CALI, Colombia – En la calurosa ciudad colombiana de Cali representantes de 176 países y la Unión Europea están reunidos, desde el 21 de octubre, para acordar formas de proteger la biodiversidad.
“La Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, COP16, es una negociación mucho menos envenenada que la de Cambio Climático, el lobby del sector privado no está tan presente”, cuenta Gabriel Quijandría, director regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
A pesar de eso, hay un tema que genera divisiones entre los países desarrollados y los países que están en vías de desarrollo: la creación de un mecanismo que regule cómo utilizan, sobre todo, los países más ricos y sus industrias la información digitalizada del ADN de los recursos biológicos (semillas, plantas, animales, entre otros) provenientes, mayoritariamente, de naciones megadiversas, como Brasil, Perú y Colombia.
Históricamente, estos países han sido víctimas de biopiratería. Es decir, se ha usado información genética de sus recursos sin su permiso con fines comerciales.
Este debate de la COP16 no solo replica la división que existe, tradicionalmente, en las cumbres de cambio climático entre los países desarrollados y los más pobres, sino que tiene obstáculos adicionales por su tecnicismo.
La propuesta lleva el nombre de mecanismo multilateral para la distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de información digital sobre secuencias de recursos genéticos.
“No puedo pensar en un problema más complejo, en términos de ciencia, de filosofía, de visión del mundo, y de diferentes formas de vivir y valorar la naturaleza. Creo que este es uno de los problemas más complejos en una negociación internacional”, resaltó Siva Thambisetty, profesora asociada de Derecho en la London School of Economics, que sigue las negociaciones sobre este tema.
En este artículo, cuatro especialistas aclaran las principales dudas sobre este mecanismo crucial para actores tan diversos como políticos, empresarios, científicos y pueblos indígenas.
“El problema de cualquier tema científico en el mundo es que automáticamente un científico se convierte en experto y todos los demás [actores] se convierten en no expertos. Esta es una parte triste de cualquier tema científico”, subrayó Nithin Ramakrishnan, investigador principal de la Red Tercer Mundo que sigue esta negociación y la posición del Sur global.
¿Qué es DSI?
El mundo de las negociaciones es también el mundo de las siglas. Aunque las Naciones Unidas maneja un glosario de más de un centenar, no es necesario aprenderlas todas.
Sin embargo, una de la que se está hablando en esta COP16 y que es necesario entender antes de ahondar en el mecanismo es DSI. La información digital sobre secuencias de recursos genéticos es conocida como DSI, en inglés. La misma hace referencia a la información de ADN que se extrae de cualquier ser vivo y que ha sido digitalizada.
“La gran diferencia entre el recurso genético y la secuencia digital de ese recurso es que el primero trata de un objeto físico, por ejemplo, una papa. Mientras que el segundo es la información digital de ese objeto. Y cuando los datos de esa papa se vuelven digitales, por ejemplo, esta ya se puede replicar, compartir y va por todo el mundo. Entonces, es mucho más difícil controlar lo que se hace con esa información”, explicó Andrew Crawford, miembro de la organización Red Científica DSI Latinoaméricana.
¿Qué tiene que ver las DSI con las negociaciones de biodiversidad?
El MarcoMundial de Biodiversidad aprobado en 2022 busca regular el acceso y uso que empresas, grupos de investigación y cualquier otro hacen de la información digital de recursos genéticos que se encuentra disponible en internet.
“La ciencia y tecnología utiliza las secuencias genéticas digitales como el principal insumo para el desarrollo de bienes y servicios en distintos sectores. Y el mecanismo busca crear unas reglas jurídicas internacionales que regulen la manera en la cual se puede acceder y utilizar esas secuencias”, señaló Manuel Ruiz, especialista en biodiversidad y derecho de la propiedad intelectual de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
El abogado explicó, además, que este mecanismo también tiene el objetivo de orientar la manera de distribuir los beneficios monetarios y no monetarios que se generan. Esto con el fin de que los beneficios sean canalizados hacia los países que, históricamente, han sido proveedores natos de biodiversidad y se dirijan a actividades de conservación.
