MADRID – Argentina solicitó a España la extradición de un militar retirado venezolano, el coronel Ephaín Enrique Verdú Torrelles, para juzgarlo en un caso de crímenes de lesa humanidad, la muerte de una estudiante durante protestas opositoras en el año 2014 en Venezuela.
“Las víctimas en Venezuela no han tenido justicia en su país, y la solicitud presentada por Argentina es un recordatorio de que la justicia puede cruzar fronteras”, afirmó Michelle Reyes Milk, asesora sénior de justicia internacional de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
La solicitud de extradición deriva de una denuncia penal presentada ante tribunales argentinos en junio de 2023 por InterJust, una organización de derechos humanos con sede en París que combate la impunidad facilitada por las fronteras.
El Consejo de Ministros de España aprobó la continuación del procedimiento relativo a la solicitud de extradición, y remitió a la Audiencia Nacional la solicitud del juez federal argentino Sebastián Ramos.
El caso es posible gracias al principio de jurisdicción universal, que permite a los países investigar y juzgar ciertas violaciones graves de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales graves, independientemente del lugar donde se cometieron o de la nacionalidad de los sospechosos o de las víctimas.
Verdú Torrelles, coronel retirado de la Guardia Nacional de Venezuela, comandaba un destacamento de esa fuerza militarizada que actuó contra manifestantes en el área de Valencia, a unos 140 kilómetros al oeste de Caracas, contra una protesta de vecinos que sonaban cacerolas vacías el 19 de febrero de 2014.
Efectivos a bordo de motocicletas disolvieron la manifestación con disparos de perdigones y gases lacrimógenos. La estudiante y atleta Geraldin Moreno Orozco, de 23 años, fue alcanzada y cató herida. Un militar bajó de su vehículo, se aproximó, y a quemarropa le disparó pedigones al rostro. La joven pereció.
Ese mismo día, en la misma zona, hubo otras dos muertes por la represión., Durante los primeros meses de 2014 hubo centenares de protestas antigubernamentales en Venezuela, muy fuertes en el occidente andino, que dejaron un total de 43 muertos y centenares de heridos y detenidos.
“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune. Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”, ha dicho a propósito de la solicitud de extradición la madre de Geraldin, Rosa Orozco.
La justicia argentina aún no ha acusado formalmente de delitos a Verdú Torrelles y a otros 13 oficiales de la Guardia Nacional venezolana, pero notificó al coronel retirado que es objeto de una investigación penal en curso y por ello le ha citado.
Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, dijo que “pedimos que España siga colaborando con Argentina, que cumpla con sus obligaciones internacionales, y que siga dando curso a la extradición”.
HRW recordó que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encontró motivos razonables para creer que las violaciones cometidas por el gobierno venezolano constituían crímenes de lesa humanidad.
También en 2021 se inició en la Corte Penal Internacional una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir de 2014, un año después de que asumiese la presidencia Nicolás Maduro, tomado como prisionero el pasado 3 de enero por fuerzas militares de Estados Unidos que atacaron la ciudad de Caracas.
Una denuncia separada y paralela sobre esos presuntos crímenes de lesa humanidad fue presentada por la organización argentina de derechos humanos Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, en enero de 2023, contra Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Maduro se encuentra detenido bajo custodia federal en Estados Unidos desde el 3 de enero y está a la espera de juicio en la ciudad de Nueva York, junto con su esposa Cilia Flores. Cabello continúa desempeñándose como ministro del Interior, Justicia y Paz en Venezuela.
Por su parte, la organización de estudios y derechos humanos Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola en inglés) destacó que “la jurisdicción universal es un mecanismo extraordinario que rara vez se activa, lo que convierte cada caso en un hito en sí mismo”.
“El proceso que avanza en Argentina, y cuyo resultado depende de la cooperación de España, es una de esas raras oportunidades en las que la comunidad internacional honra su compromiso con las víctimas. No debe desaprovecharse”, asentó Wola en una declaración.
A-E/HM
