España se apresta a celebrar este jueves el 25 aniversario de la jornada en que el rey Juan Carlos I impuso su condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas para aislar a los golpistas que tenían secuestrado al gobierno y al Parlamento y así salvar la aún débil democracia.
Dos testigos de primera línea, Jesús Picatoste y Manuel Prado y Colón de Carvajal, han relatado a IPS lo que ocurrió ese día en el Palacio de La Zarzuela, residencia y oficina oficial del monarca.
Además y como siempre desde entonces, funcionarios clave de la Casa del Rey, como el general Sabino Fernández Campo, hoy retirado y entonces su secretario general y posteriormente jefe de esta entidad, afirman unánimemente que Juan Carlos se opuso de entrada al golpe de Estado.
En la tarde del 23 de febrero de 1981 se reunió el Congreso de los Diputados para designar jefe del gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo, en reemplazo de la estrella de la transición a la democracia tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), el centrista Adolfo Suárez, quien había renunciado días antes tras mantenerse en el cargo desde 1976.
Mientras se desarrollaba la sesión, con todos los diputados y el gobierno renunciante en pleno presentes en el recinto legislativo, un destacamento de la Guardia Civil, cuerpo militarizado de policía, lo ocupó armas en mano.
Ese destacamento llegó a las órdenes del teniente coronel Antonio Tejero, quien sintetizó sus propósitos al ingresar al hemiciclo con un grito que reiteró varias veces, pistola en mano: "¡Nadie se mueva, todos al suelo".
Salvo Suárez, el teniente general y vicepresidente del gobierno renunciante, Manuel Gutiérrez Mellado, y del entonces líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, todos los demás presentes obedecieron la orden imperativa del oficial del ejército..
Imágenes de la época muestran a Carrillo y Suárez sentados en sus escaños y a Gutiérrez Mellado de pie intentando frenar a los golpistas. Fue Suárez quien se levantó y lo separó de los agresores, con lo que evitó que le dispararan, mientras los ministros, diputados, periodistas e invitados permanecieron de bruces contra el suelo, vigilados por los guardias armados con fusiles y metralletas.
Desde entonces y más de una vez se ha dicho que el Rey estuvo de acuerdo con el golpe militar o que esperó a ver como se definía antes de adoptar una posición clara.
El coronel Amadeo Martínez Inglés, autor del libro "23-F. El golpe que nunca existió", llega a sostener en ese texto que se trató de una operación político-militar-borbónica, dirigida por el rey Juan Carlos de Borbón.
Prado y Colón de Carvajal, quien un día sí y otro también estaba en la Casa Real, recuerda que, desde que se produjo el asalto, Juan Carlos comenzó a llamar por teléfono, uno a uno, a los jefes de los destacamentos militares de toda España, dialogando con ellos y transmitiéndoles una orden terminante: "Respetar la Constitución y no sacar las tropas a la calle".
Además, relata una anécdota muy particular. Siendo como las 11 de la noche, el príncipe Felipe, entonces de 13 años entonces, estaba próximo a dormirse sentado en una butaca y Prado, amigo personal del Rey desde su adolescencia, se ofreció para llevarlo a su cama a dormir.
"La respuesta (de Juan Carlos) fue: déjalo aquí, que esté atento, porque mañana nadie le podrá contar lo que estamos haciendo", narró a IPS este testigo directo de los hechos.
"¡Qué razón tenía! Con la cantidad de veces que hemos tenido que oír que el Rey retrasó su mensaje a la Nación a la espera de que se definiera el golpe", concluyó Prado, el único civil y no funcionario de la Casa Real presente allí todo el tiempo los días 23 y 24 de febrero de 1981.
Otro testigo fue el periodista Jesús Picatoste, enviado por la cadena oficial Televisión Española (TVE) para dirigir el equipo que grabaría el mensaje del monarca, ya que no estaban en condiciones técnicas de transmitirlo en directo desde La Zarzuela.
Picatoste dijo a IPS que salió de Prado del Rey, la central de TVE, en torno de las 20 hora local, llegó con su equipo a La Zarzuela casi una hora después y grabó el mensaje cuando al Rey hizo un intervalo entre llamada y llamada a los cuarteles y al gobierno en ejercicio.
