– El juez chileno Mario Cerda sometió a proceso este lunes a la esposa y a los hijos del ex dictador Augusto Pinochet, acusados de evasión de impuestos y uso de pasaportes falsos, en el marco de la causa por sus millonarias cuentas secretas en el llamado «caso Riggs».
El magistrado dispuso igualmente los procesamientos de Oscar Aitken, el ex albacea de quien condujo la dictadura militar de 1973 a 1990, y de su ex secretaria Mónica Ananías, por delitos de evasión tributaria, así como de la ex funcionaria gubernamental Érica Stemann, comprometida en la confección de pasaportes falsos.
"Sin duda nos alegra y nos satisface el procesamiento de Pinochet y sus familiares", dijo a IPS Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD).
"Así como deben responder por los crímenes contra la humanidad, por las violaciones de derechos humanos, también deben responder por este enriquecimiento ilícito, por este robo que se hizo a todo el país", agregó.
"Esperamos que la familia Pinochet, como cualquier delincuente o ladrón, vaya a la cárcel como corresponde", concluyó Pizarro.
El juez Cerda formuló cargos por evasión tributaria contra la esposa del ex dictador, Lucía Hiriart, y sus hijos Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio, al igual que contra la esposa de este último, Soledad Olave.
Augusto, el hijo mayor de la familia Pinochet-Hiriart fue excluido de cargos de evasión de impuestos, pero en cambio fue acusado de uso de pasaporte falso junto a sus hermanas Lucía, María Verónica y Jacqueline, delito en el cual no habría incurrido, a su vez, Marco Antonio.
Lucía Hiriart, Marco Antonio Pinochet, Ananías y Aitken, acusados anteriormente como cómplices de fraude al fisco, están en libertad condicional y ahora deberán pagar nuevas fianza o, de lo contrario, quedarán bajo arresto este martes, al igual que Jacqueline y María Verónica y Soledad Olave.
Según las resoluciones del magistrado, los delitos de evasión de impuestos tuvieron lugar entre fines de la década del 90 y comienzos de la actual, extendiéndose hasta el propio año 2005.
Las mayores operaciones de enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet se produjeron luego de la recuperación democrática en marzo de 1990 y, al parecer, se intensificaron mientras Pinochet estuvo bajo arrestado en Londres, entre octubre de 1998 y marzo de 2000.
La existencia de cuentas secretas de Pinochet y de otros ex gobernantes de facto en el banco Riggs, de Estados Unidos, fue denunciada en octubre de 2004 por una comisión investigadora del Senado de ese país.
Posteriores indagaciones revelaron que el ex dictador, sus familiares y colaboradores más cercanos abrieron cuentas, a menudo con nombres falsos, en otras casa bancarias de Estados Unidos, Europa, Panamá y las Islas Caimán.
Los pasaportes falsos que utilizaron familiares directos de Pinochet para abrir cuentas en el exterior fueron extendidos entre 1974 y 1989, es decir durante el régimen dictatorial instalado mediante un cruento golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.
Pinochet, quien en noviembre cumplió 90 años, enfrenta otros tres procesos en la justicia chilena por crímenes contra los derechos humanos, mientras es reclamado por jueces en España, Argentina y Francia.
El viernes último, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó el levantamiento de la inmunidad penal del ex dictador para que sea investigado por delitos de torturas en Villa Grimaldi, un campo prisioneros políticos que la Dirección de Inteligencia Nacional, policía secreta de la dictadura, mantuvo en Santiago.
La organización Human Rights Watch valoró esta decisión de la justicia, que implica el primer juzgamiento del ex dictador por casos de torturas, lo cual establece un procedente para otras causas por maltratos de presos políticos, un delito soslayado virtualmente por los tribunales chilenos.
El día 11, en otro fallo trascendental, la justicia chilena desaforó igualmente a Pinochet en el juicio por dos presos políticos —Wagner Salinas y Francisco Lorca— asesinados por la "caravana de la muerte", una misión militar especial que recorrió campos de detención en todo Chile en octubre de 1973.
En julio de 2002, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Pinochet en el proceso por 57 crímenes y 18 secuestros cometidos por la "caravana de muerte" que instruía el juez Juan Guzmán, aduciendo una supuesta demencia senil del ex dictador.
Ni Salinas ni Lorca constaban en el listado de víctimas de ese proceso, lo cual permitió este nuevo fallo desfavorable a Pinochet y, de ese modo, la virtual reapertura del llamado "caso caravana".
El 26 de diciembre último, los tribunales aprobaron también el procesamiento del ex dictador por la "Operación Colombo", como se conoce al montaje realizado en 1975 con la complicidad de aparatos represivos de Argentina y Brasil para ocultar los asesinatos de 119 izquierdistas desaparecidos.
La Corte Suprema de Justicia invocó también la demencia senil de Pinochet para revocar anteriores procesos contra el ex dictador por el asesinato en 1974 en Buenos Aires del general constitucionalista Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, cometido por la DINA.
También el tribunal ordenó cerrar el proceso al ex gobernante de facto por la Operación Cóndor, el operativo de coordinación represiva que las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile aplicaron en la década del 70.
Lorena Pizarro señaló que la AFDD pedirá la anulación de esos fallos absolutorios, ya que los últimos dictámenes de los tribunales demuestran que es falsa la demencia senil del ex dictador, según indicó.
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