NACIONES UNIDAS – El líder de una de las pandillas más temidas de Haití escribió al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitando la apertura de un diálogo, mientras fuerzas militares de El Salvador lanzan una ofensiva sobre un territorio dominado por las bandas criminales.
Wilson Joseph, también conocido como Lanmò Sanjou y líder de la banda 400 Mawozo, envió la carta, recibida el lunes 2 en la ONU, desde la planicie Cul-de-Sac, al este de Puerto Príncipe y donde cuatro militares salvadoreños están desaparecidos desde que su vehículo fue atacado el 18 de octubre.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó una ofensiva para el rescate de los cuatro técnicos aeronáuticos militares, presuntamente secuestrados, y despachó a la isla caribeña una fuerza de 2000 efectivos, helicópteros y vehículos blindados.
Este martes 3 unidades militares salvadoreñas avanzaban hacia la llanura de Cul-de-Sac, según reportes de medios locales. Bukele conminó a las bandas a que entreguen a los secuestrados o afronten el poder de fuego de sus tropas.
Joseph dice en su carta que “dadas las declaraciones vengativas, las expectativas y las amenazas del señor Nayib Bukele, temo que esta situación conduzca a una escalada de violencia y a una lógica de represalias, de las cuales el pueblo haitiano sería la primera víctima”.
Dijo que estaba disponible para “recibir respetuosamente” a una delegación con la cual “encontrar una solución pacífica, un acuerdo de diálogo y un proceso de estabilización sostenible” en el país.
Agregó que desde el pasado agosto “he izado la bandera blanca”, pues “el diálogo debe prevalecer sobre la fuerza” y “la protección de los civiles, en particular de los niños y las familias vulnerables, debe ser el eje central de cualquier iniciativa internacional”.
La ONU, al confirmar el arribo de la misiva, señaló de inmediato que “la recepción de dicha carta no constituye un respaldo a su contenido, un reconocimiento de su autor ni una declaración de las Naciones Unidas”.
En su declaración, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, también advirtió que las fuerzas despachadas por Bukele no son parte de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF en inglés), un contingente armado internacional respaldado por las Naciones Unidas.
La GSF, que debería contar con unos 5500 integrantes en apoyo de la policía haitiana, hasta ahora solo reunió unos 1500, con aportes de varios países africanos y caribeños, entre ellos un pequeño grupo de salvadoreños, entre los que estaban los técnicos capturados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avaló la operación desplegada por Bukele, señalando que el gobernante salvadoreño “está haciendo lo que debe hacer”, aparentemente sin apoyo adicional estadounidense.
El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de un millón de dólares por la captura de Joseph.
Las acciones de los militares salvadoreños se dirigen por ahora sobre un territorio que han controlado las pandillas Chen Mechan y 400 Mawozo, con centenares de individuos armados y cuyo conocimiento del terreno es todo un desafío.
La postura conciliadora de Joseph contrasta con el pasado de su organización. Con sede principalmente en Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe, 400 Mawozo es conocida por una serie de secuestros, incluido el de 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá en octubre de 2021.
Las pandillas en Haití, de larga data, se expandieron con la crisis que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 y la inestabilidad que no pudieron conjurar los gobiernos, provisorios, instalados desde entonces.
Esos grupos, a veces federados, han controlado hasta 80 % de la capital, de cuyos 1,2 millones de habitantes al menos la cuarta parte huyó para tratar de escapar de la violencia, y se extendieron a regiones del interior, hacia el norte, este y sur.
A las olas de asesinatos, secuestros, violaciones y otros crímenes siguieron la contraofensiva de la policía y de grupos vecinales de autodefensa.
Según las Naciones Unidas, unas 5600 personas murieron víctimas de la violencia en 2024, otras 5900 en 2025 y, entre enero y septiembre de 2026, al menos 5700.
De sus hogares huyeron en los últimos años casi 1,5 millones de personas, agravando el cuadro de pobreza y necesidad de asistencia en refugio, salud, alimentación y otros servicios esenciales para cerca de la mitad de los 12 millones de habitantes en este país de 27 700 kilómetros cuadrados.
La ONU reiteró que todas las operaciones de seguridad deben respetar el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario.
“El respeto a esas obligaciones, así como la transparencia y la rendición de cuentas, siguen siendo esenciales para mantener el apoyo internacional y garantizar la protección de la población”, insistió Dujarric.
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