JOHANNESBURGO – Por lo general, la iglesia de San Antonio, en Crown Mines, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, los actos litúrgicos suelen ser animados. El templo suele estar repleto de feligreses de la comunidad portuguesa, incluidos inmigrantes recientes de Mozambique y Angola.
Pero el último domingo, la misa estuvo medio vacía, con feligreses en su mayoría blancos sentados en los pocos asientos ocupados. La comunidad negra portuguesa –ya fueran inmigrantes indocumentados o no– se mantuvo alejada.
Días antes, se produjo la acción masiva antimigrante convocada para el 30 de junio por la organización March and March (marzo y marzo), liderada por la exlocutora de radio y activista cívica Jacinta Ngobese-Zuma.
Se desconoce quién financia a March and March, pero parece contar con amplios recursos y una gran capacidad de movilización.
La secretaria general del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC, en inglés), Fikile Mbalula, ha vinculado a su organización con el expresidente Jacob Zuma, aunque los vínculos son indirectos.
El actual partido de Zuma, uMkhonto weSizwe (MK), ActionSA y algunos partidos minoritarios han respaldado las acciones xenófobas, si bien la organización de Ngobese-Zuma afirma ser una organización cívica independiente.
Otros partidos, como el izquierdista Luchadores por la Libertad Económica (EFF, en inglés), se han mantenido firmes en su postura panafricanista, que por años dominó la política sudafricana.
Pero el hecho es que los inmigrantes extranjeros son un blanco fácil para culpar de los problemas estructurales y económicos del país.
Lo que quedó claro incluso en los días previos a la marcha y durante la campaña de marzo es que el impacto de su acción «cívica», cuyo objetivo era obligar al gobierno sudafricano a actuar contra una diáspora masiva de migrantes de toda África, fue de miseria y miedo.
Las devastadoras fotografías de familias preparándose apresuradamente para abandonar el país ya han acaparado los titulares.
Sudáfrica tiene una larga historia de xenofobia, y probablemente la campaña más infame terminó tan abruptamente como comenzó en mayo de 2008, cuando el ciudadano mozambiqueño Ernesto Alfabeto Nhamuave fue víctima de un ataque xenófobo en el asentamiento de Ramaphosa en East Rand, en la provincia de Gauteng, de la que Johannesburgo es la capital.
Las imágenes de su cuerpo en llamas aparecieron en los periódicos al día siguiente, intensificando aún más el horror de los ataques xenófobos.
Entonces, las The Star, un importante periódico sudafricano, durante dos semanas sus páginas se llenaron de historias sobre el impacto de los ataques, que a menudo se desencadenaban por identificaciones arbitrarias —como cicatrices de vacunación y problemas de pronunciación—, así como por el miedo, el desplazamiento masivo y la salida de miles de extranjeros del país, todo lo cual resultaba una lectura triste y angustiante.
Ese año, según Human Rights Watch, murieron 62 personas, entre ellas 21 sudafricanos, 11 mozambiqueños, cinco zimbabuenses y tres somalíes, y miles resultaron heridos. Unos 40.000 extranjeros abandonaron el país, y las autoridades desplazaron a otros 50 000 a campamentos hasta su cierre.
Si bien las autoridades desmantelaron los campamentos, hicieron poco por llevar a los responsables ante la justicia o por cambiar la actitud de la población hacia los extranjeros. De hecho, si no me falla la memoria, la versión oficial de los ataques xenófobos de 2008 era que se debían a un problema de “delincuencia”, no a un problema de “odio”.
El caso del asesinato de Nhamuave se cerró, y con ello, un profundo resentimiento y la desinformación fomentaron más ataques en los años siguientes.
Y siguieron muchos más incidentes y oleadas de violencia.
En 2019 se produjo otra ola de xenofobia, dirigida principalmente contra la comunidad nigeriana en Sudáfrica. Hubo importantes repercusiones diplomáticas entre Pretoria y Abuja, y Sudáfrica cerró temporalmente su embajada después de que empresas como Shoprite y MTN fueran atacadas en Nigeria.
Y estos no son los únicos dos incidentes.
Si bien es cierto que en Sudáfrica hay 12,5 millones de sudafricanos desempleados, la mayoría jóvenes, y que se necesitan medidas drásticas para estimular la economía, incorporar personas al mercado laboral y mejorarlo, un buen comienzo sería fomentar la tolerancia y la comprensión.
De hecho, mitos como “nos quitan el trabajo”, “no contribuyen en nada a la economía” y “son la causa de toda la delincuencia” siguen perpetuándose.
Las investigaciones demuestran lo contrario.
La mayoría de los inmigrantes no trabajan en el sector formal. Los datos administrativos tributarios indican que los extranjeros ocupan menos del 4 % de los empleos formales. En la economía informal, cerca de 20 % de la fuerza laboral está compuesta por extranjeros, lo que genera una mayor competencia.
Un estudio de la Universidad de Wits sugiere que la tasa de desempleo “disminuiría solo seis puntos porcentuales —del 43,6 % al 37,6 %— si todos los empleos de los extranjeros se asignaran de alguna manera a sudafricanos desempleados”.
Esto, afirman, pone de manifiesto que “los extranjeros no dominan el mercado laboral en su conjunto, aunque algunos sectores y lugares presenten mayores concentraciones de trabajadores inmigrantes”.
Además, si se produjera un intercambio equivalente, los sudafricanos podrían perder empleos en general. Un informe del Banco Mundial reveló que un trabajador inmigrante genera aproximadamente dos empleos para los locales.
Esta campaña xenófoba, al igual que las anteriores, no resolverá los problemas; al contrario, todos saldremos perjudicados.
El odio no es la solución. Profundiza la desconfianza y siembra el miedo.
Sin duda, la lógica y la paz deberían prevalecer.
T: MLM / ED: EG
