BOGOTÁ – Colombia debe abordar urgentemente la discriminación, la exclusión y la invisibilidad que enfrentan las personas afectadas por la lepra y sus familias, planteó este miércoles 10 la relatora de las Naciones Unidas sobre la materia, Beatriz Miranda-Galarza.
“No habrá eliminación de la lepra mientras persistan la desigualdad estructural, la discriminación y la exclusión”, afirmó Miranda-Galarza. “Poner fin a la transmisión requiere más que un tratamiento médico: requiere liderazgo político, reconocimiento histórico y un firme compromiso con los derechos humanos”, aseveró.
Al concluir una semana de trabajos en el país, la experta reconoció “los esfuerzos de las autoridades colombianas para fortalecer el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia epidemiológica, pero la transmisión persiste, incluso a través de casos reportados en niños y niñas”.
“Muchas de las personas afectadas por la lepra continúan enfrentando diagnósticos tardíos que producen discapacidad, estigma, pobreza, barreras sociales y culturales, y discriminación en los servicios de salud, los lugares de trabajo, las escuelas y las comunidades”, afirmó la responsable.
Miranda-Galarza es una socióloga ecuatoriana designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como relatora especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares.
La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica causada por microbacterias transmitidas sobre todo a través de gotas respiratorias, con manifestaciones como manchas hipopigmentadas en la piel, debilidad muscular y deformaciones, y puede conducir incluso a la ceguera.
Se la considera una enfermedad tropical desatendida que aún está presente en más de 120 países, que en conjunto notifican más de 200 000 nuevos casos al año. Su meta de eliminación, definida como menos de un caso por cada 10 000 habitantes, se alcanzó a nivel mundial tras la introducción de tratamiento multimedicamentoso.
En 2024, 130 países reportaron un total de 172 700 casos nuevos. Los países con las tasas de detección de casos nuevos más altas fueron India, Brasil e Indonesia.
En Colombia, hasta finales de 2025 se habían reportado 263 casos al Sistema de Vigilancia en Salud Pública, entre casos nuevos, recaídas y retratamientos. La incidencia fue de 0,43 casos por 10 000 habitantes, con lo que se corresponde con la meta fijada por la Organización Mundial de la Salud.
Miranda-Galarza, quien concluyó este miércoles su visita de una semana a Colombia, advirtió que “en muchas zonas rurales e históricamente marginadas, las personas afectadas por la lepra siguen estando olvidadas”.
Expuso que “las personas continúan recorriendo largas distancias para acceder al tratamiento, enfrentan discriminación al buscar atención médica y tienen dificultades para obtener reconocimiento de discapacidad, servicios de rehabilitación y protección social”.
Abundó indicando que la lepra afecta de manera desproporcionada a personas que ya enfrentan múltiples formas de exclusión.
Esa población comprende, según la relatora, a las personas que viven en situación de pobreza, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, las personas migrantes, las mujeres, los niños y niñas, las personas mayores y las comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado.
La experta instó a Colombia a reconocer públicamente las violaciones históricas sufridas por las personas afectadas por la lepra y sus familias, incluidas la segregación, la institucionalización y décadas de exclusión social; y a implementar medidas de reparación y de no recurrencia.
“El reconocimiento y la memoria histórica son esenciales para la justicia y la reconciliación”, afirmó la experta. “Las personas afectadas por la lepra deben ser reconocidas como titulares de derechos cuya dignidad, voces y experiencias vividas deben estar en el centro de cualquier respuesta”, agregó.
Al gobierno Miranda-Galarza le instó a adoptar una respuesta integral a la lepra basada en los derechos humanos, fundamentada en la igualdad, la accesibilidad, la no discriminación, la protección social, el apoyo en salud mental, la rehabilitación, la educación pública y la participación significativa de las comunidades afectadas.
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