Esas autoridades nacionales, designadas por el propio Juan Carlos nada más enterarse de lo que ocurría en el Congreso, estaban constituidas por los viceministros y se habían instalado en el Hotel Palace, enfrente del edificio parlamentario ocupado por los golpistas.
Pero por seguridad y por un pequeño error que detectó en la primera grabación, el periodista pidió hacerlo de nuevo, a lo que el Rey accedió.
Así, a las 24.05 horas, "más o menos", pudo salir de La Zarzuela con el material y regresar a TVE, cuando ya habían retirado de allí el destacamento militar y desde donde el mensaje fue emitido pocos minutos después de la una de la madrugada local del día 24 de febrero, mientras el Congreso seguía ocupado por las fuerzas a las órdenes de Tejero.
Las demoras, además de los problemas técnicos, se agravaron por las precauciones que se debieron adoptar.
Cuando el director de TVE, Fernando Castedo, aprovechando un despiste del capitán al mando de los efectivos que ocuparon Prado del Rey ordenó en voz baja a Picatoste que fuera a La Zarzuela, le señaló: "hazlo sin que se den cuenta" (los militares). Ese cuidado por no llamar la atención hizo que incluso el traslado se hiciera por un camino secundario y más largo.
En su mensaje, el rey Juan Carlos I comunicó que, "ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor (de las Fuerzas Armadas) que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente".
Y añadió que "la corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum".
Esa "unidad de la patria" a la que se refirió el Rey estaba amenazada entonces por la actividad del grupo terrorista ETA (Patria Vasca y Libertad, en vascuence) y por fuerzas políticas y militares de ultraderecha.
ETA, entre las primeras elecciones después de la dictadura franquista, celebradas en 1977, y el 23 de febrero de 1981 mató a más de 300 policías, guardias civiles y militares, invocando el derecho del País Vasco a su independencia y separación de España.
Las fuerzas de ultraderecha idearon e intentaron acciones, entre ellas la conocida como "Operación Galaxia" (1978), por haberse reunido en la cafetería madrileña de ese nombre un grupo de militares, entre ellos Tejero, para planificar un golpe de Estado. Pero fueron descubiertos y sancionados.
Precisamente, para poner trabas a esos planes, que se agudizaron en 1980, fue que Suárez renunció y promovió el nombramiento de Calvo Sotelo, en consultas con los demás partidos políticos.
Calvo Sotelo era considerado más a la derecha que Suárez, lo que posteriormente no se confirmó ya que mantuvo su política democrática hasta las elecciones de octubre de 1982, que llevaron al gobierno al socialista Felipe González, quien se mantuvo hasta 1996.
Veinticinco años después, se recuerda otro tema sin aclarar: la implicación del gobierno de Estados Unidos en ese frustrado golpe. Carrillo declaró a la prensa en estos días que "es claro que la CIA (Agencia Central de Inteligencia del país de América del Norte) y su embajador en España estaban al corriente de los preparativos del (hoy llamado) 23-F".
Carrillo rememora que el entonces secretario de Estado (canciller) de ese país, Alexander Haig, cuando estalló el golpe y los periodistas le preguntaron al respecto, respondió que se trataba de "un asunto interno de España" en vez de condenarlo.
La fuerte presencia militar, logística y de inteligencia de Estados Unidos, con bases militares incluidas, era muy fuerte en España en aquella época.
El hoy veterano dirigente comunista también cita que la Asamblea Episcopal de la Iglesia Católica española estaba reunida el día de la intentona golpista y que, sin embargo, esperó hasta que Tejero se rindiera para pronunciarse.
Una vez emitido el mensaje real fueron sucediéndose hechos, como el permiso de salida de la sede del Congreso de las mujeres, de los periodistas y de otras personalidades retenidas en el lugar hasta que se rindió Tejero.
Finalmente, el oficial levantado se rindió minutos antes del mediodía del 24 de febrero y, tras negociar, con el general Alfonso Armada, a quien también se consideró implicado en el golpe, aunque disintiendo con aquél.
Fueron juzgados Tejero, Armada, una treintena de oficiales y un civil y 22 resultaron condenados a diversas penas, los dos primeros a 30 años de prisión. Siete de los condenados fallecieron, el resto ya está en libertad y cuatro aún siguen en actividad en las Fuerzas Armadas.
