La legislatura de la capital argentina resolvió este lunes abrir juicio político y suspender en su cargo al jefe de gobierno del distrito, Aníbal Ibarra, acusado de mal desempeño de sus funciones en relación con el incendio que a fines de 2004 mató a 194 jóvenes en una discoteca.
En rueda de prensa convocada inmediatamente después de la votación, Ibarra aseguró que "no va a renunciar" a su cargo y prometió dar a conocer "toda la verdad" sobre lo que consideró "irregularidades" en el proceso político que lo tiene hoy como único enjuiciado.
En una jornada signada por la tensión, denuncias de amenazas de muerte y presiones de todas las partes, 30 de los 45 legisladores de la Sala Acusadora votaron a favor de iniciarle juicio político de destitución al centroizquierdista jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, otros siete se pronunciaron en contra, seis se abstuvieron y el resto no estuvo presente.
Los partidarios del proceso fundamentaron su voto en la investigación de cinco meses realizada por una comisión especial integrada por miembros de la legislatura (parlamento municipal). Los que votaron en contra o se abstuvieron advirtieron que en este trámite hubo imprecisiones que pueden llevar a anular el juicio.
Los familiares de las víctimas, que pugnaban por el juicio político desde fuera del edificio legislativo, manifestaron su satisfacción por el resultado de la votación.
Esta misma votación se había frustrado el jueves pasado a raíz de la presencia ruidosa en la tribuna del recinto y las amenazas de impugnar un resultado a favor de Ibarra por parte de hermanos, hermanas y padres de jóvenes que fallecieron en el incendio de la discoteca República Cromañón el 30 de diciembre, en momentos en que actuaba el grupo de rock Callejeros.
El enojo de los familiares se fundamentó en las maniobras de último momento realizadas por legisladores que responden al presidente Néstor Kirchner, del cual Ibarra es aliado, para captar voluntades en contra del juicio.
El caso que motivó más protestas fue el del legislador Eduardo Lorenzo, quien pasó de modo imprevisto del sector derechista por el que gano el escaño al grupo oficialista el mismo día de la votación frustrada.
El clima fue subiendo de temperatura y el domingo el obispo católico auxiliar de la Ciudad, Jorge Lozano, acusó de "mercenarios" y "corruptos" a quienes privilegiaban intereses personales antes que sus propias convicciones.
Las autoridades de la Legislatura resolvieron entonces llamar a una nueva sesión para este lunes con el fin de terminar el debate y proceder a votar. Para evitar nuevos contratiempos se permitió la presencia en las barras de sólo 10 delegados de familiares de las víctimas.
Por eso, los familiares rechazaron el cupo y resolvieron no asistir, aunque dejaron en el recinto las fotos de las víctimas.
A partir de ahora será la Sala de Juzgamiento, integrada por otros 15 legisladores, la encargada de llevar adelante el proceso para deslindar la responsabilidad de Ibarra en la tragedia de Cromañón y resolver si lo absuelve o si lo condena con la destitución y la eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos en la ciudad de Buenos Aires por 10 años, como establecen las normas.
Ibarra, elegido por primera vez jefe de gobierno de la ciudad en 1999 y reelegido en 2003, acusó a la Legislatura de impulsar "un golpe" en su contra. Señaló en rueda de prensa que la votación se constituyó en "la culminación de un proceso bochornoso y lamentable" y que hubo "aprovechamiento político de la tragedia".
La representación partidaria de la legislatura de la ciudad está muy fragmentada. Hay 60 legisladores que forman 23 agrupaciones diferentes, y el partido de Ibarra, el Frente Grande, tiene hoy apenas tres diputados.
Pero familiares de las víctimas discrepan, obviamente, con la visión de Ibarra. "Esto no es un golpe institucional. La ciudad no va a quedar acéfala sino que asume el vicejefe de gobierno", explicó a IPS Andrea Belsunce, hermana de una de las víctimas fatales del incendio.
Para Belsunce, el juicio político es una herramienta legal prevista por la Constitución de la ciudad para los casos de mal desempeño de funciones, y consideró además que será "una oportunidad para que Ibarra pueda demostrar su inocencia" si es como él señala, apuntó.
La tragedia de la discoteca se desató la noche en que ofrecía un concierto Callejeros, luego de que uno de los asistentes lanzó una bengala, una práctica habitual de festejo de los seguidores de este grupo de rock en cada show. Pero esta vez, el artefacto prendió fuego un techo plástico ubicado para neutralizar el sonido del local, que estaba ubicado en una zona céntrica de la ciudad.
El incendio y sobre todo el humo tóxico que despedía el techo provocó una estampida de los jóvenes. Sin embargo, el sitio ya se había transformado en una trampa mortal debido a que las puertas de salida de emergencia estaban trabadas y la cantidad de público, que triplicaba lo permitido, no permitió la evacuación rápida.
Por todas esas irregularidades, más la presencia no permitida de menores de 18 años, incluso niños y niñas, en un espectáculo nocturno, es que la justicia penal ya procesó a 22 personas.
El gerente del local y su encargado de seguridad, los músicos y manager de la banda, y los funcionarios del área de control incluido el secretario de Seguridad y Control Comunal están siendo enjuiciados por distintos cargos criminales.
También fueron procesados policías, acusados de cohecho, y miembros del cuerpo de bomberos. El juez a cargo de la investigación, Julio Lucini, imputó a la mayoría de los procesados el delito de homicidio culposo. La Cámara de Apelación todavía no rechazó ni confirmó esta decisión en el caso de los funcionarios.
Pero fuentes cercanas al juez Lucini aseguran que éste evalúa llamar a declarar como imputado también al ahora suspendido jefe de Gobierno.
"El juez está trabajando muy bien, pero el proceso penal es independiente del juicio político", aclaró a IPS el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas.
Frente a las acusaciones en su contra, y a la falta de apoyo en la legislatura, Ibarra había intentado en febrero convocar a un plebiscito para que la ciudadanía definiera si quería o no que siguiera en el cargo. Pero la iniciativa se frustró por falta de apoyo a la campaña de recolección de firmas requerida.
Los estrategas del jefe comunal especulaban con que Ibarra podía conseguir que los ciudadanos de Buenos Aires le brindaran un apoyo que el parlamento local le negaba.
Pero esa idea fue perdiendo fuerza con los meses y así Ibarra quedó expuesto a la investigación y acusación de la Legislatura, que este lunes resolvió juzgarlo por su posible responsabilidad en la "falta de servicios" durante la tragedia.
