CORRUPCIÓN-ARGENTINA: Sobresueldos, ¿condena moral o prisión?

¿Pueden ir a la cárcel ex ministros, secretarios, legisladores y magistrados de Argentina que durante la década de 1990 recibieron pagos millonarios al margen de sus salarios, bajo el amparo de leyes secretas? Los juristas creen que sí. El gobierno duda.

La práctica de pagos adicionales a funcionarios durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) fue un secreto a voces en aquel período. Cuando el ex presidente finalizó su mandato, aparecieron testimonios aislados pero coincidentes en varias causas judiciales. Pero en las últimas semanas estalló un verdadero escándalo.

Las acusaciones involucran a ex altos funcionarios de los tres poderes del Estado. La justicia federal citó a ex ministros e investiga si existía un mecanismo aceitado por el cual las distintas dependencias gubernamentales apelaban sistemáticamente a leyes secretas que habilitan la existencia de fondos reservados para pagar sobresueldos y financiar otras operaciones ilegales.

Entre el 17 y el 20 de mayo deberán declarar ante la justicia los ex ministros Domingo Cavallo, de Economía, Oscar Camilión, de Defensa, y Raúl Granillo Ocampo, de Justicia, además de otros funcionarios señalados como responsables de estas maniobras.

Entre 1991 y 1999, el gobierno de Menem distribuyó sobresueldos secretos por valor de 466 millones de pesos, entonces equivalentes a igual suma en dólares, según un peritaje del experto en fraude corporativo Alfredo Popritkin, solicitado por la fiscalía federal.

Pero el perito admite que los montos podrían ser mucho mayores.

El actual gobierno de Néstor Kirchner asiste con aparente indignación al escándalo, aunque rechaza de momento las iniciativas que promueven la derogación de las leyes secretas, o la publicación diferida de sus contenidos.

El presidente aseguró que en su gobierno ”nunca” hará pagos adicionales secretos a funcionarios.

Los legisladores del gobernante Partido Justicialista (el mismo de Menem) tampoco son favorables a la derogación de la norma.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, se pronunció en contra de derogar las leyes como reacción al escándalo, y sostuvo que una eventual reforma debería mantener el secreto para gastos de seguridad e inteligencia.

También negó que en el actual gabinete subsistieran funcionarios beneficiados con aquella práctica de los años 90, como señalan testimonios ventilados fuera y dentro de sede judicial.

Sin embargo, el actual presidente del Banco Central, Martín Redrado, fue acusado por su ex secretario privado y amigo, Adrián de Santis, de cobrar sobresueldos cuando encabezaba la Comisión Nacional de Valores, bajo el gobierno de Menem.

En una entrevista este viernes con la radio bonaerense Rivadavia, el ministro Fernández opinó que si la ley efectivamente rige ahora y regía cuando se pagaban sobresueldos ”no habrá ningún tipo de sanción legal ni pena: lo único que habrá es una enorme sanción moral”.

El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, había recomendado ”realizar una investigación para averiguar si el circuito del dinero, más allá de lo ético, era jurídicamente legal o no”. En caso de no poder probarse un delito, también se pronunció por una ”sanción moral” para los imputados.

Las declaraciones de Rosatti y la impunidad con la que algunos de los beneficiarios justifican esos pagos extraordinarios, generan dudas respecto de la posibilidad de configurar como delitos esos actos que muchos funcionarios incluían en su declaración jurada ante el fisco.

Los expertos señalan una amplia gama de delitos. Pero responden con escepticismo sobre un desenlace de prisión para los responsables. De hecho, se supone que algunos de los jueces que deberían investigar estos hechos recibieron también sobresueldos.

Según una consulta de IPS a varios abogados penalistas, entre ellos Daniel Sabsay y Ricardo Monner Sanz, existió al menos peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, apropiación indebida de bienes, mal desempeño de funciones y, para algunos de los consultados, podría probarse la existencia de una asociación ilícita.

”El secreto es una categoría que la Constitución argentina no contempla ni admite porque la publicidad de los actos de gobierno es un principio elemental del Estado de derecho”, dijo a IPS el constitucionalista Sabsay, justificando su rechazo a las leyes secretas en las que se amparan los ex funcionarios.

