NACIONES UNIDAS – En un moderno triunfo de David contra Goliat, los Estados miembros de la ONU aprobaron el miércoles 20 una resolución que establece el cumplimiento de las obligaciones climáticas vigentes en materia de justicia climática con base en el derecho internacional y los marcos multilaterales, apoyando la propuesta de Vanatu y desoyendo las presiones de Estados Unidos.
La Asamblea de la ONU acogió así el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), formulado en julio de 2025, que fija que los Estados tienen obligaciones jurídicas vinculantes en el control de los gases de efecto invernadero y su incumplimiento genera un ilícito penalizable.
La resolución (A/80/L.65) se aprobó con 141 votos a favor, ocho en contra y 28 abstenciones, lo que tiene especial valor por las presiones de Washington contra la medida, que se incrementó a lo largo del proceso.
Fue una victoria histórica de Vanuatu, un pequeño archipielago del Pacífico sur, que presentó la propuesta junto con el Grupo Central de Estados que lideró la resolución de la Asamblea General de la ONU en respuesta al dictamen consultivo de la CIJ.
La resolución se presentó tras un largo período de consultas entre los Estados miembros y al frente tuvo desde el comienzo de Estados Unidos y grandes países petroleros.
En ella se esbozan las obligaciones de los Estados miembros de garantizar la protección del sistema climático, instando a la cooperación multilateral para abordar lo que la CIJ ha denominado un «problema existencial de proporciones planetarias que pone en peligro todas las formas de vida y la propia salud de nuestro planeta».
«Este día será recordado. Será recordado como el momento en que las Naciones Unidas recibieron el dictamen meditado de su más alto tribunal sobre el desafío definitorio de nuestro tiempo y decidieron qué hacer al respecto. Vanuatu y el Grupo Central creen que esta Asamblea debe afrontar ese momento con unidad, con seriedad y con respeto por la ley y por los demás», afirmó Odo Tevi, representante permanente de Vanuatu ante la ONU.
Al presentar el proyecto de resolución a la Asamblea, Tevi señaló que el dictamen de la CIJ «confirma que la protección del sistema climático es una cuestión de obligación jurídica, no de discreción política».
No sustituiría ni cuestionaría los acuerdos existentes, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, sino que los reforzaría como legislaciones y foros principales para la respuesta mundial al cambio climático.
Las enmiendas a la resolución fueron presentadas por un pequeño grupo de Estados miembros, entre los que se encontraban Arabia Saudí, Kuwait y Argelia, países petroleros.
Los defensores de las enmiendas argumentaron que la resolución actual requería mayor claridad jurídica, especialmente en lo relativo a las medidas necesarias para apoyar a los países en desarrollo en materia de mitigación y adaptación.
Al mismo tiempo, existía la preocupación de que las enmiendas debilitaran el lenguaje en torno a las acciones y responsabilidades de los Estados miembros, y que presentarlas tan tarde en el proceso pudiera poner en riesgo las cuidadosas negociaciones. Sin embargo, finalmente las enmiendas no fueron aprobadas y la resolución se adoptó sin ellas.
En sus declaraciones tras la votación, los Estados miembros acogieron con satisfacción la adopción de la resolución, reconociendo el cambio climático como una cuestión existencial determinante de la era moderna, y elogiaron a Vanuatu por su liderazgo a la hora de impulsar la resolución.
En nombre de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) del Pacífico, Filipo Tarakinikini, representante permanente de Fiyi ante la ONU, acogió con satisfacción la resolución, señalando que era una «afirmación de supervivencia» para las naciones insulares que se han visto especialmente amenazadas por el cambio climático, sufriendo daños duraderos en sus hogares y su vínculo con el patrimonio.
«No venimos a esta sala a pedir clemencia. Venimos a exigir justicia. Una justicia que hoy se fundamenta en la voz autorizada del tribunal más alto del mundo. El Pacífico no desaparecerá, y tampoco lo hará nuestra determinación», afirmó Tarakinikini.
