LA HABANA – El gobierno de Cuba aprobó nuevas normas para incentivar el desarrollo de las fuentes de energía renovable, mientras desregula los precios de venta del combustible en su red de servicentros estatales, en un intento de paliar la crisis energética causada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla desde enero.
Con la Resolución 114 del Ministerio de Finazas y Precios, publicada el 21 de mayo, la Unión Eléctrica pagará una mayor cuantía a los productores privados de energía fotovoltaica que tributen electricidad al Sistema Electroenergético Nacional.
Por cada kilovatio (kW), el Estado pagará 90 pesos o unos 0,18 dólares, según la tasa de cambio oficial, poco menor que la informal.
Asimismo, se exonera del pago del impuesto sobre los servicios por los ingresos provenientes de estas operaciones, tanto a los productores del sector no residencial como del residencial.
Diego Vázquez, un abogado de 43 años residente en La Habana, instaló un kit de paneles solares en la azotea de su casa cuando los apagones eléctricos empezaron a volverse insostenibles a mediados de 2025, lo que se transformó en colapso este año.
Sus paneles producen electricidad suficiente para llenar su batería de respaldo energético y dejar un sobrante inutilizado, pero nunca se había planteado hasta ahora vender al Estado los excedentes de su generación. Simplemente, hizo la instalación de los paneles para tener autonomía y no para integrarse a la red eléctrica.
“Tendré que hacer los cálculos y ver qué tan grande es mi excedente energético. Hay tantos apagones que no sé si vale la pena empezar a vender electricidad y todo el proceso burocrático que viene con eso”, dijo Vázquez a IPS.
Para poder suministrar electricidad a la red eléctrica, Vázquez tendría que realizar varias readecuaciones técnicas, como conectar a tierra la instalación, no muy común en los sistemas eléctricos residenciales. También debería solicitar un contador eléctrico “bidireccional”, que no solo haga lecturas del consumo, sino de la electricidad que se entrega al sistema.
Vender energía al estado ya era permitido desde hace años, pero no resultaba rentable.
“Tendré que hacer los cálculos y ver qué tan grande es mi excedente energético. Hay tantos apagones que no sé si vale la pena empezar a vender electricidad y todo el proceso burocrático que viene con eso”: Diego Vázquez.
El Ministerio de Finanzas y Precios emitió en 2021 la Resolución 359, que fijaba el precio de venta del kW en tres pesos o unos 0,025 dólares, según el cambio oficial de entonces. En octubre de 2023, la Resolución 238 duplicó ese monto.
Ninguna de las medidas fue popular, porque en ambos casos el coste de pagar la electricidad a la red, siguió siendo ínfimamente menor que el de importar o comprar en divisas los paneles solares.
El coste de la electricidad en Cuba para el sector residencial funciona con una tarifa progresiva que, tras superar los 450 KWh de consumo acumulado, empieza a valer más de seis pesos cada KWh, hasta alcanzar los 20 pesos el KWh (unos 0,04 dólares).
Mientras, en los mercados minoristas de la comercializadora estatal Copextel o de varios negocios privados, un módulo básico de paneles solares, de generación de un kilovatio aproximadamente, cuesta alrededor de 2500 dólares, inaccesible para los 13,5 dólares que representa el salario medio mensual en Cuba, según la tasa oficial de cambio.
Ante tan bajos incentivos, el mayor motivo por el que los cubanos invertían en paneles solares se debía a conseguir una autonomía en medio de los prologados apagones, que empeoraron tras el cerco petrolero causado por Estados Unidos desde finales de enero.
Con la nueva norma, el gobierno quiere aprovechar esas infraestructuras ya establecidas y sumar los kilovatios excedentes a una red eléctrica con déficits cada vez mayores.
Desregularización de los precios del combustible
Mientras el gobierno busca vías de transformar su matriz energética y depender menos de la importación de combustibles, también pretende reactivar la venta de gasolina en la red de servicentros del país, pese a la escasez crónica de este y otros carburantes.
El 12 de mayo, las autoridades cubanas anunciaron que, a partir del 15 de mayo, “los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica”.
