pobres. No obstante, quedan cerca de 500.000 hogares pobres o indigentes que estarían sobreviviendo sin ningún ingreso.
"El Estado no prevé altas en estos planes ni se plantea cómo llegar a los que quedaron fuera del programa", advirtió.
Esta misma apreciación fue planteada por el diputado de Fuerza Porteña, el economista Claudio Lozano, vinculado a la Central de Trabajadores Argentinos.
Lozano indicó que se necesitan "políticas universales" para incluir a todos los afectados, y un seguro de empleo 150 por ciento superior al que se ofrece.