Sobre el mecanismo, Siva Thambisetty, especialista en propiedad cultural y utilización y circulación de recursos genéticos, advierte que este se creó en 2022 en la COP15, pese a que no existe un definición legal ni política sobre lo que es DSI.
“La realidad es que los científicos y las industrias que utilizan DSI manejan una definición práctica. Pero cuando se trata de una definición legal, políticamente es demasiado difícil. Fue una decisión acertada no permitir que la lucha semántica nos impidiera avanzar y compartir los beneficios. Así que [en esta COP16] estamos en una buena posición para llevar adelante esta decisión”, subrayó.
¿Por qué se está hablando de esto ahora?
Si bien el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) firmado en 1992 otorga soberanía a los países sobre sus recursos genéticos, los especialistas entrevistados hacen énfasis en que, históricamente, ha existido un desacuerdo entre los países sobre si dicho acuerdo incluye o no la información digital de esos recursos.
“Según un número importante de países desarrollados, el CBD no incluye las secuencias digitales. Básicamente, porque no dice literalmente DSI, la suposición ha sido que una vez que secuencias la información genética de los recursos y la haces disponible en forma digital, el Convenio no se aplica”, detalló Thambisetty.
Por ese desacuerdo es que recién ahora, en la COP16, los países avanzan en una forma de regular el uso que, por años, se ha dado a esta información digital. Ramakrishnan indicó que para los países del Sur Global el CBD habla de recursos genéticos sin distinguir si son digitales o físicos. “Cuando usas DSI estás usando material genético de forma digital”, precisó.
Por eso, el especialista señaló que el tema de fondo, más allá de lo que entiendan los países, es que no existe un acuerdo sobre el acceso a esos datos digitales.
“De hecho, la distribución de beneficios es el tercer objetivo del Convenio. Por lo tanto, cuando un país facilita el acceso a esos recursos, los países pueden poner condiciones que obliguen a los usuarios a compartir algunos beneficios de forma justa y equitativa. El problema con la DSI es que no existe un acuerdo de acceso a los datos que obligue a los usuarios. Ese es exactamente el problema que tenemos que resolver en esta COP16”, resaltó.
¿Por qué es importante?
La importancia de este mecanismo se puede resumir en dos palabras: dinero y justicia. En principio, es una forma de recaudar fondos que son necesarios para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
“Este dinero es necesario porque se gana dinero con el uso del DSI, y ese dinero debería volver a los países de donde proceden estos recursos genéticos y también para beneficiar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que han administrado estas fuentes genéticas durante mucho tiempo. Por lo tanto, la urgencia ahora es movilizar recursos”, afirmó Thambisetty.
No solo eso, sino que el mecanismo prevé que se compartan también los beneficios no monetarios, a través de transferencia tecnológica, creación de capacidades, investigaciones colaborativas, copublicación de trabajos de investigación e, incluso, participación en patentes compartidas.
El mecanismo constituye, además, una forma de hacer justicia con las comunidades que resguardan estas especies y el conocimiento tradicional sobre las mismas.
“Esto no es reciente, esto tiene décadas y ha habido desde los años noventa un puñado muy pequeño de especialistas que llamaban la atención sobre la regulación del uso de DSI. Se ha perdido mucho tiempo, casi cuarenta años, y recién parecen darse cuenta algunos analistas y políticos de que es importante y de que debería ser regulada”, señaló Ruiz.
¿Qué es lo que están negociando en la COP16?
Hay dos componentes claves de este mecanismo que se están negociando en la ciudad de Cali: por un lado, los detalles sobre el acceso a DSI y sobre la creación del fondo que reunirá todos los beneficios derivados de su uso y, por otro, los mecanismos para asegurar que la distribución de estos beneficios sea justa y equitativa.
“Aunque los países hacen énfasis en que sí están progresando, hay muchas dudas por resolver”, afirmó Crawford.