Desde entonces, coexistirían diferentes precios minoristas de combustibles publicados en las estaciones de servicio, en los que influirá “el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional.”
El Ministerio de Finanzas y Precios añadió que ante el férreo bloqueo petrolero de Estados Unidos desde fines de enero, “los escasos combustibles llegan a altos costos, por lo que no es posible mantener un precio único y fijo para la venta en dólares en todo el país”.
Si bien el gobierno protegía con subsidios la volatilidad de los precios oficiales del combustible, la realidad desde febrero es que solo la gasolina —no el diésel— se estuvo vendiendo entre 1,1 y 1,3 dólares el litro, apenas 20 litros por vehículo y con una frecuencia muy limitada, por lo que el precio del litro en el mercado negro ha oscilado entre 6 y 10 dólares.
Para disponer de esos 20 litros, un usuario debe registrarse en la plataforma cubana Ticket y solicitar un turno en un servicentro determinado. Normalmente, las filas de cada servicentro superan los 20 000 usuarios mientras apenas atienden entre 40 y 100 clientes diarios en La Habana.
El 15 de mayo, los servicentros empezaron a anunciar aumentos de entre 50 % y 100 % en el precio de venta de la gasolina, según el establecimiento.
La medida llega cuando las empresas privadas llevan meses importando tanto diésel como combustible, desde que el 6 de febrero el gobierno autorizó la importación de combustible por empresas privadas, cuando antes solo se podía hacer desde la administración central del Estado.
Importación de combustibles en marcha
“Es un proceso en marcha. Hay importaciones de combustible de algunos empresarios privados, que traen al país para sus negocios y, una parte, para ser comercializado. Pero las cantidades que hasta ahora se importan son mínimas”, dijo Argelio Abad, viceministro primero de Energía y Minas, en una conferencia de prensa el 20 de marzo.
En febrero, la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos emitió una guía autorizando exportaciones y reexportaciones de productos de gas y petróleo estadounidenses a entidades elegibles del sector privado cubano.
De acuerdo a Abad, “no son volúmenes que hoy permitan darle una vitalidad a la generación eléctrica o a la economía”.
Según datos de Reuters, entre febrero y marzo, el sector privado cubano ha importado de Estados Unidos unos 30 000 barriles (de 159 litros, traducibles en unos 4,8 millones de litros) de diésel fundamentalmente, del cual solo un 1 % fue de gasolina.
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Eric Almeida, presidente de la empresa privada Quota, que asesora y brinda servicios profesionales a otras empresas nacionales e internaciones desde 2022, dijo a IPS que, desde abril, más empresas privadas empezaron a importar gasolina y a distribuirse en varios servicentros.
De acuerdo a Almeida, traer un tanque de 25 000 litros al Puerto del Mariel —a 50 kilómetros al oeste de La Habana—, cuesta entre 45 000 y 50 000 dólares.
Esa cifra aumenta 13 % entre las comisiones a una importadora estatal y por los servicios de manipulación del combustible de la Unión Cuba-Petróleo, la única empresa estatal en Cuba autorizada para ello.
Los tanques se almacenan en la refinería Ñico Lopez en La Habana, y luego se va surtiendo poco a poco en servicentros que se han dispuestos exclusivamente para atender a las empresas privadas que importaron su propio combustible.
En general, las licencias para importar combustible tienen como objetivo cubrir el gasto de carburantes de los propios negocios, por lo que revender ese combustible en teoría no se debería hacer o, al menos, conlleva grandes limitaciones, coincidieron varios empresarios entrevistados por IPS, interesados en esas operaciones.
Un trabajador de uno de esos servicentros especializados en la capital, quien pidió mantener su anonimato, dijo a IPS que su tarea es solo descontar la cantidad de combustible que los vehículos de las empresas van extrayendo del establecimiento.
En la práctica, él no lleva mucho control del proceso, pues un representante de las empresas es quien maneja la tarjeta con el combustible asignado, y la lista de los automóviles o camiones que tienen permitido llenar sus tanques.
“Nosotros no nos metemos en la lista de ellos. De haber una comercialización, una venta por la izquierda (informal), no tengo manera de controlarlo”, dijo.
ED: EG
