El presidente de Honduras, Carlos Flores, ordenó el retiro de demandas contra 35 indígenas y campesinos que participaron en una manifestación que disuelta violentamente por la policía el 12 de octubre.
En un diálogo con dirigentes de los siete pueblos indígenas y de las centrales campesinas, Flores lamentó la violencia ocurrida entonces, ordenó el retiro de las demandas, pidió disculpas a los 20 heridos en el disturbio y prometió indemnizarlos económicamente.
La reunión entre Flores y los líderes indígenas y campesinos se efectuó el 28 de octubre, pero los resultados se mantuvieron en reserva hasta el jueves.
Mayra Avila, portavoz del Ministerio de Seguridad, informó que la demandas serán retiradas de los tribunales este lunes.
Unos 5.000 indígenas y campesinos llegaron a Tegucigalpa el 12 de octubre desde apartadas regiones del interior de Honduras, en una marcha pacífica.
Los dirigentes indígenas y campesinos se reunieron con varios ministros, pero cuando los manifestantes intentaron pasar frente a la Casa Presidencial, la protesta fue disuelta con tiros, bombas lacrimógenas y bastonazos.
En la refriega, cuatro personas fueron heridas de bala y 16 recibieron golpes de consideración.
La marcha fue convocada por el Comité de Organizaciones de los Pueblos Indígenas, el Comité de Organizaciones Populares e Indígenas y varias centrales campesinas.
Su reclamo consistía en demandar al parlamento que desista de una reforma del artículo 107 de la Constitución que permitiría la venta de tierras en las zonas costeras y fronterizas.
Otras demandas de la marcha fueron la titulación de tierras de comunidades indígenas y campesinas, investigación de una serie de asesinatos de líderes aborígenes, medidas contra la inseguridad, reforma agropecuaria y forestal y la protección de las zonas donde están asentados los pueblos nativos.
Tulio Mariano Gonzáles, de la Coordinadora de Organizaciones Negras de Honduras, declaró que el presidente Flores tardó mucho tiempo en dialogar con los dirigentes indígenas y campesinos, "pero cuando lo hizo, el diálogo fue transparente, abierto y amplio, a veces emotivo, acalorado, pero siempre respetuoso".
En este encuentro, las organizaciones campesinas e indígenas reiteraron sus demandas.
"Estamos convencidos de que la cultura del diálogo debe ser impulsada con mayor vehemencia en Honduras y todos, gobernantes y gobernados, debemos cooperar con esa prioridad patriótica", dijo Gonzáles.
Desde 1994, el movimiento indígena —integrado por siete pueblos autóctonos, algunos de ellos en vías de extinción— comenzaron una serie de marchas desde sus comunidades en las montañas hacia Tegucigalpa, la capital, con una serie de exigencias al gobierno.
En la primera marcha, el entonces presidente Carlos Roberto Reina (1994-1998) se comprometió a titular las tierras y atender las demandas en materia ambiente, salud, educación y cultura.
Pero no cumplió sus compromisos, y hubo otras marchas en 1996 y en 1997. El gobierno creó programas especiales y atender las demandas.
En 1998, el parlamento reformó el artículo 107 de la Constitución para permitir la venta de tierras en las zonas costeras y fronterizas, lo que generó la airada protesta de los grupos indígenas y campesinos.
En octubre de este año debía ser ratificada esta reforma, pero la marcha logró que el presidente del Congreso legislativo, Rafael Pineda Ponce, retirara esta iniciativa.
Esta reforma fue intruducida por el ministro de Turismo, Norman García, quien argumentó que ello estimularía la inversión extranjeras en proyectos turísticos, particularmente complejos hoteleros en la costa atlántica hondureña.
Gonzáles dijo que de mantener los canales del diálogo abierto no habrá necesidad de nuevas marchas indígenas y campesinas, aunque si ellos se cierran volverán al uso de este recurso para ser escuchados. (FIN/IPS/jrd/mj/ip/99
