Cultivadores de coca y sus familias mantienen una vigilancia pacífica de campamentos de militares encargados de destruir sus plantaciones en la reserva natural Isiboro Sécure, del central departamento de Cochabamba, tras choques el lunes en los que murió un campesino y hubo 15 heridos, entre ellos cuatro soldados.
El dirigente de los cocaleros de la región tropical y diputado Evo Morales Ayma, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), logró un compromiso gubernamental de dejar en suspenso por cuatro días la erradicación de esos cultivos y pagar una indemnización a la familia del campesino fallecido, pero de todos modos exigió la renuncia del ministro de Gobierno, Saúl Lara Torrico.
El dirigente campesino Fidel Tarqui calificó de provocación a las acciones de una Fuerza de Tarea Conjunta que eliminó cultivos de coca en la reserva, ubicada a 250 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
Testigos de los enfrentamientos ocurridos en la mañana del lunes informaron a IPS que decenas de campesinos permanecen desde ese día a distancia prudente de los campamentos militares, atentos al movimiento de los soldados encargados de la destrucción de los cocales.
Hasta el miércoles, las principales rutas del Chapare seguían bloqueadas por campesinos que impedían el tránsito de vehículos y el reabastecimiento de alimentos y municiones de las brigadas de erradicación..
El acuerdo alcanzado entre Morales y el presidente Carlos Mesa, en una reunión realizada el mismo miércoles, incluyó el retiro de los campesinos del lugar, pero las fuentes indicaron que eso no ha ocurrido.
Radioemisoras de la región difundieron este jueves denuncias de dirigentes cocaleros sobre la continuidad de las tareas de destrucción de arbustos de coca en zonas alejadas del lugar de conflicto.
Los sindicatos campesinos demandaron el retiro de los soldados encargados de la erradicación, y Morales informó que el gobierno estudiará la posibilidad de acceder a ese pedido.
El Parque Nacional Isiboro Sécure fue invadido por cultivadores de hoja de coca de la región del Chapare, en Cochabamba, tras acciones gubernamentales realizadas en los últimos años para erradicar sus plantaciones.
Los cultivos de coca, la materia prima de la cocaína, llegaron a cubrir unas 48.000 hectáreas en el Chapare, pero esas acciones de fuerzas policiales y militares redujeron esas plantaciones a unas 8.000 hectáreas, de las que unas 5.000 se hallan en el Isiboro Sécure.
Según el gobierno hay en el país un total de 18.000 hectáreas de cultivos ilegales de coca, y las 10.000 que no se ubican en el Chapare corresponden a la zona de los Yungas, en el occidental departamento de La Paz.
La legislación boliviana sólo permite el cultivo de 12.000 hectáreas de coca para el consumo tradicional de sus hojas mediante infusiones, masticación y ceremonias tradicionales celebradas por las comunidades aymaras.
Morales se proyectó a la política desde su actividad en defensa de los agricultores del Chapare, y fue expulsado del parlamento en enero de 2002, por una mayoría oficialista que lo culpó de violaciones de los derechos humanos durante movilizaciones de protesta.
En las elecciones presidenciales del mismo año, llegó a disputar la presidencia en segunda vuelta con Gonzalo Sánchez de Lozada, que lo derrotó, y el MAS logró importante peso parlamentario.
Luego Morales fue uno de los principales promotores de movilizaciones articuladas en torno al rechazo de proyectos gubernamentales para exportar gas natural, que precipitaron el 17 de octubre de 2003 la renuncia de Sánchez de Lozada.
En la actualidad, lidera una bancada de 34 parlamentarios que respaldaron algunas acciones de Mesa, elegido como vicepresidente junto con Sánchez de Lozada y sucesor de éste.
Todo eso aumenta la capacidad de maniobra del dirigente del MAS para defender a los cultivadores de coca y mantener la resistencia a los planes de erradicación de cultivos, que se desarrollan con fuerte apoyo estadounidense.
Pocas horas después del enfrentamiento del lunes , Lara anunció investigaciones para esclarecer la muerte del campesino Choque Cruz, y aseveró que gobierno desea resolver mediante el diálogo el conflicto con los cocaleros.
Por gestión del representante del Defensor del Pueblo en la zona del Chapare, Augusto Siles, dos helicópteros militares trasladaron a los heridos hasta centros asistenciales del departamento de Cochabamba.
El secretario general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Guillermo Vilela, envió una carta a Mesa en la que expresa preocupación por los hechos de violencia y pide esfuerzos para que retorne la calma.
También pidió el cese de la erradicación forzosa de los cocales y abogó por una política concertada entre el gobierno y las organizaciones de agricultores.
En un proceso democrático como el que vive Bolivia, la violencia debería ser desterrada, declaró el Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana Monseñor Jesús Juárez.
Vilela anunció que si persisten las acciones violentas presentará denuncias ante organismos internacionales. (