BUENOS AIRES – Se suponía que sería un momento para corregir el rumbo, una oportunidad para ponerse de acuerdo sobre cómo abordar los factores que provocan el declive y la desaparición de especies, la diversidad genética y los ecosistemas.
Sin embargo, cuando la conferencia de la 17 Conferencia de las Partes (COP17) sobre la biodiversidad de las Naciones Unidas concluyó el sábado 31 de octubre en Ereván, la capital de Armenia, muchos delegados se fueron decepcionados porque la respuesta no había estado a la altura de la urgencia del problema.
“Esto demostró que el sistema multilateral aún es capaz de alzar la voz, pero no de resolver los problemas”, declaró Oscar Soria, director ejecutivo de Common Initiative.
Hace cuatro años, los gobiernos acordaron un conjunto de metas ambiciosas para 2030 a través del Marco Mundial de Biodiversidad. Sin embargo, según la Revisión Global presentada a principios de este año, ninguna meta sigue una trayectoria totalmente positiva.
En la COP17, los gobiernos adoptaron la Ruta de Ereván para abordar esta brecha. Establece una respuesta a esos hallazgos, pero, según coincidieron los expertos, se refiere en gran medida a textos acordados previamente y es imprecisa en cuanto a los pasos prácticos a seguir.
“La política obstruccionista de las negociaciones climáticas se ha infiltrado en las negociaciones sobre biodiversidad”, afirmó Alfred DeGemmis, director de política internacional de Wildlife Conservation Society, en un comunicado.
Los observadores señalaron que Rusia intentó repetidamente suavizar el lenguaje sobre los derechos de los pueblos indígenas, alta mar y los subsidios perjudiciales, mientras que Arabia Saudí e India también se opusieron a las referencias a la reforma de los subsidios.
Los negociadores eliminaron el lenguaje anterior que pedía una transformación de los sistemas económicos y financieros y la reforma de las prácticas nocivas. En su lugar, el texto exige “una mayor acción para abordar los factores subyacentes de la pérdida de biodiversidad”.
Se “alienta encarecidamente” a los países desarrollados y a aquellos “que estén en condiciones de hacerlo” a que aumenten el apoyo a los países en desarrollo, pero el texto no menciona montos específicos.
Se estima que existe una brecha de 700 000 millones de dólares entre lo que se necesita para resolver la crisis de la biodiversidad y lo que realmente se recauda.
La brecha es mayor en América Latina y el Caribe. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado durante la COP17 señala que la región necesita 170 000 millones de dólares al año para la naturaleza, pero solo recibe unos 17 mil millones.
“A veces, el trabajo que hacemos es una gota en el océano debido a la magnitud de la crisis de la biodiversidad. No fue suficiente, pero hemos logrado más de lo que podríamos haber esperado”, dijo el presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan, en una conferencia de prensa.
Una ardua tarea
La cumbre de Ereván fue más pequeña y tranquila que la anterior, la COP16, celebrada en la ciudad colombiana de Cali. Alrededor de 9300 personas se registraron, frente a más de 23 000 en Cali, y las protestas fueron limitadas y se llevaron a cabo en recintos cerrados. Sin embargo, las negociaciones fueron tensas.
La reunión de Cali no logró concluir oficialmente tras extenderse más allá del horario previsto; los delegados comenzaron a retirarse y se perdió el quórum. La reunión tuvo que reanudarse meses más tarde en Roma.
La COP17 en Ereván, inaugurada el 19 de octubre, transcurrió casi sin contratiempos, concluyendo en las primeras horas del sábado en lugar de la noche del viernes como estaba programado, tras una sesión plenaria final de casi 12 horas.
“Quienes preservamos los bosques no podemos cargar con todo el peso mientras quienes generan altas emisiones y tienen un alto consumo se libran”, afirmó el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, en una conferencia de prensa.
