LIMA – Las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú y las organizaciones que las defienden iniciaron acciones legales a nivel nacional e internacional para revertir el archivo por prescripción de la investigación fiscal del caso a tres décadas de persistente lucha contra la impunidad.
“La decisión de la fiscalía de archivar es un retroceso muy grande para miles de mujeres que buscan justicia. Hay vías nacionales e internacionales que hemos activado para revertir esta situación”, sostuvo Florencia Reggiardo, directora para la región andina y Norteamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Más de 300 000 mujeres, en su mayoría campesinas e indígenas quechuahablantes en situación de pobreza, sufrieron la vulneración de sus derechos humanos al ser esterilizadas sin su consentimiento entre 1996 y el 2000 como parte de una política de salud pública impulsada por el régimen autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).
El no gubernamental Cejil es una de las instituciones que acompaña el caso junto con la organización feminista peruana Demus y el internacional Centro de Derechos Reproductivos con sede en la ciudad de Nueva York.
En declaraciones a IPS desde las oficinas de Cejil en Washington, Reggiardo explicó las medidas adoptadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para exigir que el Estado peruano investigue, juzgue y sancione a los responsables, pues el archivamiento fiscal no le exime de estas obligaciones.
“La decisión de la fiscalía de archivar es un retroceso muy grande para miles de mujeres que buscan justicia. Hay vías nacionales e internacionales que hemos activado para revertir esta situación”, Florencia Reggiardo.
El 22 de octubre la Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos archivó la investigación sobre las esterilizaciones forzadas pese a reconocer que las intervenciones quirúrgicas se realizaron de forma sistemática y sin consentimiento en 22 de los 24 departamentos, lo que las conviert en un crimen de lesa humanidad.
El expediente de 6100 páginas identificó con nombre propio a 4172 víctimas, la mayoría residentes en el departamento surandino de Cusco y en el amazónico de San Martín.
También vinculó a 52 investigados como responsables directos y mediatos de la aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una política pública dirigida a mujeres en mayor vulnerabilidad para un control demográfico elocuentemente discriminatorio.
Reggiardo, una abogada argentina, informó que ya se remitieron observaciones urgentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación al incumplimiento de la sentencia que dictó en 2025 en el caso Celia Ramos vs Perú, una víctima mortal de la política de esterilizaciones forzadas.
Celia Ramos tenía 34 años y residía en el norteño departamento de Piura, cuando en 1997 murió por las complicaciones de una intervención de ligadura de trompas que no solicitó, realizada por personal público de salud.
La sentencia de la Corte IDH, que en teoría son inapelables y de obligada aplicación, prohibió expresamente al Estado peruano aplicar prescripciones o amnistías en este caso de grave violación a los derechos humanos.
Es decir que debía cumplir con investigar, juzgar y sancionar a los responsables directos (operadores de salud) y mediatos (funcionarios, ministros de salud) de esta política que vulneró derechos humanos, no solo los de Celia Ramos, sino de las demás víctimas.
“Hemos acudido a la Corte para que examine este archivo dentro de lo que es el seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Una vez que emite su decisión, monitorea que se cumpla lo ordenado. Nosotros, como representantes de las víctimas y junto con ellas, debemos y podemos exigir que eso ocurra”, remarcó Reggiardo.
Detalló las medidas que puede tomar la Corte IDH como “pedir explicaciones al Estado peruano sobre el archivamiento del expediente fiscal, convocar a una audiencia de seguimiento, emitir una nueva resolución que determine cómo esta decisión afecta el cumplimiento de la sentencia y qué acciones son necesarias para hacerlo efectivo”.
“Lo que vamos a buscar es que la obligación de investigar tenga consecuencias reales y prácticas para el Estado, que se remuevan los obstáculos que impiden avanzar y que las víctimas tengan un verdadero acceso a la justicia, una investigación con su participación y sin nuevas formas de revictimización como lo es esta decisión fiscal”, subrayó.
Justicia que no llega
Ricardina Urbina es una mujer campesina del municipio rural altoandino de Lircay, ubicado a más de 3200 metros sobre el nivel de mar, en el departamento de Huancavelica, con altos índices de pobreza y exclusión. Tiene 53 años y a los 26 fue privada de su autonomía reproductiva y derecho a decidir sobre su cuerpo al ser forzada a una intervención de ligadura de trompas.