En efecto, hay muchos temas en los que los países deberán ponerse de acuerdo. Por un lado, en la creación del fondo se está negociando quiénes son los que deben aportar a ese fondo y con cuánto dinero. Además, se está explorando formas de regular el acceso a estos datos digitales con el fin de identificar a quiénes hacen uso de estos y también a quiénes comparten las secuencias digitales y los orígenes de dichos recursos.
Por otro lado, en la distribución de los beneficios se debe decidir quién manejará ese fondo y cuáles serán los criterios para entregar los beneficios y a quiénes. Por ejemplo, si será directamente a las comunidades indígenas y locales o será a los países que poseen los recursos.
“Hasta el momento, no hay ningún consenso entre las expectativas que tienen los países del Sur, que son los países ricos en biodiversidad, y los países del Norte, que son los industrializados. Se está repitiendo la misma discusión y las mismas posiciones que se esgrimieron en los años 90 cuando se comenzó a negociar el Convenio. Esa misma dicotomía con algunos matices es lo que se está repitiendo en estos momentos”, señaló Ruiz.
¿Quiénes son los principales actores?
Como en toda negociación, los actores principales son los países, puesto que son quienes toman las decisiones. Dentro de ellos también se puede identificar diferentes grupos, por un lado, están los países del Sur global, que son aquellos en desarrollo que, además, poseen la mayor biodiversidad del mundo.
Tal es el caso de los países de África, el grupo de Grupo América Latina y el Caribe (Grulac) y países con economías e industrias más grandes como India y China.
Por otro lado, están los países del Norte global, que son también los desarrollados que, además, hacen uso de estas secuencias digitales. En este grupo se encuentra, principalmente, la Unión Europea.
“El interés de la UE coincidirá con la mayoría de los países más ricos en estas negociaciones, como Australia, Canadá y Suiza. Muchos de estos países desarrollados estarán muy interesados en proteger los intereses de su industria nacional”, dijo Thambisetty.
Sin embargo, los países toman decisiones luego de escuchar a diferentes sectores involucrados en este mecanismo, por lo que el espectro de actores es más amplio. Dichos actores se pueden dividir entre quienes aportarán al fondo y quienes recibirán los beneficios. Estos, a su vez, son quienes usan los recursos genéticos y quienes ceden los recursos y los conocimientos asociados a ellos, de forma respectiva.
Es así que en el primer grupo, se encuentra, principalmente, la industria. “Definitivamente, la Cámara de Comercio Internacional (organización empresarial mundial que representa los intereses de las empresas) es un actor muy importante. Entre la industria, no veo muchas empresas de biotecnología, sino muchas empresas farmacéuticas y agrícolas”, comentó Ramakrishnan. Al respecto, Thambisetty señaló que en el sector industrial ha participado muy activamente en las negociaciones y en las reuniones que se dieron antes de la COP16.
En ese primer grupo también se encuentra la academia, que agrupa a científicos, universidades y centros de investigación. La especialista en Thambisetty explica que dentro de la academia hay también distintas posiciones y están quienes sostienen que no deberían tener que pagar por el uso de DSI, porque no son entidades comerciales.
“Si bien no son entidades comerciales, son una parte importante de la cadena de valor y de cómo se utiliza DSI. Yo prestaría mucha atención. Yo pertenezco a la academia, pero estaría atenta a quién habla y a lo que dice, porque suelen ser bastante bien recibidas sus opiniones porque se las considera objetivas. Pero incluso en el mundo académico y de la investigación puede haber voces motivadas que hablen por su propio interés”, advirtió.
Por último, en el segundo grupo están la sociedad civil y, de forma predominante, los pueblos indígenas y comunidades locales. “Los pueblos indígenas tienen una voz muy fuerte dentro del Convenio y que, moral y normativamente, han solicitado una parte considerable de los fondos que se distribuirán a través del mecanismo. Así que se harán oír. No hay que olvidarse de ellos”, subrayó Thambisetty.
Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina y Fes Transformación.
RV: EG