Mientras tanto, el ministro de Naturaleza de Irlanda, Christopher O’Sullivan, señaló en otra conferencia de prensa que algunos países aún clasificados como en desarrollo “obviamente deben cumplir con su parte” en el financiamiento de la protección de la naturaleza.
En el Marco Mundial para la Biodiversidad, los países industrializados se habían comprometido a recaudar al menos 20 000 millones de dólares al año en financiamiento público para 2025, aumentando a 30 000 millones de dólares para 2030.
El Informe Global señaló que probablemente no se había alcanzado ese objetivo. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que el financiamiento alcanzó alrededor de 19 000 millones de dólares en 2024, pero promedió alrededor de 16 000 millones de dólares al año entre 2023 y 2025.
Una coalición de países desarrollados, Juscanz, solicitó “ampliar la base de contribuyentes” para incluir a economías emergentes como China e India en la lista de países que financian la protección de la naturaleza.
Al final, se invitó a las naciones que desean sumarse a la lista de donantes a manifestar su interés, mientras que otras pueden contribuir voluntariamente sin ser incluidas en ella.
El dinero en contra de la naturaleza
El debate sobre cuánto dinero falta esconde otro problema: adónde va ya ese dinero. Los gobiernos gastan alrededor de 1,8 billones (millones de millones) de dólares al año en subsidios que dañan la naturaleza, como los que fomentan la deforestación.
La Meta 18 del Marco Mundial de Biodiversidad exige reducir los incentivos nocivos en al menos 500 000 millones de dólares al año para 2030. El avance en este ámbito ha sido particularmente limitado.
Los borradores anteriores de la Revisión Global instaban a tomar medidas más enérgicas. Sin embargo, el texto final de la Ruta de Ereván solo “alienta” a los países a “acelerar” la implementación de la meta, en función de sus “circunstancias nacionales”.
También se lanzó una coalición copresidida por Colombia y Finlandia, denominada “Amigos de la Meta 18”, para ayudar a los países a compartir soluciones.
El papel de Colombia en Ereván contrasta en cierta medida con sus políticas medioambientales generales. El nuevo presidente, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anuló una decisión de su predecesor, el izquierdista Gustavo Petro, que había suspendido los acuerdos mineros y de petróleo y gas en la Amazonia colombiana.
De la Espriella afirmó que la medida anterior no había contado con consultas previas a las comunidades afrocolombianas.
En un comunicado, una coalición de organizaciones medioambientales de la cuenca amazónica señaló que la decisión supone “un preocupante paso atrás en la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta y va en contra del liderazgo internacional que Colombia ha establecido en los ámbitos de la biodiversidad y la acción climática”.
Recursos genéticos y pueblos indígenas
Una lógica similar subyace al Fondo de Cali, creado en la COP16 para que las empresas paguen por los datos genéticos, pero que dos años después está prácticamente vacío.
En el marco del fondo, se pide a las empresas que paguen voluntariamente el 1% de sus utilidades o 0,1 % de sus ingresos, con el objetivo de recaudar mil millones de dólares al año para la conservación. La mitad del dinero está destinada a los pueblos indígenas y las comunidades locales. Sin embargo, al cierre de la COP17 solo se habían comprometido unos 10 500 dólares.
Se suponía que los países iban a ultimar los detalles, como qué empresas —pequeñas, medianas o grandes— deberían contribuir al fondo y cómo se distribuiría el dinero. Sin embargo, las decisiones se pospusieron para el próximo año después de que los países no lograran ponerse de acuerdo.
“Los pueblos indígenas y las comunidades locales no pueden seguir esperando mientras las empresas se aprovechan de la información genética de la naturaleza sin aportar nada a cambio”, afirmó June Rubis, académica y miembro del Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad, en un comunicado.
Sin embargo, los pueblos indígenas y las comunidades locales observaron algunos avances. Los países acordaron cómo funcionará un órgano permanente para ellos, creado en la COP16. Este órgano puede hacer recomendaciones a la COP, pero las decisiones siguen estando en manos de los gobiernos.
