Organizaciones sindicales y sociales de Argentina reclamaron este lunes al gobierno de Néstor Kirchner y a autoridades de provincias el respaldo a un proyecto de ley para remover procesos judiciales que pesan sobre 4.800 personas por presuntos delitos derivados de la participación en protestas sociales.
Tras la consigna Para que haya justicia: desprocesamiento ya, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) junto a otras organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos realizaron una jornada de protesta en Buenos Aires y en las provincias de Salta, Neuquén, Jujuy, Catamarca y Tucumán.
La manifestación en la capital argentina culminó con la entrega de un proyecto de la CTA, una de las dos centrales sindicales del país, y de los demás grupos de la sociedad civil al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en el que proponen al gobierno que haga suya la iniciativa de desprocesar a los que participan de las protestas callejeras.
No se trata de una amnistía, porque los procesados no cometieron ningún delito, pero sí se pide que se ponga coto a la persecución, explicó a IPS Víctor Mendibil, de la mesa nacional de la CTA.
Mendibil señaló que desde 1999 suman 4.785 los procesados por delitos asociados a protestas sociales, 1.800 de los cuales son activistas de la CTA, una organización que reúne a sindicatos mayoritariamente del sector estatal y de maestros y profesores discrepantes con la Confederación General del Trabajo, ligada a los sectores más derechistas del gobernante Partido Justicialista.
En la movilización de este lunes los dirigentes evitaron responsabilizar al gobierno de Kirchner por esta situación, que describieron como persecución judicial, pero advirtieron que el problema es serio y que, si no se resuelve rápidamente, acusarán directamente a las autoridades nacionales nacional y a las provinciales.
La CTA tiene muchos puntos de coincidencia con el gobierno del centroizquierdista Kirchner, del justicialismo, sobre todo en materia de derechos humanos.
Este mismo lunes, organizaciones de trabajadores desocupados, llamados piqueteros por su modalidad de protestar con bloqueo de tránsito vehícular, como Barrios de Pie y la Federación de Tierra y Vivienda entre otros, también concretaron un acto de apoyo a la administración de Kirchner.
Luis D'Elía, diputado de la oriental provincia de Buenos Aires y líder de la Federación Tierra y Vivienda perteneciente a las filas de la CTA, no se salvó de los problemas con la justicia pese a la afinidad con el gobierno. Está procesado por acompañar la breve ocupación de una comisaría donde había policías sospechosos de complicidad en el asesinato de un dirigente barrial de su grupo.
Mendibil aseguró que hay dirigentes sindicales en las provincias del norte del país que acumulan entre 30 y 50 causas penales cada uno, y todas están relacionadas con su participación en protestas callejeras para reclamar derechos sociales garantizados por la Constitución desde su reforma de 1994.
La mayor cantidad de procesos recae sobre trabajadores o ex empleados de la firma petrolera Repsol-YPF o de su antecesora estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Muchos de los operarios que fueron despedidos al momento de la privatización de la entonces monopólica empresa petrolera, en la primera mitad de los años 90, reclaman por el incumplimiento del programa de propiedad participada que les prometía acciones de la compañía subastada a favor de privados.
En general, los delitos que se imputan a los activistas son variados. Muchos de ellos son acusados de coacción agravada, también asociación ilícita para perpetrar daños, interrupción del libre tránsito, usurpación, resistencia a la autoridad e incluso entorpecimiento de la actividad económica.
Esta última figura fue incluida en el Código Penal para castigar estafas, delitos de vaciamiento o lock out empresarial, pero en la austral provincia de Santa Cruz esa categoría fue utilizada este año por primera vez contra desocupados que ocuparon una planta petrolera en reclamo de empleo.
Según Mendibil, lo que más preocupa a los dirigentes sindicales es la figura de coacción agravada, que está siendo muy utilizada por los jueces para inculpar a los detenidos en manifestaciones callejeras contra la crisis económicas, la falta de empleo o los bajos montos de los subsidios para desocupados.
La coacción se aplica, por ejemplo, cuando los manifestantes rodean un edificio público y por medio de amenazas de daño a personas o bienes impiden a los funcionarios adoptar medidas o los fuerzan a hacerlo, explicó a IPS Claudio Pandolfi, abogado de organizaciones humanitarias y de desocupados.
Pandolfi sostuvo que el gobierno de Kirchner tiene un discurso que es respetuoso de los derechos humanos, pero al mismo tiempo retarda las respuestas a los que reclaman por trabajo y otros derechos sociales, lo cual obliga a profundizar las medidas de fuerza y a tensar los conflictos..
Ahora se está utilizando la 'coacción' para (criminalizar) cualquier protesta, y se aplica también la 'privación ilegítima de la libertad', creada para reprimir secuestros, para los casos en los que los manifestantes impiden la entrada y salida de funcionarios de una oficina pública durante algunas horas, añadió.
Respecto de los desocupados de Santa Cruz, a los que se les imputó el delito de entorpecimiento de la actividad económica, Pandolfi señaló que, si no hay un freno a esta ofensiva, también podría utilizarse esa figura contra operarios que lleven adelante una huelga que obstaculiza la actividad de una empresa.
Es un disparate, sólo falta que acusen a los manifestantes de terroristas, protestó el abogado, y acusó a la Procuraduría General de la Nación, que ordena la labor de los fiscales federales, de no orientar a los funcionarios judiciales para evitar que se utilice el código penal para reprimir el desorden.
Los manifestantes detenidos en estos episodios pueden estar presos dos años o más hasta que la causa llega a juicio oral y se resuelve su culpabilidad o su inocencia. Por eso los líderes de los sindicatos advierten que la figura delictiva se usa como escarmiento a los que intervienen en las protestas.
En agosto fue detenido y trasladado a la nororiental provincia de Chaco el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, quien ya estuvo preso en siete oportunidades en la última década y que en julio había ocupado un casino de ese estado para exigir alimentos.
Como las autoridades del casino no pudieron satisfacer ese pedido entregaron 10.000 pesos (equivalentes a 3.300 dólares) y consiguieron que los activistas desocuparan el local. Un mes después Castells fue procesado por extorsión y actualmente está preso y en huelga de hambre desde hace 11 días.
De esta manera lo que se pretende es generar miedo, mostrar un escarmiento para los que siguen participando, hacernos sentir delincuentes para que la próxima vez no reclamemos, aseguró Mendibil durante la manifestación que se realizó hacia la secretaría de Derechos Humanos.
Los manifestantes exigieron al gobierno que cese la persecución judicial contra los que luchan por un país más justo y que se avance en el desprocesamiento de todos aquellos que hoy son perseguidos por la justicia, según reza el documento entregado por las organizaciones sociales. (
