BRUSELAS – En enero, el gobierno de Argelia logró impedir el acceso de dos grupos de la sociedad civil a las Naciones Unidas (ONU). Planteó cuestiones ante el Comité de las Naciones Unidas para las Organizaciones No Gubernamentales, conocido como el Comité de ONG, sobre dos grupos de la sociedad civil acreditados.
Alegó que la organización italiana Il Cenacolo estaba realizando declaraciones con motivaciones políticas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que el Comité Internacional para el Respeto y la Aplicación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Cirac), con sede en Ginebra, estaba vendiendo pases de acceso a las instalaciones de la ONU.
Cuatro días después, convocó una votación para revocar sus estatus. Otros Estados instaron a aplazarla, pero la moción de no intervención fue rechazada, y 11 de los 19 miembros del órgano votaron a favor de recomendar que el Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc) revocara la acreditación de Il Cenacolo y suspendiera la del Cirac durante un año.
Como principal guardián de la participación de la sociedad civil en la ONU, el Comité de ONG controla el estatus consultivo del Ecosoc, que permite a las organizaciones asistir a las reuniones de la ONU, presentar declaraciones escritas, realizar intervenciones orales, organizar eventos paralelos y acceder a las instalaciones de la ONU. Su mandato, establecido en la Resolución 1996/31 del Ecosoc, es claro: «facilitar el acceso de la sociedad civil al sistema de la ONU».
Ese acceso es especialmente valioso para las organizaciones que trabajan en contextos represivos, donde se reprime la defensa de los derechos a nivel nacional. Puede suponer la diferencia entre que las preocupaciones de una comunidad sean silenciadas o se conviertan en un asunto de interés internacional. En la práctica, sin embargo, el Comité ha trabajado de forma tan sistemática para obstaculizar el acceso, en lugar de facilitarlo, que es ampliamente conocido como el «Comité anti-ONG».
El 8 de abril, en una votación casi sin competencia, los miembros del Ecosoc eligieron a 19 Estados para formar parte del Comité de ONG por un mandato de cuatro años. Solo 20 candidatos se presentaron a las 19 plazas. Los Estados de la ONU se organizan en cinco bloques regionales, y cuatro de ellos presentaron listas cerradas, proponiendo solo tantos candidatos como el número de plazas disponibles.
Como resultado, el grupo de Asia-Pacífico seleccionó a China, India, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Estados con un historial constante de silenciamiento de la sociedad civil.
América Latina y el Caribe están representados por países como Cuba y Nicaragua, que reprimen la disidencia y detienen habitualmente a los críticos. Cuatro de los cinco Estados africanos elegidos han reprimido o cerrado el espacio cívico. Dos de los Estados elegidos del grupo de Europa Occidental y Otros Estados, Israel y Turquía, también han intensificado recientemente su represión del espacio cívico.
La única excepción fue el grupo de Europa del Este, donde Estonia y Ucrania obtuvieron escaños en una contienda a tres bandas, dejando fuera a la autoritaria Bielorrusia, que solo recibió 23 votos frente a los 44 de Estonia y los 38 de Ucrania.
Al igual que en 2022, cuando Rusia perdió una contienda similar, el resultado demostró que las elecciones competitivas fomentan el escrutinio y producen mejores resultados. El problema es que rara vez se producen.
En general, 13 de los 19 Estados recién elegidos están calificados por Monitor de Civicus —nuestra iniciativa de investigación que analiza las condiciones de la sociedad civil en todo el mundo— como países que han cerrado o reprimido el espacio cívico. Solo uno, Estonia, cuenta con un espacio cívico abierto. Catorce de los 20 candidatos habían sido señalados por llevar a cabo represalias contra personas que colaboraban con la ONU.
En el periodo previo a la elección, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos publicó fichas de evaluación en las que se valoraba a los 20 candidatos según ocho criterios; 12 de los 20 no cumplían ninguno. Más de 80 organizaciones de la sociedad civil instaron a los Estados miembros del Ecosoc a celebrar elecciones competitivas y a votar por candidatos comprometidos con el acceso de la sociedad civil.
Cuarenta expertos independientes en derechos humanos de la ONU, entre ellos relatores especiales sobre defensores de los derechos humanos y sobre países como Afganistán, Irán y Rusia, emitieron una declaración en la que advertían de que los miembros del Comité estaban abusando del proceso de acreditación para bloquear el acceso de las organizaciones de derechos humanos. Todas estas advertencias fueron ignoradas.
La retirada de la acreditación a Il Cenacolo y al Cirac, que está pendiente de la confirmación del Ecosoc, no tiene precedentes, pero se inscribe en una larga pauta de obstrucción. En la última sesión ordinaria del Comité, celebrada en enero, se estaban examinando 618 solicitudes, 381 de las cuales habían sido aplazadas de sesiones anteriores.
El retraso no es casual. Los Estados formulan preguntas repetitivas sobre detalles menores y solicitan con poca antelación documentación compleja para retrasar repetidamente las solicitudes hasta futuras sesiones.
Los Estados que reprimen a la sociedad civil en su propio país hacen lo mismo en la arena internacional, dirigiéndose contra organizaciones que trabajan en temas que consideran controvertidos o contrarios a sus intereses.
Tres Estados —China, India y Pakistán— destacan como los que más abusan de este mecanismo, habiendo formulado casi la mitad de las 647 preguntas planteadas a los solicitantes durante la sesión de enero. Los aplazamientos repetidos elevan los costes para las organizaciones de la sociedad civil, agotando sus recursos financieros y su tiempo.
La actual crisis financiera de la ONU agrava el problema. Las consecuencias de los recortes presupuestarios se hicieron evidentes en la última sesión, cuando la ronda de preguntas y respuestas se canceló tras una suspensión anticipada. La pérdida de la única oportunidad que tenían las organizaciones que solicitaban la acreditación para interactuar directamente con el Comité afectó más duramente a las organizaciones más pequeñas que habían viajado a Nueva York para participar.
La actual campaña de recorte de gastos de la ONU podría, al menos, aprovecharse como una oportunidad para impulsar la participación en línea y otras reformas de eficiencia que reduzcan la carga burocrática que suponen las repetidas solicitudes de información.
Más allá de esto, es necesario reafirmar que la función del Comité debe ser la de un facilitador y no la de un obstáculo.
El Comité de ONG determina si las voces de las comunidades que se enfrentan a la represión y la violencia pueden ser escuchadas en el sistema de la ONU, y ha sido secuestrado por Estados con todo el interés en garantizar que no puedan hacerlo.
No se puede dejar el campo libre para que los Estados que reprimen a la sociedad civil actúen como guardianes. Los Estados que afirman apoyar a la sociedad civil deben estar dispuestos a dar un paso al frente.
Samuel King es investigador del proyecto de investigación financiado por Horizonte Europa ENSURED: Shaping Cooperation for a World in Transition (Garantizar la cooperación para un mundo en transición) en Civicus: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.
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