NUEVA YORK – La inteligencia artificial (IA) promete avances importantes en productividad, ciencia, medicina y educación. Pero también amenaza con destruir millones de empleos, encoger a la clase media y reducir los ingresos fiscales que financian hospitales, escuelas y pensiones. El proceso ya ha comenzado, y el tiempo para actuar se está agotando.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la IA afectará a 40 % de los empleos del mundo. En las economías avanzadas, alrededor del 60% de los empleos están expuestos, y uno de cada tres (33 %) de los trabajos humanos corre un alto riesgo de ser reemplazado por la IA.
En los mercados emergentes, cerca de 40 % están expuestos, con aproximadamente uno de cada cuatro (24 %) el alto riesgo de desplazamiento; y en los países de ingreso bajo, se estima que 26 % estará afectado, y uno de cada cinco (18 %) de los empleos humanos serán reemplazados por la IA.
La pérdida de empleos encoge a la clase media
Entre los empleos más expuestos figuran muchas ocupaciones consideradas como la columna vertebral de la estabilidad de la clase media: trabajo administrativo, atención al cliente, traducciones, periodismo, apoyo jurídico, análisis financiero, contenidos de marketing e incluso partes del trabajo de datos y programación.
Estos empleos sostienen los ingresos de la clase media, la demanda de consumo y, en última instancia, a los hogares que contribuyen a los impuestos; sin embargo, muchos se cuentan entre los que el FMI considera más expuestos a la IA.
Surgirán nuevos empleos pero, según el FMI, desaparecerán muchos más. Los efectos se extienden más allá de los trabajadores que pierden su empleo. Los salarios caerán, el empleo precario se multiplicará y el poder de negociación se desplomará dado que las empresas podrán amenazar de forma creíble con sustituir a sus trabajadores por IA.
Cada vez más ingresos fluirán hacia quienes poseen la tecnología y hacia un puñado de empresas dominantes, mientras que se reducirá la parte que llega a los trabajadores y empleados comunes.
Los hogares de clase media son los principales consumidores de la economía. Si sus ingresos caen, los comercios y las pequeñas empresas venden menos, la inversión se frena y aumentan los cierres. La economía puede entonces caer en una trampa de bajo crecimiento, con demanda débil, salarios bajos y subempleo crónico.
La caída de la recaudación fiscal debilita al estado de bienestar
La presión se traslada entonces a las finanzas públicas. Gran parte de la financiación de los gobiernos depende de la clase media, impuestos sobre los ingresos, sobre el consumo y las cotizaciones a la seguridad social. Si los ingresos salariales caen y el empleo estable disminuye, los ingresos públicos se contraen con ellos.
Al mismo tiempo, más personas necesitan apoyo por desempleo, recualificación profesional, atención de la salud y asistencia al ingreso. Los gobiernos se enfrentan así a la tenaza fiscal de menores ingresos y mayores necesidades, un riesgo que destaca el análisis del FMI de 2026 sobre la IA, los mercados laborales y las políticas públicas.
Los sistemas públicos de pensiones se financian por reparto: los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados. En la salud, las personas sanas financian a las enfermas.
Si la base de cotizantes se reduce, la sostenibilidad se derrumba; entonces los gobiernos tienden a recortar prestaciones, subir las tarifas o trasladar más costos a los hogares, como se explica en el artículo de Unrisd (Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social) sobre la IA y el futuro del contrato social.
Los servicios públicos y la democracia bajo presión
La historia sugiere lo que suele venir después: políticas de austeridad. Los gobiernos bajo presión recortan el gasto público, suben los impuestos al consumo, aumentan las tarifas a los usuarios, y endurecen los requisitos de acceso.
Cuando los ingresos flaquean, la educación, la salud, los servicios de cuidados y la protección social suelen tratarse como partidas presupuestarias que hay que «racionalizar», aunque son derechos humanos y servicios públicos indispensable para la cohesión social.
El resultado es un mundo de dos niveles: servicios privados de calidad para una minoría rica y servicios públicos deficientes para el resto.
La inseguridad económica erosiona la confianza en la democracia. Si la gente siente que el trabajo ya no ofrece estabilidad, que las instituciones públicas ya no protegen y que los beneficios de la tecnología fluyen hacia arriba, hacia una élite pequeña, crece el resentimiento.
La polarización se agudiza. Resulta más fácil buscar chivos expiatorios y más tentador recurrir a la vigilancia, la manipulación y formas de control más autoritarias, sobre todo cuando la propia IA puede emplearse para moldear la información y el debate público.
El futuro está en nuestras manos
Nada de esto es inevitable. Como sostienen los premios Nobel en Ciencias Económicas de 2024 Daron Acemoglu y Simon Johnson, el impacto de la inteligencia artificial depende mucho menos de la tecnología que de las decisiones políticas y económicas que tomemos sobre cómo usarla.
Los gobiernos pueden gravar las ganancias extraordinarias y el poder concentrado que genera la IA. Con estos fondos, pueden proteger la demanda y garantizar la seguridad de ingresos durante la transición. Los gobiernos pueden y deben ampliar los servicios públicos y la seguridad social, derechos humanos fundamentales.
Los Estados también pueden dar a los trabajadores y a la ciudadanía una voz real en la implementación de la IA, y regular la IA para fortalecer la democracia, evitando que la desinformación y la vigilancia erosionen la confianza cívica antes de que quede dañada de forma irreparable.
La IA ya está transformando la sociedad. La pregunta decisiva es si las democracias serán capaces de garantizar que sus enormes beneficios se compartan de forma suficientemente amplia para la prosperidad de la mayoría, preservando el contrato social del que dependen las sociedades estables y dignas. Esa decisión todavía está en nuestras manos, pero no por mucho tiempo.
Isabel Ortiz es directora de Justicia Social Global. Fue directora en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, y alto cargo de la ONU y del Banco Asiático de Desarrollo.
Bill Shoulder es ingeniero de software de IA e investigador, con experiencia en inteligencia artificial y gestión de proyectos internacionales.