Ella y otras víctimas de la política de esterilizaciones sin consentimiento llegaron a la capital para, junto con las organizaciones que las representan, participar en la conferencia de prensa realizada el 28 de octubre en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos una vez conocida la decisión de la fiscalía.
Urbina, campesina y quechuahablante, expresó a IPS su profunda indignación y manifestó sentirse burlada por la justicia peruana. “Cómo vamos a quedar todas las víctimas, tantos años esperando que se reconozca lo que nos han hecho y que nos otorguen reparaciones. Estamos solas, somos mayores, fuimos abandonadas por nuestros esposos porque ya no podíamos tener hijos”, relató.
Su testimonio dio cuenta de una prolongada situación de pobreza y discriminación, que no cesa. “Sufrimos mucho, padecemos para poder comer, el costo de la vida ha subido mucho y en el campo no hay lluvias, la vida es muy difícil. Pido que todos los papeles, los documentos los hagan valer, que no se pierdan, que no los tiren. Mientras estemos vivas seguiremos reclamando justicia”, afirmó.
Ofensiva legal
En el plano nacional, las organizaciones que representan a las víctimas han apelado el archivo de la investigación, resuelta por la fiscalía al amparo de la Ley 32107 promovida por el fujimorismo y sus aliados y aprobada en 2024 por el anterior Congreso legislativo.
La norma faculta la prescripción de crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2002, dejando impunes a los perpetradores de las esterilizaciones forzadas y otros casos que afectan al régimen de Fujimori.
La impugnación se dirige a la Fiscalía Superior de Derechos Humanos. Las organizaciones esperan que esta instancia reconsidere y disponga que el caso se eleve a un juzgado para seguir el proceso contra los 52 denunciados.
María Ysabel Cedano, abogada de Demus, recalcó a IPS que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que dicho criterio debe primar. Confió en que se pueda vencer la fuerte presión existente sobre jueces y fiscales que deciden no aplicar la Ley 32107 y que se traduce en diversas sanciones.
La actual presidenta del Perú, la ultraderechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido exmandatario, nunca ha reconocido el crimen de esterilizaciones forzadas, tampoco la bancada de su partido, Fuerza Popular, en el parlamento.
Además, la Junta Nacional de Justicia, la entidad que con un concurso público previo, selecciona, nombra y ratifica a los jueces y fiscales tiene denuncias por corrupción y afinidad con el poder de turno, pese a su carácter autónomo.
También puede sancionar e incluso destituir a los miembros del Poder Judicial, con cinco votos de sus siete miembros.
En la lista de los que desacatan
Reggiardo, de Cejil, anunció que se está solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evalúe la inclusión del Estado peruano en un capítulo de su informe anual donde se consignan las situaciones de mayor gravedad institucional y violaciones de derechos humanos en la región.
Se trata del capítulo IV.B, una sección reservada a las afectaciones a la institucionalidad democrática, el incumplimiento sistemático de obligaciones para combatir la impunidad, y omisiones graves de cumplir con las decisiones de órganos del sistema interamericano.
Correspondería al informe 2026 a ser presentado en el 2027.
La CIDH y la Corte IDH conforman el sistema de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y operan con independencia y autonomía del organismo y de los Estados del continente.
De concretarse la solicitud, supondrá un seguimiento y monitoreo mucho más estrecho de la Comisión a la situación del Perú, que “lleva mucho tiempo incumpliendo las decisiones del sistema interamericano, con un agravamiento pronunciado en los últimos años”, puntualizó Reggiardo.
Agregó que esta situación es muy grave “porque afecta el acceso a la justicia de las víctimas cada vez más abiertamente con estas normativas, con pronunciamientos abiertos de congresistas y diferentes representantes del Poder Ejecutivo”.
En ese sentido fundamentó que la protección de la independencia judicial forma parte del derecho de las víctimas de esterilización forzada a obtener justicia. “Quien resuelva su caso debe poder hacerlo sin intimidaciones ni temor a represalias por cumplir con sus obligaciones”, dijo.
ED: EG
