El Congreso legislativo de Estados Unidos debate un proyecto de ley para imponer sanciones a países aliados que respaldan la Corte Penal Internacional (CPI).
La Cámara de Representantes aprobó este mes una enmienda al presupuesto 2005 de ayuda exterior, propuesta en junio, que prohíbe la asistencia financiera a países que no hayan ratificado el Acuerdo de Inmunidad Bilateral (AIB) con Washington, con el que se busca impedir que ciudadanos estadounidenses queden bajo jurisdicción de la CPI.
Esta prohibición recibió críticas del Departamento de Estado (cancillería) e incluso de varios líderes del gobernante Partido Republicano, que advirtieron sobre la posibilidad de que obstaculice la colaboración internacional en la guerra contra el terrorismo.
Pero fuentes del Congreso señalan que es muy probable que la prohibición se mantenga en el proyecto, considerando el gran rechazo de los republicanos a la CPI.
El hecho es que la mayoría de los republicanos quieren ver muerta la CPI, y esto es un clavo más en su ataúd, dijo una fuente legislativa a IPS.
El tribunal fue establecido por el Estatuto de Roma de 1998, para juzgar crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad, y ratificado por 97 países de los 139 que lo firmaron, incluyendo a todos los aliados de Washington en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y miembros de la Unión Europea.
La CPI entró oficialmente en funciones en 2002, y su fiscal general, el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, ya inició investigaciones sobre crímenes de guerra en la República Democrática del Congo y en Uganda.
El ex presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) firmó el Estatuto de Roma, pero la administración de George W. Bush, en una maniobra sin precedentes, retiró su firma de ese tratado en mayo de 2002, a la vez que lanzó una ofensiva diplomática sin precedentes para persuadir a países aliados a que firmaran el AIB.
La CPI sólo tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos tras su entrada en vigor por ciudadanos de estados partes del Estatuto y en territorios de esos estados, siempre y cuando los respectivos sistemas judiciales nacionales no puedan o no tengan voluntad para actuar.
Además, también puede entender en casos específicos que le remita el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
El gobierno de Bush insiste en que la CPI amenaza la soberanía de Estados Unidos y, dado el predominio militar de Washington y su responsabilidad en el mantenimiento de la paz internacional, sus soldados serán en especial vulnerables a investigaciones del tribunal motivadas políticamente.
Los aliados de Bush defensores de la CPI, como el primer ministro británico Tony Blair, señalan que Estados Unidos no tiene nada que temer.
El Estatuto de Roma establece que la CPI sólo puede actuar si la justicia del país involucrado no está en condiciones de actuar o no tiene voluntad de hacerlo.
Por eso, Moreno Ocampo ha rechazado peticiones para juzgar a soldados británicos y estadounidenses acusados de cometer crímenes de guerra desde que invadieron Iraq, en marzo de 2003.
Una ley contra la CPI, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2002, recortó la asistencia militar de Washington a más de 30 países, la mayoría de ellos pobres, que habían ratificado el Estatuto de Roma y rechazado el AIB.
Ante semejante presión, más de 80 países cedieron y firmaron el acuerdo de inmunidad con Estados Unidos.
Bajo la nueva ley, pendiente de aprobación por el Senado, Bush podrá interrumpir la asistencia financiera a países que integren o no la OTAN, como Argentina, Australia, Corea del Sur, Chipre, Ecuador, Egipto, Irlanda, Israel, Japón, Jordania, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
El programa de asistencia específico afectado por la prohibición sería el Fondo de Apoyo Económico, que el gobierno usa tradicionalmente para respaldar a países que pueden jugar un papel clave en sus objetivos estratégicos, como la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo.
Jordania, por ejemplo, espera recibir 250 millones de dólares de ese Fondo para el crecimiento económico y el apoyo a la salud pública, la educación y las reformas del gobierno.
Por su parte, Washington necesita desesperadamente de la cooperación de Amman para capacitar a soldados iraquíes.
El Fondo también financia programas de desarrollo en países de América Latina y el Caribe que, a la vez, prestan colaboración en operativos regionales contra el terrorismo y el narcotráfico.
Muchos de esos países ya perdieron millones de dólares en asistencia debido a su postura sobre la CPI, señaló el coordinador del programa internacional sobre asuntos de leyes y justicia Ciudadanos para Soluciones Globales, Brian Thompson.
Pero cortar la ayuda no cambiará su forma de pensar. Sólo socavará nuestras relaciones diplomáticas y debilitará nuestra capacidad para cooperar con ellos en los esfuerzos contra el terrorismo y otras prioridades, añadió en un comunicado.