Pero aun cuando la ley fuera aceptable, ”el dinero es mal habido”. El secreto se justifica en la necesidad de preservar la seguridad o defensa del país, recordó Sabsay, pero en este caso se destinó a engrosar el patrimonio de funcionarios de espaldas a sus gobernados, dijo.

El secreto no sólo permitió pagar sobresueldos. Hay 11 causas en la justicia federal por delitos cometidos al amparo de normas secretas. Uno de ellos es el caso de los decretos secretos que permitieron el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia, a mediados de los años 90.

Otro fue el soborno a un procesado para que incriminara a terceros en un juicio por el atentado contra una entidad judía, perpetrado en 1994. Y también se investigan sobornos pagados con fondos reservados por el Poder Ejecutivo a senadores con el fin de aprobar una resistida reforma laboral durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001).

La primera en reconocer los sobresueldos fue la ex secretaria de Ambiente, María Julia Alsogaray, presa por enriquecimiento ilícito. La funcionaria admitió en 2003 que había percibido un ingreso mensual equivalente a siete salarios correspondientes a su cargo, realizado con fondos secretos.

En el mismo proceso admitieron esos pagos extraordinarios otros funcionarios de su área.

Luego lo reconoció un secretario del ex ministro de Justicia, Granillo Ocampo, procesado por enriquecimiento ilícito. Roberto Martínez Medina confesó ante la justicia que cada mes iba a la Jefatura de Gabinete y recibía 100.000 pesos (equivalentes a igual suma en dólares) para el ministro.

El monto, diez veces superior al sueldo del ministro, era utilizado para sus gastos personales. Martínez Medina aseguró que en la Jefatura de Gabinete encontraba cada mes a secretarios de otros altos funcionarios recogiendo dinero.

Camilión también reconoció haber cobrado sobresueldos ante un tribunal que lo indagaba por la existencia de una millonaria cuenta en un banco suizo.

En febrero, un chofer de la coordinadora de Acción Social del gobierno de Menem, Eva Gatica, denunció que durante su gestión retiraba cientos de miles de dólares de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por orden de su jefa y de otros funcionarios de entonces, como el ministro del Interior, Carlos Corach, y el secretario de la Presidencia, Eduardo Bauzá.

Ese testigo ha vuelto a declarar en una investigación en marcha sobre este mecanismo y denunció que en los últimos días desconocidos intentaron arrojarlo de un tren.

Este año, un ex tesorero del Ministerio de Defensa describió el mismo esquema. Entre 1994 y 1999, la cartera recibía un monto mensual millonario ”del Ministerio de Economía” mediante una cuenta en el estatal Banco Nación, con excepción de los 100.000 dólares que él iba a buscar personalmente ”para el ministro”.

Desde prisión, Alsogaray dio en abril más detalles: que los ministros percibían 100.000 dólares, los secretarios 40.000, y así sucesivamente, y que todo estaba en conocimiento de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

La ex funcionaria dio nombres y relató que en las reuniones de gabinete, el entonces ministro Cavallo exhortaba a todos a declarar sus sobresueldos como parte de sus ingresos.

Esta semana, un ex asesor del directorio del Banco Nación, Enrique N'Haux, presentó un libro de ficción en el que se relata el funcionamiento de esos pagos a directivos de la institución bancaria estatal. N'Haux también declaró ante la justicia y acusó a Cavallo.

El diario Página 12 sostuvo que Cavallo desviaba un millón de dólares por mes a la SIDE mediante decretos reservados, costumbre que siguió su sucesor en Economía, Roque Fernández.

Ese dinero regresaba de modo oculto y se utilizaba para los sobresueldos del ministro, secretarios, subsecretarios, directores y asesores, para financiar campañas políticas y pagar sobornos a legisladores reacios a aprobar leyes requeridas por el Poder Ejecutivo, según dijeron al periódico las fuentes, ex funcionarios de la cartera.

Las acusaciones involucran a ex integrantes de la Corte Suprema de Justicia y está en manos de la justicia el nombre de quien se ocupaba de buscar y distribuir entre los magistrados los sobre con el dinero.

Alsogaray también identificó a algunos legisladores beneficiarios de estos pagos. El dirigente Luis Zamora, quien fue legislador en los años 90, recordó que había denunciado esa práctica, pero los tribunales no avanzaron en la investigación. (

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