“Sí, estamos presentes aquí, pero es el Estado colonial el que se sienta a la mesa de negociaciones. Nosotros no contamos con las condiciones para hacerlo”, señaló en la COP17 Inara Waty Sateré-Mawé, vicecoordinadora de COIAB, una organización indígena de Brasil.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tuvo lugar a mitad de la cumbre. La reelección del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre -y la derrota del ultraderechista Flávio Bolsonaro- fue recibida con vítores en algunos actos de la COP17 por parte de representantes gubernamentales, oenegés y pueblos indígenas.
Consideraron que su victoria suponía una oportunidad para consolidar la reducción de la deforestación amazónica, que se encuentra ahora en su nivel más bajo jamás registrado.
“El destino de la Amazonia y el de la democracia brasileña se han entrelazado profundamente”, afirmó Natalie Unterstell, presidenta del Instituto Talanoa, en un comunicado. “Brasil tiene ahora otra oportunidad de demostrar que las instituciones democráticas pueden proteger tanto los derechos de las personas como los sistemas naturales de los que depende su futuro”, agregó.
Ciencia y océanos
Los países también adoptaron un texto sobre biodiversidad y cambio climático que invita a los gobiernos a considerar nuevas directrices voluntarias para ampliar las soluciones basadas en la naturaleza.
Sin embargo, tras las objeciones, se eliminaron las referencias al dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia del año pasado sobre el cambio climático y a una evaluación de la IPBES, el panel científico de la ONU sobre biodiversidad.
Al intervenir en la sesión plenaria de clausura, un representante de la Unión Europea dijo que estaban “profundamente preocupados” por los intentos de “socavar la ciencia” y restar importancia a la contribución de la IPBES, a la que calificó como una de las “mejores brújulas” disponibles.
Las negociaciones sobre la biodiversidad oceánica también fueron polémicas. Rusia se opuso a las referencias al acuerdo sobre la biodiversidad marina fuera de la jurisdicción nacional, conocido como el Tratado de Alta Mar, que entró en vigor en enero y ha sido ratificado por más de 100 países.
El texto final de Ereván sobre la biodiversidad marina se limita a tomar nota de la entrada en vigor del tratado, en lugar de incorporarlo, aunque los países acordaron crear un grupo consultivo informal sobre la labor de la convención en alta mar.
Brianna Fruean, una activista climática y oceánica de Samoa, dijo que este desarrollo fue profundamente decepcionante. “Al mundo se le está acabando el tiempo mientras los líderes políticos discuten sobre palabras y puntuación”, afirmó en un comunicado.
La próxima oportunidad para cerrar estas brechas será la COP18, que acogerá Quito, la capital de Ecuador, en 2028, dos años antes de la fecha límite de 2030. Un funcionario del Ministerio de Ambiente de Ecuador dijo que el país trabajaría “de manera transparente y constructiva”.
Hay mucho en juego para la biodiversidad en América Latina y el Caribe, región que ha sufrido el mayor declive de todas. Según el Informe Planeta Vivo de WWF, publicado en octubre, las poblaciones de fauna silvestre observadas en la región se redujeron un en un promedio de 95 % entre 1970 y 2022, frente a un promedio mundial de 73 %.
“La COP volverá a celebrarse en América Latina dentro de dos años, y para entonces estaremos muy cerca de 2030, año en el que se supone que habremos cumplido los objetivos de biodiversidad establecidos en el marco global. Esto supone tanto una oportunidad como un reto”, declaró Sandra Valenzuela, directora de WWF en Colombia.
Para Astrid Schomaker, directora del Convenio sobre la Diversidad Biológica, organizador de la COP, la verdadera prueba es qué cambios implementarán los gobiernos cuando regresen a sus países.
“No podemos proteger la naturaleza mientras seguimos financiando su destrucción. Los recursos deben llegar a los países y comunidades que los necesitan. Y la biodiversidad debe formar parte de las decisiones económicas cotidianas”, afirmó en un comunicado.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
RV: EG
