A 11 años del atentado contra la AMIA que dejó 85 muertos, familiares de las víctimas contrastaron la falta de resultados de las pesquisas judiciales de Argentina al respecto con la celeridad para esclarecer ataques terroristas en Estados Unidos, España y Gran Bretaña.
"La investigación por (los ataques a) las Torres Gemelas (en Nueva York), la estación Atocha de Madrid, y ahora en las calles de Londres nos demuestra que no es una utopía esclarecer los atentados", dijo Sergio Burstein, familiar de una de las personas muertas el 18 de julio de 1994 por el estallido del coche-bomba que derribó el edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina).
"Cuando se quiere se puede, añadió Burstein este lunes en el acto de recuerdo de las víctimas, que cada año se realiza frente a la reconstruida sede de la mutual, en un barrio céntrico de Buenos Aires, y que volvió a contar con la presencia del presidente de Argentina, Néstor Kirchner, esta vez ubicado entre el público junto a su esposa, la senadora Cristina Fernández.
También se sumaron a la concentración, llevada a cabo en el marco de un fuerte operativo de seguridad, varios ministros de gobierno y embajadores en Argentina de países que sufrieron atentados terroristas como Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, España, el 11 de marzo de 2004, y Gran Bretaña, el 7 de este mes.
Después de 11 años de una investigación judicial con graves irregularidades no queda en prisión ningún sospechoso de haber perpetrado el atentado contra la AMIA.
En cambio, funcionarios de primer nivel del gobierno de entonces de Carlos Menem (1989-1999), jueces y fiscales aparecen acusados de haber encubierto a los responsables del brutal ataque contra la AMIA, ocurrido sólo dos años después de uno similar contra la embajada de Israel, en el que murieron casi una treintena de personas.
El proceso contra un grupo de policías y un mecánico, considerados parte de la red que brindó apoyo a los autores del atentado, fue anulado en la etapa del juicio oral finalizado en 2004 debido a las graves irregularidades cometidas en la instrucción, entre las cuales sobresalió el pago de 400.000 dólares a uno de los acusados para que responsabilizara a otros detenidos.
Ese dinero fue aportado por la Secretaría de Inteligencia del Estado por iniciativa del gobierno de Menem con el aval del juez penal Juan José Galeano y de los fiscales que intervenían en la causa.
Galeano, quien llevó adelante la instrucción de la causa por casi una década, está sometido a juicio acusado de haber cometido, en el marco de este proceso, privación ilegal de la libertad, extorsión, instigación al falso testimonio y peculado. El veredicto al respecto se conocerá el 3 de agosto.
En su discurso, Burstein destacó que en los ataques ocurridos el 7 de julio en distintos puntos de la red de transporte de pasajeros de Londres "se necesitaron unos pocos días para que se conocieran nombres y apellidos de los autores. Esa celeridad contrasta con la total falta de resultados en la investigación en Buenos Aires, sostuvo.
Señaló, además, que en Argentina no sólo no hubo resultados sino que se sembraron pistas falsas y se robaron pruebas durante la instrucción, además de otras muchas irregularidades que alejaron las posibilidades de esclarecer el ataque.
En sintonía con esas críticas, el actual presidente de la AMIA, Luis Grynwald, se preguntó por qué en Nueva York, Madrid o Londres los autores fueron conocidos enseguida y en Buenos Aires todavía no después de 11 años. Su propia respuesta fue que en Argentina "estuvo ausente la voluntad política para llegar a igual término.
"Estamos desolados, decepcionados, con rabia y con dolor, puntualizó Grynwald. "Nos preocupa profundamente que no haya avance alguno en tantos años, que no haya nuevas pistas ni se profundicen las ya conocidas y apenas destacó como una esperanza los gestos del presidente Kirchner para avanzar en la pesquisa.
El actual gobierno de centroizquierda, del mismo partido Justicialista (peronista) que Menem pero ubicado en los antípodas ideológicas, admitió este año que el Estado incumplió su labor de prevención del atentado y, más aún, encubrió los hechos al incumplir con su función de investigarlo adecuadamente.
Este reconocimiento público fue parte del compromiso asumido por el Estado argentino tras una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ámbito al que familiares de las víctimas de la AMIA y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos de Argentina habían llegado para presentar una demanda por "denegación de justicia.
Pero también Kirchner creó una unidad fiscal especial para que avanzara en la causa AMIA y facilitó la apertura de archivos oficiales relacionados con el caso. Gestos que los familiares entiende que, si bien son esperanzadores, no alcanzan para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.
"Son pequeños pasos adelante pero no alcanza para traer a los asesinos ante la justicia, comentó a IPS Sofía Guterman, madre de Andrea, muerta en la AMIA.
"Más allá de la buena voluntad del (Poder) Ejecutivo actual, el reconocimiento de culpa del Estado no nos alcanza, señaló Grynwald durante el acto. "Queremos saber toda la verdad sobre los que planearon y ejecutaron estos atentados, añadió.
Burstein también valoró el decreto en el que el Estado argentino reconoce sus culpas, y reconoció la tarea que viene realizando la unidad fiscal especial con un equipo de 40 colaboradores, pero coincidió en que no es suficiente para terminar con la impunidad de esta causa.
"La palabra Estado es muy amplia y no todos en él fueron cómplices, señaló. "Nosotros queremos los nombres de los responsables, dijo y mencionó con ira a Menem, al ex mandatario interino Eduardo Duhalde (2001-2003) y a algunos de sus ministros de entonces.
Burstein calificó de "inmunda banda a los funcionarios que encubrieron a los autores del atentado y que siguen bajo la lupa de la justicia. "Oportunistas, traidores, mentirosos, cómplices, les dijo. También se refirió al juez federal de la causa, Galeano, al que consideró "sinvergüenza y canalla.
