El poder de una red de prostitución y pornografía infantil que atrapó a decenas de menores mexicanos está detrás del juicio por difamación y las amenazas de muerte a la periodista y activista Lydia Cacho.
El 16 de este mes, Cacho fue detenida y acusada de difamación. A inicios de 2005, la periodista había publicado "Los demonios del Edén", libro con testimonios de menores de Cancún víctimas de abusos sexuales por parte de adultos que filmaban, fotografiaban y vendían en Internet imágenes de esas prácticas.
Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, la Sociedad Interamericana de Prensa, intelectuales y organizaciones no gubernamentales nacionales y varios parlamentarios europeos expresaron en los últimos días su solidaridad con Cacho, cofundadora del Centro Integral de Apoyo a la Mujer en Cancún.
Tras su arresto, Cacho fue trasladada a la ciudad de Puebla, en el centro del país, donde permaneció detenida 30 horas bajo condiciones "insultantes" y sin mínimas garantías, dijo. Luego fue liberada. Pero el viernes 23 recibió una orden formal de encarcelamiento, que pudo eludir pagando una fianza de unos 7.000 dólares.
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La acusación de difamación partió del empresario textil de origen libanés Kamel Nacif, amigo del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, a quien pidió ayuda para que Cacho recibiera un "escarmiento", según él mismo declaró.
Nacif es mencionado por menores y otras fuentes como protector y amigo del empresario hotelero Jean Succar, quien huyó de México en 2003 tras descubrirse que lideraba una banda de pederastas en Cancún. Detenido en febrero de 2004 en Estados Unidos, aguarda desde entonces la conclusión de un juicio de extradición.
"En mi libro son las víctimas las que hablan, y allí surge el nombre de Nacif, quien al principio negaba su relación con Succar y ahora reconoce que es su amigo", señaló la periodista.
Cacho, quien escribe columnas de opinión en un periódico de Cancún, denunció amenazas de muerte y pidió al gobierno de Vicente Fox protección policial, que le fue otorgada a principios de 2005.
Según las investigaciones que sustentan el pedido de extradición de Succar, éste manejaba una red de prostitución de niñas y niños de entre cinco y 18 años de edad.
Los testimonios indican que buscaba a los menores en familias pobres habitantes de las zonas marginales que rodean Cancún, y los engañaba con promesas de educación, albergue y alimentación.
Succar mantenía relaciones sexuales con los menores, los pasaba a otros adultos y los fotografiaba y filmaba, para luego vender las imágenes a "clientes" en Estados Unidos, indican las acusaciones.
El presunto delincuente hizo saber que tenía amistades "poderosas" en los negocios y en la política.
"El poder detrás de la pornografía es el que me detuvo, es el que me está juzgando por difamación", sostuvo Cacho.
Unos 17.000 menores mexicanos son víctimas del comercio sexual, sostiene un estudio de la investigadora Elena Azaola, publicado en 2004. La investigación incluyó visitas a los lugares en los que los menores son sometidos a prostitución y entrevistas con sobrevivientes.
La Procuraduría General (fiscalía) desmanteló en 1995 una organización delictiva dedicada a editar y vender material pornográfico infantil. Un año después, creó un grupo especial de investigación que, con regularidad por lo menos anual, da cuenta de alguna red vinculada a esos delitos.
Organizaciones no gubernamentales calculan que unos 100 niños y adolescentes mexicanos ingresan por mes a organizaciones de prostitución infantil.
Se calcula que anualmente un millón de niñas y niños son víctimas de esas bandas en todo el mundo.
En 2002, el gobierno de Fox realizó una campaña pública contra el abuso sexual de menores, con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esto puso el asunto entre las principales preocupaciones nacionales. Pero con el paso del tiempo, ha vuelto a planos secundarios.
Cacho sostiene que el juicio que soporta representa "un mensaje claro contra quienes nos atrevemos a hablar y denunciar al crimen organizado que está detrás de la pornografía infantil".
Pero la activista no está sola. Muchas personas y organizaciones la apoyan y no permitirán que se consume una injusticia en su contra y en contra de los miles de menores que son abusados sexualmente, señaló la escritora Guadalupe Loaeza.
Cacho, que cuenta con defensa legal de Grijalbo, firma editora de su libro, y de los abogados del Centro Integral de Apoyo a la Mujer, evalúa denunciar a las autoridades mexicanas implicadas en su proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que actúan con parcialidad y le impiden el goce de garantías básicas.
El empresario Nacif presentó el litigio contra Cacho en Puebla, donde se asienta la mayoría de sus negocios. Pero los delitos de los que podría ser cómplice se cometieron en Cancún, y el libro que ventiló su nombre fue publicado en la capital de México. (
