WASHINGTON – El gobierno de Donald Trump ha deportado a México desde Estados Unidos a miles de cubanos, muchos de ellos mayores, vulnerando su debido proceso y dejando a muchos abandonados a su suerte, sin acceso a servicios básicos, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este miércoles 27.
Alcira Silva, de la división de derechos de los refugiados y migrantes de la organización humanitaria, dijo que “el gobierno de Trump está utilizando a México como un depósito de deportados que no puede enviar de regreso a sus países, incluidos muchos cubanos que han vivido en Estados Unidos durante décadas”.
“Fuera del sistema de refugio, a quienes muchos no pueden acceder, el gobierno mexicano no ofrece ninguna vía para que estas personas reciban un estatus legal duradero, lo que los expone a ser explotados por organizaciones criminales”, apuntó Silva.
El su informe de 66 páginas “‘Nos abandonan aquí a morir’: Deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y nacionales de otros terceros países”, HRW documenta abusos del gobierno estadounidense contra cubanos y nacionales de otros países deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026.
Muchos deportados cubanos se encuentran atrapados en un limbo legal, dado que el gobierno cubano se niega a recibirlos y México no les ofrece vías efectivas para obtener la residencia permanente.
Las autoridades mexicanas no ofrecen prácticamente ningún apoyo institucional a estas personas, lo que deja a muchos en situaciones precarias de falta de acceso a vivienda, alimentación o atención médica adecuada, según HRW.
La investigación mostró que, entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a más de 18 000 nacionales de terceros países, de los cuales casi 13 000 -aproximadamente 70 %- fueron enviados a México en virtud de un acuerdo entre ambos gobiernos que no se ha hecho público.
Los cubanos constituyeron el grupo más numeroso, con 4353 deportados a México durante ese período.
HRW entrevistó a 53 nacionales de terceros países deportados a Tapachula (Chiapas, sur) y Villahermosa (Tabasco, sureste), entre ellos 41 hombres cubanos.
La mayoría de los cubanos había vivido en Estados Unidos, principalmente en Florida (sureste), durante años o décadas, tras huir de Cuba debido a la represión política o a la falta de oportunidades económicas.
Muchos habían establecido negocios, eran propietarios de viviendas y habían dejado a sus familias en Estados Unidos. La mayoría tiene 60 años o más y padecen enfermedades crónicas que requieren tratamiento médico continuo.
La detención masiva de cubanos que llevaban largo tiempo residiendo en Estados Unidos y su deportación a México no era una práctica habitual antes del segundo mandato de Trump, iniciado en enero de 2025.
A ninguno de los entrevistados por HRW se le dio la oportunidad de impugnar su deportación a México, lo que viola sus derechos al debido proceso conforme a la legislación estadounidense y al derecho internacional.
Las autoridades estadounidenses los deportaron sin documentación, dinero ni pertenencias personales.
De ellos, 55 % tenía una condena previa en Estados Unidos, 16 % tenía un cargo pendiente pero no había sido condenado, y 26 % no tenía antecedentes penales. Solo 16 % tenía como condena más grave un delito violento o potencialmente violento.
El informe sostiene que hubo abusos contra cubanos y nacionales de otros terceros países durante el proceso de deportación, como hacinamiento, temperaturas extremas, alimentación inadecuada, acceso deficiente a información y a la atención médica, y violencia física y verbal por parte de custodios en centros de detención.
En México, quedaron atrapados en ciudades con altos niveles de violencia y, ante la falta de acceso a la vivienda, algunos se vieron obligados a dormir en la calle, en parques o frente a hospitales.
Sin un camino claro hacia un estatus legal duradero, las perspectivas de que puedan mejorar sus condiciones de vida en México son limitadas.
HRW demanda que Estados Unidos garantice que los procesos de deportación cuenten con una evaluación individualizada de los casos, incluyendo las necesidades de protección, y que la detención de migrantes sea excepcional y adecuada.
De su lado, México debe garantizar a las personas deportadas acceso de emergencia a vivienda y atención médica, así como una vía para obtener un estatus legal duradero, concluye el informe de la organización de derechos humanos.
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