Jérôme Bonnafont, representante permanente de Francia, señaló que esta decisión de la Asamblea General era bienvenida en un «contexto internacional empañado por numerosas crisis».
«[Francia] seguirá defendiendo una acción climática ambiciosa, el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y un enfoque basado en la ciencia para el desarrollo sostenible y para las generaciones futuras», dijo Bonnafont.
James Larsen, representante permanente de Australia, expresó su esperanza de que esta resolución «impulse esfuerzos prácticos» para proteger el sistema climático y que los argumentos a favor del multilateralismo «nunca hayan sido más sólidos».
Dado que Australia copresidirá la 31 Conferencia de las Partes (COP31) sobre cambio climático, que se celebrará en Turquía en noviembre, Larsen señaló que su país seguiría colaborando con los Estados miembros para acelerar la acción climática.
Entre los que se abstuvieron de votar o se opusieron a la resolución se encuentran Estados acusados de ser grandes emisores de carbono, como la India y Arabia Saudí.
Estados Unidos y Rusia votaron en contra de la resolución.
Antes de la votación, Estados Unidos expresó que su oposición se basaba en sus «graves preocupaciones jurídicas y políticas» respecto a la resolución.
A juicio de Washington, la resolución instaba a los Estados a cumplir supuestas obligaciones basadas en un dictamen no vinculante de la CIJ, y se opuso a las «exigencias políticas inadecuadas» de la resolución para abordar las cuestiones climáticas.
Rusia argumentó que las obligaciones climáticas de los Estados miembros, como no sobrepasar el umbral de 1,5 grados centígrados, eran más una obligación política que normativa, y que la resolución constituía un intento de eludir los acuerdos climáticos existentes.
El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió con satisfacción la adopción de la resolución y elogió el liderazgo de los países insulares del Pacífico, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los estudiantes y activistas cuya «claridad moral ayudó a llevar al mundo a este momento».
«El tribunal más alto del mundo se ha pronunciado. Hoy, la Asamblea General ha respondido», afirmó Guterres.
Aladió que «se trata de una poderosa afirmación del derecho internacional, la justicia climática, la ciencia y la responsabilidad de los Estados de proteger a las personas de la creciente crisis climática… Los menos responsables del cambio climático están pagando el precio más alto. Esa injusticia debe terminar».
En respuesta al debate, Yamide Dagnet, vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, en inglés), declaró: «¡La justicia climática prevalece! El mundo ha enviado una señal clara de que el multilateralismo y la ciencia importan y pueden beneficiar a las personas y al planeta».
Felicitó a los pequeños Estados insulares, a los jóvenes y a las comunidades de primera línea que se negaron a ceder por su energía, tenacidad y liderazgo.
Dagnet anticipó que «habrá mucho ruido sobre la dificultad de hacer cumplir esta resolución, pero la realidad es que representa un punto de inflexión para la rendición de cuentas de los contaminadores».
«De cara al futuro, los reguladores y los tribunales cuentan con una herramienta adicional en su arsenal para obligar a las naciones y a las empresas a plantearse cómo pueden anteponer a las personas a la contaminación y proteger mejor, con dignidad, a las comunidades y países más afectados del mundo», agregó.
El primer ministro de Vanuatu, Jotham Napat, afirmó que el país expresaba su profunda gratitud a los 141 Estados miembros que votaron a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se acogía con satisfacción la Opinión Consultiva de la CIJ sobre el cambio climático, así como a los 90 Estados que se unieron como copatrocinadores de esta iniciativa histórica.
«Este resultado es una poderosa afirmación de que la comunidad internacional sigue comprometida con el Estado de derecho, la cooperación multilateral y la justicia climática en un momento en que estos principios están siendo puestos a prueba», dijo Napat, al tiempo que reconoció que la resolución era el primer paso de un nuevo camino.
ED: EG
